Por Ricardo González-Roca Fonteneau (*) | A la luz de la realidad social, económica y territorial que vivimos, en Canarias, resulta cada dia más evidente que necesitamos desarrollar nuevos marcos jurídicos con el Estado español y con la Unión Europea.
Actualmente en Canarias necesitamos disponer de mayor capacidad para decidir con responsabilidad sobre nuestra vivienda, nuestro territorio, nuestra economía, nuestra fiscalidad, nuestro empleo, nuestra población, y nuestro futuro.
La capacidad de decisión implica contar con competencias reales para legislar aquí, planificar desde aquí y proteger todo aquello que afecta directamente a la vida cotidiana de la población canaria.
El Estatuto de Autonomía reconoce singularidades, no se ha desarrollado debidamente, y sigue siendo un marco limitado para los desafíos actuales del Archipiélago en pleno siglo XXI.
Gestionamos competencias transferidas dentro de un marco que no atiende suficientemente a nuestra realidad social, económica, jurídica y política. Pero gobernar significa tomar decisiones disponiendo de las herramientas necesarias para ello. Lo contrario es gestionar buenamente lo que se tiene sin más pretensión. Esa no es la solución que necesitamos.
Hoy, carecemos de herramientas jurídicas suficientes para gestionar y legislar en áreas estratégicas necesarias como la regulación de la residencia, control del crecimiento poblacional, extranjería, política migratoria, protección del mercado laboral canario, gestión de puertos y aeropuertos, fiscalidad plena con capacidad normativa, recaudatoria y de gestión, comercio exterior, vivienda frente a la presión especulativa, ordenación económica y gestión efectiva del mar canario.
El reconocimiento de un nuevo marco jurídico Canarias-Estado debe recoger una reivindicación central que es superar la subordinación jurídica actual, incluir un encaje propio, con reconocimiento de país dentro de un Estado español plurinacional, que otorgue mayor capacidad normativa, económica, fiscal, territorial y política para actuar sobre las causas de nuestros problemas.
Somos un país archipielágico, sí, territorialmente limitado en extensión, situado en una posición estratégica y con alto potencial para generar soberanía económica y territorial en beneficio de la sociedad canaria.
Esta realidad nuestra exige que dispongamos de normas adaptadas a nuestro territorio, a nuestra capacidad de carga y a nuestras necesidades, y no leyes pensadas para espacios continentales, extensos y conectados por tierra.
El nuevo marco jurídico canario debe avanzar hacia el reconocimiento de una Plena Autonomía Interna como herramienta de reconocimiento político y jurídico cuya finalidad ,entre otras, debe ser el reconocimiento internacional del mar canario y nuestro derecho a gestionar sus recursos marinos en favor de la sociedad canaria.
El mar canario debe ocupar un lugar central en nuestro futuro. Es un ámbito económico, ambiental, científico, energético, pesquero, logístico y estratégico que no podemos obviar.
El mar puede ser muestra cárcel o nuestro mejor aliado y gestionarlo significa decidir sobre sus usos, sus recursos, su conservación, la investigación marina, la biotecnología, la pesca, la economía azul, la seguridad, el transporte y el retorno social de la riqueza que pueda generar.
Es el momento de hablar con seriedad y revisar nuestra relación actual de Plena Integración con la Unión Europea.
El marco RUP mantiene a Canarias dentro de las reglas del TFUE, del mercado único, de la política aduanera común y de libertades comunitarias que limitan nuestra capacidad para regular residencia, proteger vivienda, priorizar empleo canario, recuperar puertos francos, ampliar libertades comerciales y mayor autonomía estratégica.
Un acuerdo de asociación especial como País y Territorio de Ultramar, PTU/OCT, nos daría mayor margen para proteger nuestra casa y relacionarnos con el mundo desde una posición propia.
Muchas personas sostienen que debemos seguir tutelados, que el centro de decisión debe continuar fuera y que avanzar hacia mayores cotas de capacidad política, jurídica y económica supone un peligro por una supuesta incapacidad para gobernarnos.
Otras intentan relacionar de forma maliciosa e intencionada cualquier avance de autogobierno con la independencia para provocar rechazo social y cerrar el debate antes de que empiece.
Vender miedo en Canarias ha funcionado durante demasiado tiempo como mecanismo para someter a la sociedad a relatos que apenas se cuestionan. Esa estrategia busca mantenernos en la dependencia perpetua, la renuncia y la aceptación de los límites impuestos.
Avanzar en capacidad de decisión significa asumir responsabilidad democrática sobre nuestros recursos, nuestras normas y nuestras prioridades. Necesitamos más herramientas jurídicas para proteger nuestro territorio, gestionar nuestro mar, generar riqueza aquí y hacer posible una vida digna para nuestra gente.
Quienes colaboran en sostener la dependencia extrema de Canarias defienden un modelo que no cumple las funciones necesarias para garantizar bienestar, progreso y equilibrio. Mantienen cuotas de poder local, ejercen una tutela local interesada y hablan en nombre de Canarias mientras aceptan que las decisiones esenciales sigan lejos de nuestra sociedad.
Canarias necesita decidir más, decidir mejor y decidir con responsabilidad. Esa es la base de cualquier proyecto serio de futuro.
(*) Ricardo González-Roca Fonteneau, secretario general nacional de Liberación Canaria.
