Hoy, el Parlamento de Canarias ha ratificado un decreto ley de medidas urgentes en el ámbito de la vivienda. Este decreto tiene como objetivo acelerar los procedimientos y responder de manera extraordinaria a la alta demanda de propiedades en las islas.
Pablo Rodríguez, Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, ha destacado el amplio apoyo obtenido en la Cámara para esta ley. Según él, esta normativa “permitirá dar respuesta a la emergencia habitacional sin precedentes que vive Canarias, así como a los más de 25.000 demandantes de vivienda registrados que precisan de soluciones inmediatas y efectivas por parte de las administraciones”.
Rodríguez también ha recordado que este decreto complementa el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, el Plan Estatal y el Plan de Choque, este último aprobado por su departamento en octubre de 2023.
“Somos conscientes de la necesidad de impulsar la disponibilidad de inmuebles. Por eso, estamos trabajando en la implementación de otras medidas, como un nuevo programa de vivienda vacía que fomente que los propietarios las incorporen a la bolsa pública; el impulso a la hipoteca joven, que permitirá que accedan a sus primeras viviendas en condiciones más favorables que las que ofrece el mercado actualmente; la adquisición de edificios inacabados para su entrega; el primer paquete de derecho de superficie, a través de un concurso público a celebrar próximamente, o, incluso, un nuevo paquete de medidas fiscales para incentivar la puesta en alquiler de las viviendas vacías, desarrollado junto a la Consejería de Hacienda”, ha explicado.
Rodríguez ha anunciado que su Consejería lanzará el Observatorio de la Vivienda en Canarias. Este organismo no solo evaluará las medidas implementadas, sino que también recopilará datos objetivos sobre la situación de la vivienda en Canarias, ya que actualmente no se dispone de estadísticas oficiales.
Acercar el decreto ley a instituciones y organismos
En su turno, Pablo Rodríguez indicó que la iniciativa incluye una serie de medidas administrativas que priorizarán el uso eficiente de los recursos sin consumir más terreno. Para lograr este objetivo y garantizar su correcta implementación, el consejero ha mantenido una serie de reuniones en las últimas semanas, que se extenderán durante los próximos meses, para aclarar dudas y presentar la norma a las administraciones y a los actores del sector.
“Esta iniciativa busca impulsar nuevas medidas que mejoren la realidad de la vivienda en las islas sin infringir la autonomía local, como ya ha confirmado el informe jurídico emitido por la propia Federación Canaria de Municipios, que destaca la plena legalidad de la medida, así como el informe del Consejo Consultivo, que no encuentra ningún indicio de inconstitucionalidad”, enfatizó.
En este sentido, el consejero señaló que “se contempla la posibilidad de que los ayuntamientos destinen suelo dotacional público para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública. Sin embargo, el Ejecutivo no construirá sobre parques o canchas deportivas, sino sobre aquella parcela dotacional que lleve años sin uso y sobre la que el ayuntamiento no prevé ejecutar ninguna obra de interés público”, detalló.
Además, el decreto ley incluye medidas para incentivar la rehabilitación de urbanizaciones y edificaciones no terminadas, así como la división de viviendas existentes para generar más espacio habitable o la posibilidad de recalificar locales y edificios de oficinas para su uso como viviendas.
“Hemos decidido impulsar iniciativas concretas y valientes ante la necesidad de aumentar la disponibilidad de viviendas. En esta línea, la recalificación y transformación de los locales y las oficinas solo se podrán llevar a cabo si cumplen con los requisitos señalados en el artículo 17 del decreto ley y las condiciones de habitabilidad”, aclaró Rodríguez.
Ante la demanda de promover el desarrollo de viviendas públicas y privadas en el mercado, se ha declarado la urgencia de los procedimientos para así reducir los plazos para el cumplimiento de los trámites, así como el carácter de silencio administrativo favorable en determinados casos, con el fin de “garantizar una respuesta rápida y efectiva” por parte de las autoridades competentes.
El impulso a la colaboración público-privada “ofrece la oportunidad de abordar el gran desafío que supone la vivienda”. La actualización del Módulo Básico Canario facilita la actualización y adecuación de los precios, fomentando que los constructores asuman el riesgo de construir viviendas protegidas de manera rentable y se reduzca el número de licitaciones desiertas.
“Es importante señalar que este decreto ley ha sido recibido con aceptación y apoyo por parte de numerosos alcaldes y alcaldesas de nuestros municipios, quienes reconocen la importancia de estas medidas para abordar la crisis habitacional en Canarias”, concluyó.
Socialistas tachan de “chapuza” el Decreto de Vivienda
Patricia Hernández, portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, ha expresado su desacuerdo con la ratificación del Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias. La diputada calificó el Decreto como una “chapuza” que solo atiende “a los intereses de los de siempre y no a los de la ciudadanía” del Archipiélago.
Durante el debate para la ratificación o derogación del Decreto de Vivienda tramitado por el Gobierno canario, Hernández sostuvo que el Decreto “no va a solucionar” el problema de la vivienda en las islas y que no garantiza la viabilidad de las medidas que incluye. “Ustedes mismos han afirmado que el éxito del Decreto no se medirá por las viviendas que se construyan, porque ustedes lo que han hecho es un decreto para construir sin control ni planeamiento. Se les ve el plumero y dejan claro que están por encima de la Ley del Suelo, del impacto medioambiental y del planeamiento”.
Hernández también argumentó que el Decreto no resolverá la emergencia habitacional, ya que no se incluyen soluciones para las familias “como las que duermen al raso en Arona”, ni se aborda la presión del precio del alquiler en las rentas de las familias. “No va a poner una vivienda vacía en el mercado del alquiler y no va a cambiar ninguna vivienda de turística a residencial”.
Según Hernández, el Decreto no regula los precios del alquiler, no se ocupa de las 211.000 viviendas vacías que existen en Canarias, ni limita el alquiler de las 52.000 viviendas vacacionales en las islas. “No hablan de la realidad del problema de la vivienda en Canarias, porque ni se conoce el número de viviendas necesarias para dar solución a la emergencia habitacional”.
La diputada socialista sostuvo que el Decreto se enfoca exclusivamente en atender las demandas “de los que quieren hacer negocio y de lo que les conviene a ustedes, no a la ciudadanía de Canarias”. “No contextualizan la situación, no saben cuántas familias necesitan una vivienda y qué tipo de vivienda o con qué tipo de renta tienen”.
Hernández criticó al presidente de Canarias por ratificar un Decreto que permite eliminar todo el suelo dedicado a centros de salud, colegios, canchas deportivas y parques para construir vivienda, de las cuales solo algunas serán públicas y no todas tendrán renta limitada. “Si ayer afirmaba que no podemos prestar servicios a todos los que llegan, nos preguntamos cómo hoy aprueban este Decreto”.
En particular, criticó que con este Decreto se incremente el precio de la vivienda protegida y se sitúe por encima de los precios en el mercado libre. Puso como ejemplo que, en municipios como Vallehermoso, en La Gomera, el precio de la vivienda protegida por 100 metros cuadrados superará los 200.000 euros. “En Gran Canaria y Tenerife, el precio del metro cuadrado pasará de 1.081 euros a 1.905 euros, y en islas como La Gomera, de 1.081 a 2.133 euros”.
“Con esta chapuza de Decreto Ley, renuncian a una Canarias sostenible, resiliente y agradable para vivir, y demuestran que ustedes practican una política liberal y salvaje frente a los que creemos en las políticas sociales, en la sostenibilidad y en las políticas que resuelven los problemas de la ciudadanía”, concluyó Hernández.
