El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, un documento que define las líneas de actuación para gestionar los recursos hídricos en España desde ahora hasta el año 2027.

Con la aprobación de estos planes culmina un largo proceso para modernizar la planificación hidrológica en España, en el que se han identificado y presentado soluciones frente a los principales problemas en la gestión del agua en nuestro país.

Así, los planes se han elaborado para dar respuesta a los desafíos del cambio climático como los fenómenos extremos, y las sequías e inundaciones. Del mismo modo, están completamente alineados con las políticas europeas como el Pacto Verde, el Plan de “Contaminación Cero” y con la nueva Directiva europea de calidad del agua para consumo humano.

Estas medidas buscan mitigar el riesgo de inundaciones y sequías, contribuir a alcanzar los objetivos ambientales y proteger la biodiversidad al tiempo que se avanza en adaptación ante el cambio climático.

Para ello, se establecen más de 6.500 medidas dotadas con una inversión de 22.844 millones de euros repartidas de la siguiente forma:

• Más de 600 M€, es decir, el 46,7% del total serán financiados por la Administración General del Estado.
• Casi 300 M€ (36,3%) correrán a cargo de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

• Más de 300 M€ (10,2%) serán financiados por la Administración Local.
• El 6,7% restante, más de 500 M€, por otros agentes financiadores.

Entre estas inversiones, destacan algunas como los más de 6.600 M€ destinados a actuaciones de mejora del saneamiento y la depuración; los más de 2.200 M€ para mejora de los abastecimientos; más de 5.000 M€ que se invertirán a infraestructuras de regadío; más de 2.000 M€ para gestión del riesgo de inundación y casi 1.300 M€ para la restauración y conservación del Dominio Público Hidráulico.

DIFERENCIAS CON LA ANTERIOR PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

A diferencia de las planificaciones de primer y segundo ciclo, los nuevos planes definen caudales ecológicos para todas las masas de agua, determinando caudales mínimos y máximos, de forma que se aseguren la protección de las masas de agua, los ecosistemas y el territorio. Del mismo modo, se recogen las medidas necesarias para reducir las presiones ambientales que sufren las masas de agua, actuando sobre las actividades que las generan.

Se estima que los caudales de los ríos españoles se han reducido un 12% desde 1980. Para adaptarse a una realidad en la que el cambio climático reducirá la disponibilidad del agua, el texto plantea un cambio de tendencia en el uso de los recursos.

En concreto se reducen las asignaciones para los distintos usos pasando de los 28.000 hm3/al año que marcaba la anterior planificación a 26.800 hm3/al año, una medida orientada a garantizar el acceso equitativo al agua para todos los ciudadanos.

Al mismo tiempo, para diversificar las fuentes de obtención del recurso se dota de mayor protagonismo a la desalación, de forma que se garantiza el suministro y se equilibran las demandas y los requerimientos medioambientales.

Para fomentar la calidad del agua, se impulsan junto a las administraciones competentes, la mejora del saneamiento y la depuración parar subsanar retrasos acumulados por nuestro país en el cumplimiento de la normativa europea sobre protección de aguas residuales.

En la misma línea, se refuerzan las medidas para luchar contra la contaminación difusa, tal y como marca el Real Decreto de enero de 2022 sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa provocada por los nitratos agrarios. Además, se contemplan medidas para luchar contra los contaminantes emergentes como microplásticos o antibióticos.

La nueva planificación también incide en la recuperación ambiental de los espacios fluviales y en reducir el riesgo de inundación, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, y también en la seguridad hídrica.

GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE LAS AGUAS

Estos planes junto con los de “Gestión del Riesgo de Inundación”, aprobados también por el Consejo de Ministros la semana pasada, y los “Especiales de Sequía”, que se prevén aprobar durante este año, contemplan las principales medidas que permitirán alcanzar el buen estado de nuestras masas de agua y conseguir un alto grado de seguridad hídrica y, en definitiva, respetar el medio ambiente sin comprometer el desarrollo socioeconómico.

La siguiente fase de planificación finalizó en 2021, con la aprobación de los proyectos de planes hidrológicos que hacen frente a esos problemas. Ambas fases contaron con una amplia consulta y participación pública: nueve meses en el caso de los esquemas de temas importantes –en vez de los seis inicialmente previstos que fueron ampliados por causa de la pandemia– y seis meses en el caso de los proyectos de planes hidrológicos.

Los planes han sido informados por los consejos del agua y los comités de autoridades competentes de cada cuenca (entre el 29 de marzo y el 3 de mayo de 2022) y por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (27 de abril de 2022) y cuentan con sendos informes del Consejo Nacional del Agua (29 de noviembre de 2022) y del Consejo de Estado (19 de enero de 2023). En paralelo, los planes hidrológicos han sido sometidos a la preceptiva evaluación ambiental estratégica, aprobada el 10 de noviembre de 2022.

MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL AGUA

Los planes hidrológicos se complementan con otros instrumentos desarrollados por el MITECO como las “Orientaciones estratégicas sobre agua y cambio climático”, el “Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia y Reutilización” (DSEAR), los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) de segundo ciclo, los planes especiales de sequía, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, o el Plan de Acción de Aguas Subterráneas, que modernizan y preparan la gestión del agua frente a desafíos futuros.

Por su parte, el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación de la Economía (PERTE) de Digitalización del ciclo del agua tiene, como principal objetivo, aumentar la eficiencia del uso del agua. Empleará las nuevas tecnologías y el “big data” para conseguir una información precisa y actualizada de los recursos de agua disponibles y las demandas en abastecimientos urbanos y en el regadío, mediante una inversión total de 3.060 M€.

Luz verde a un real decreto para mejorar la calidad del aire y reducir los episodios de alta contaminación

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado un real decreto para impulsar la prevención y control de la calidad del aire.

Un texto legislativo enmarcado en la protección y vigilancia de la calidad del aire que realiza el MITECO y que se complementa con iniciativas lanzadas anteriormente como el Plan de Salud y Medioambiente o el Índice de Calidad del Aire.

Este nuevo acuerdo recoge un nuevo Plan Marco de Acción a corto plazo para episodios de alta contaminación, en el que se establecen nuevos umbrales y establece actuaciones homogéneas para todas las administraciones, en caso de superación de dichos umbrales.

Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mala calidad del aire provoca en aproximadamente 3.000 muertes por partículas PM2.5, 6.000 por NO2 y 1.800 por Ozono (O3). Por ello, el objetivo principal de este real decreto es proteger la salud pública frente a una mala calidad del aire y evitar picos de contaminación. Para ello, establece un marco de actuación común para las diferentes administraciones públicas en caso de episodios de alta contaminación

Lo que se busca es, en definitiva, conseguir un mejor control de la contaminación atmosférica reduciendo la concentración de partículas y dióxido de nitrógeno especialmente en las grandes ciudades, los lugares donde la calidad del aire está particularmente deteriorada.

El fin último es proteger la salud pública frente a una mala calidad del aire y evitar picos de contaminación. evitando que se alcance el umbral de alerta establecido en la legislación y, en consecuencia, reduciendo el número de ocasiones en que se superen los valores límites. Del mismo modo, se proporcionará a los ciudadanos información sobre los niveles de alerta por contaminación y las actuaciones a poner en marcha en cada uno de los escenarios de polución.

EMISIONES INDUSTRIALES

En paralelo, también se modifica el reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación para lograr la adecuada difusión de las resoluciones administrativas de las autorizaciones ambientales integradas, fomentando así el eficaz conocimiento por parte del público

Al mismo tiempo, se modifica el plazo del procedimiento de revisión de las autorizaciones ambientales integradas en coherencia con el plazo de concesión y el plazo del procedimiento simplificado de modificación sustancial establecidos de acuerdo con el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre.

GARANTÍAS FINANCIERAS

El Real Decreto 208/2022 sobre garantías financieras en materia de residuos desarrolló el régimen jurídico a tener en cuenta para aplicar las garantías financieras exigidas por la normativa que regula la gestión de residuos.

Al haber surgido dudas sobre la aplicación concreta de su artículo 3.3, respecto de la determinación de la garantía financiera que corresponde a los gestores de residuos, en el ámbito de la responsabilidad ambiental, se ha procedido a su clarificación.

Adicionalmente se han revisado los criterios para para determinar el importe de la fianza para ciertas instalaciones de tratamiento y almacenamiento de residuos, y para los gestores de residuos de construcción y demolición y de escorias siderúrgicas.

Aprueba el sistema de Certificados de Ahorro Energético 

El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto que regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), una nueva herramienta para alcanzar los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la UE de un modo flexible y más eficaz.

Creará un nuevo mercado que facilitará a las comercializadoras de energía el cumplimiento de sus obligaciones de ahorro, beneficiará a los consumidores e impulsará el empleo, la productividad y la competitividad empresarial. También se cumple con ello otra de las medidas previstas en el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE).

La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, insta a los Estados Miembros a la creación de un mecanismo que permita asignar a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por menor, una cuota anual de ahorro energético en el ámbito nacional, según sus ventas, que en el caso español sólo se ha podido realizar hasta ahora en aportaciones financieras equivalentes al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

Al objeto de reforzar el volumen de ahorros exigidos por la Directiva y las actuaciones de eficiencia energética, el Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto que establece el sistema de CAE, que permitirá a las empresas sujetas a cuota anual de ahorro energético sustituir voluntariamente un porcentaje de sus pagos al FNEE por un ahorro energético certificado, proveniente de las inversiones en eficiencia energética. Los CAE son una fórmula exitosa en otros países, como Francia, que ha conseguido multiplicar su capacidad de ahorro anual.

Las empresas podrán identificar medidas de ahorro según un Catálogo de actuaciones relativas a climatización, mejora de la envolvente, iluminación, movilidad, procesos industriales, etcétera, cuya ejecución permitirá obtener los CAE (un CAE equivale a 1 kWh ahorrado). Una orden ministerial aprobará este Catálogo próximamente.

SISTEMA GESTIONADO POR EL MITECO

Una vez ejecutada la actuación de ahorro, la empresa presentará los resultados ante un verificador independiente, acreditado por ENAC, para que los valide. Después se registrarán en una Plataforma electrónica operada por el MITECO y la Comunidad Autónoma donde se haya actuado expedirá los correspondientes CAE, con efecto en todo el territorio nacional.

Los CAE registrados en la Plataforma electrónica podrán liquidarse, contribuyendo a cumplir las obligaciones de ahorro de las empresas, o podrán comercializarse, permitiendo que otras empresas obligadas los adquieran y procedan a su liquidación para cumplir con sus obligaciones. Los sujetos obligados podrán operar directamente o contratar los servicios de empresas acreditadas, denominadas sujetos delegados. La Plataforma permitirá inventariar a todos estos agentes y trazar las operaciones realizadas con los CAE durante sus tres años de vigencia.

SISTEMA DE CAE

Una orden ministerial en tramitación detalla las figuras del Sujeto Delegado, del Verificador del Ahorro de Energía y del Registro Nacional de CAE, alojado en la Plataforma informática.

REBAJA LA FACTURA DE LOS CONSUMIDORES

El sistema favorece la inversión en tecnologías eficientes, reduce la factura energética de los consumidores y les permite obtener una contraprestación por este ahorro, desde el momento en que las comercializadoras de energía compran dicho ahorro a los propietarios de la instalación, inmueble o proceso en que se ejecuta la actuación que justifica la emisión de CAE. Esto es particularmente relevante en el ámbito industrial.

El sistema también libera de cargas burocráticas a los ciudadanos, desde el momento en que las asumen las empresas especializadas. Igualmente, disminuye el coste de las actuaciones de ahorro para la Administración y propicia que el país alcance los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la UE.

La normativa europea exige obtener un ahorro nacional de energía del 0,8% anual sobre el promedio de ventas de energía final de los años 2016, 2017 y 2018 hasta 2030, de modo que España debe alcanzar un ahorro acumulado de 37.206 ktep al final de la década, en comparación con el objetivo de 15.900 ktep de ahorro acumulado que hubo que alcanzar en el periodo 2014-2020.

Este incremento de la ambición de ahorro energético se traduce en mayores exigencias para los sujetos obligados, que ahora dispondrán de dos mecanismos para cumplir su obligación de ahorro: por una parte sus aportaciones económicas al FNEE, que en 2023 serán 235 millones de euros como mínimo –un 15% más que en 2022–, y por otra los CAE.

CUMPLIR EL PLAN +SE

La aprobación del sistema de CAE es una de las medidas previstas en el Plan +SE, al igual que otra disposición incluida en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, relacionada con la aceleración en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: tal y como se informó a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial de Energía, se incrementa hasta el 5% el presupuesto que las Administraciones regionales pueden destinar a la gestión de los programas de fomento del autoconsumo y la movilidad eléctrica (MOVES III).