Este martes 12 de marzo, un gran número de agentes de la Guardia Civil se presentó en el edificio Chasna en Costa del Silencio. El objetivo era garantizar la seguridad tras una orden de desalojo que afecta a aproximadamente 90 familias, en total unas 210 personas.

El despliegue de unas 12 patrullas por parte de los guardias civiles se vio acompañado por otras de la Policía Local de Arona junto a ambulancias del servicio de urgencias canario con sus respectivos médicos y el colegio de psicólogos.

La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado número 3 de Arona, basándose en un informe de Urbanismo de 2021. Según este informe, la infraestructura del edificio Chasna, situado en la calle del mismo nombre, está debilitada y corre el riesgo de derrumbarse. Algo que fue notificado “hace menos de un mes” a los habitantes del lugar con “un papel sin sello ni garantía alguna de que fuera un documento oficial”.

Los desalojados, entrevistados por El DIGITAL SUR, indicaron que han podido empadronarse en el SAC sin problemas durante estos años, incluso en las últimas semanas. Por lo que, no se explica cómo fueron empadronados en todo este tiempo existiendo dicho informe.

El edificio Chasna en Costa del Silencio ha sido motivo de debates más de una vez y durante años. Las personas afectadas a día de hoy son de diversas procedencias y nacionalidades. Entre ellas se encuentran mujeres adultas y mayores, embarazadas, al menos una quincena de menores, incluyendo un bebé de 40 días de nacido, jóvenes asalariados, personas mayores y discapacitados. Que, según explican, debido a la difícil situación de la vivienda en la isla de Tenerife, se vieron obligados a ocupar este edificio de 53 años de antigüedad a medio construir.

Algunos de los ocupantes llevan entre 6 y 8 años residiendo en el edificio. Han limpiado el lugar, recuperado espacios, creado jardines ecológicos y han instalado paneles solares y tanques de agua independientes para hacer el edificio lo más acogedor y habitable posible.

Entre los ocupantes más recientes, algunos solo llevan meses o incluso semanas, otros están en situación irregular. También hay una familia de refugiados ucranianos empadronados en el lugar debido a la guerra en su país, a quien entrevistamos el día de ayer previo al desalojo.

Cada una de las 90 familias tiene su propia historia de por qué llegaron a vivir en este edificio. La mayoría de ellas llegaron a este lugar en Costa del Silencio debido a la falta de viviendas disponibles en la isla, donde gran parte de los inmuebles se utilizan para alquileres vacacionales.

Estas personas explican que “quieren trabajar y con ganas de salir adelante”, pero se enfrentan a altos alquileres, requisitos de nóminas, depósitos y ciertas condiciones, como no tener mascotas o niños pequeños, que les dificultan encontrar vivienda. Han explicado que se baraja la posibilidad de ayuda de recursos económicos por parte de los servicios sociales de hasta 3.000 euros, pero, debido a sus condiciones particulares, se preguntan “¿Cómo cumplirían con los requisitos mínimos de entrada?”, sin pasar por alto la escasa disponibilidad de viviendas en la isla.

La concejala de Servicios Sociales del ayuntamiento de Arona, Ruth Guacimara Martín, aseguró a este periódico que “ningún niño dormirá en la calle ni será separado de sus madres”. Sin embargo, los padres critican esta afirmación, ya que consideran que de esta manera “están separando a las familias”. La concejala explicó que ha intentado buscar soluciones durante el último mes para “tratar de que el juzgado paralizara la intervención”, promoviendo informes de vulnerabilidad, pero esto no ha tenido éxito debido a que la orden se basa en un informe de urbanismo de 2021 en el que se establece riesgoso para las personas la habitabilidad del edificio debido a la debilidad estructural. Por lo tanto, “el juzgado ha priorizado la seguridad” sobre las necesidades de estas personas.

Los afectados por el desalojo criticaron el gran despliegue de seguridad que se realizó para la intervención. Argumentan que los recursos utilizados para movilizar a las fuerzas de seguridad podrían haberse empleado en buscar soluciones a su situación. Además no pasaron por alto la ausencia de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, a quien a su criterio han responsabilizado de la situación puesto que “no dio la cara sino hasta ayer cuando ya no se podía hacer nada”. “Y hoy ni siquiera estuvo presente”.

Ante la incertidumbre de lo que ocurrirá la noche de este martes, algunos han considerado establecerse temporalmente frente al edificio, mientras que otros han pensado en acudir a alguna playa del sur de Tenerife que ofrezca servicios básicos como baños y agua.

La concejala de Servicios Sociales del ayuntamiento de Arona afirmó que “muchas de estas personas tenían alternativas habitacionales y han sido acogidas por familiares y amigos, mientras que otras, lamentablemente, dormirán en la calle esta noche”. Aseguró que “el ayuntamiento de Arona no puede buscar una alternativa habitacional para todos” y que, por lo tanto, priorizarán a los menores y a las personas dependientes.

La concejala también aseguró que se han buscado plazas en albergues, asociaciones, hoteles y apartahoteles, pero que “al estar en plena temporada turística, no hay disponibilidad ya que prácticamente todos están al 100% de ocupación”.

Por otro lado, los socialistas en el Cabildo de Tenerife se han pronunciado hoy proponiendo al grupo de gobierno insular que utilicen sus recursos para ayudar en este caso al ayuntamiento de Arona. Consideran que “tienen que actuar para evitar un drama humanitario como el que enfrentan unas familias que, incluso, pueden verse abocadas a la declaración de riesgo de los menores, debido a que sus familias no tienen recursos económicos”.

Es relevante destacar que, en materia de vivienda, no hubo avances en el último pleno de febrero en el municipio de Arona. Sin embargo, los socialistas se pronunciaron nuevamente ayer para proponer que el municipio se declare una “zona tensionada”, algo que el gobierno local ha rechazado, argumentando que “no tienen competencia” ya que esta corresponde al gobierno de Canarias y no al consistorio.