El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz cerró el ejercicio económico de 2025 sin deuda financiera a largo plazo, con un superávit presupuestario de 6,55 millones de euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 45,57 millones. Así lo acredita la auditoría de gestión aprobada por el Gobierno de Canarias, cuyo informe ratifica una evolución favorable de las cuentas locales y el cumplimiento íntegro de los parámetros de salud y saneamiento económico-financiero exigidos por la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Como consecuencia directa de esta resolución autonómica, la administración local recibirá el libramiento de 3,71 millones de euros correspondientes a la asignación del citado fondo para 2026 y a la liquidación pendiente del ejercicio 2024.

El balance contable auditado por el Ejecutivo regional refleja que el superávit por operaciones corrientes alcanzó los 7,78 millones de euros, lo que representa un repunte del 31,4 % en comparación con el registro de 2024. Esta mayor capacidad de ahorro y autofinanciación municipal responde a una evolución asimétrica entre ingresos y desembolsos: mientras los ingresos corrientes crecieron un 6,6 % hasta rebasar la barrera de los 50 millones de euros, el aumento de los gastos corrientes se contuvo en un 3,1 %. De forma paralela, el indicador de ahorro neto del consistorio escaló del 8 % al 11 % y la eficacia en la gestión recaudatoria se situó en el 92 %.

A la par que los indicadores macroeconómicos, la actividad administrativa interna experimentó un cambio de ritmo en las áreas de contratación y abono de facturas. A lo largo de 2025, el consistorio tramitó 121 expedientes de contratación pública frente a los 50 formalizados en 2024, lo que supone un incremento del 142 % apoyado en el refuerzo de los equipos técnicos municipales. Asimismo, el periodo medio de pago a proveedores se ha sostenido por debajo del límite legal de 30 días durante todo el transcurso de 2026, recuperando unos niveles de cumplimiento que la corporación no registraba de manera continuada desde principios de 2018.

Desde el grupo de gobierno local vinculan estos registros contables con la capacidad operativa del municipio y con las recientes modificaciones de las ordenanzas fiscales. El alcalde de la ciudad, Leopoldo Afonso, valoró tras conocerse el dictamen autonómico que “estos resultados confirman la mejora de la situación económica del Ayuntamiento y el trabajo que estamos desarrollando para consolidar unas cuentas públicas solventes, capaces de garantizar los servicios municipales y afrontar nuevas inversiones para Puerto de la Cruz”.

En la misma línea, el concejal de Hacienda, Pedro Antonio Campos, defendió que “la auditoría acredita una mejora objetiva de nuestra salud financiera. Hemos incrementado el ahorro, mejorado el resultado presupuestario y mantenido el endeudamiento financiero a largo plazo en cero euros, compatibilizando estos avances con una política de reducción de la presión fiscal”. El edil del área económica recordó que este balance se ha alcanzado en paralelo a medidas destinadas a aliviar la carga de familias, autónomos y empresas, entre las que figuran la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 0,52 %, la bonificación del 95 % en la plusvalía municipal para las herencias de vivienda habitual que cumplan los requisitos estipulados y la ampliación del plazo voluntario para abonar los tributos locales.

Respecto a la agilización de los expedientes de gasto e inversión, el titular de Hacienda puntualizó que “no basta con disponer de recursos económicos; también debemos tener capacidad administrativa para transformarlos en servicios, inversiones y proyectos. Por eso estamos reforzando la contratación pública y modernizando los procedimientos municipales”.

Con los datos del cierre de 2025 ya fiscalizados por el Ejecutivo autonómico, el consistorio centra ahora su calendario económico en la redacción de las cuentas del próximo ejercicio. La previsión del ejecutivo municipal es aprobar el nuevo documento antes de que concluya el año actual para garantizar su entrada en vigor el próximo 1 de enero, lo que supondría cumplir este hito por tercer ejercicio consecutivo. Sobre esta planificación, Campos concluyó que “estos resultados nos permiten afrontar la elaboración del Presupuesto de 2027 desde una posición financiera favorable, con el objetivo de seguir mejorando los servicios públicos, impulsando inversiones y reduciendo las cargas fiscales, manteniendo una gestión económica responsable”.