Una operación conjunta coordinada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria, la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y la Oficina Móvil de Europol ha desmantelado una compleja organización criminal dedicada al lavado de dinero procedente de fraudes informáticos. El entramado, que inyectaba los fondos ilícitos en la compra de vino español y maquinaria industrial, ha caído con la detención de sus nueve cabecillas y miembros clave, dejando un rastro de registros y arrestos que alcanza de lleno al sur de la isla de Tenerife.
Ramificación en Adeje y despliegue policial
La culminación de este operativo se desarrolló durante los días 20 y 21 de octubre de este año 2026, jornadas en las que se efectuaron siete de las nueve detenciones en las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Alicante. En el caso de nuestra Isla, los agentes intervinieron en el municipio de Adeje, donde se practicó uno de los cinco registros simultáneos dirigidos a domicilios particulares y a una sede social.
El resto de las inspecciones de esta fase se ejecutaron en la capital de España y en las localidades madrileñas de Fuenlabrada, Las Rozas y Majadahonda. Durante estas intervenciones, coordinadas por Vigilancia Aduanera de Cantabria, se incautó dinero en efectivo, joyas de alto valor, terminales móviles, equipos informáticos y abundante documentación mercantil, incluyendo facturas y registros contables.
Previamente, ante el riesgo inminente de destrucción de pruebas, las autoridades habían activado una primera fase operativa el pasado 11 de agosto en Torrelavega (Cantabria). Allí se practicaron tres entradas y registros, incautando material informático, efectivo y documentación, y se detuvo a dos personas. Uno de estos primeros arrestados es señalado por los investigadores como el responsable directo de la captación de las denominadas “mulas financieras”.
Ciberestafas a escala mundial
El volumen total de fondos ilícitos gestionados y blanqueados procedentes del extranjero supera los tres millones de euros, a lo que se suman numerosas tentativas de fraude que fueron detectadas y abortadas por los investigadores. La organización operaba a través de dos actividades delictivas interconectadas: la ciberestafa y el blanqueo.
En su primera fase, el capital se obtenía mediante fraudes informáticos a escala europea, sudamericana y asiática. Los delincuentes empleaban tácticas como el método “Business Email Compromise” (BEC) o “Man in the Middle” (intercepción de correos corporativos para redirigir pagos), estafas de suplantación comercial y los conocidos fraudes románticos o “estafas del amor”. Entre las víctimas figuran empresas y particulares radicados en países como Alemania, Finlandia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Taiwán y Perú.
Ruta del dinero: mulas, fraccionamiento y exportación hacia África
Una vez obtenido el botín, la red procedía a su estratificación bancaria. Los fondos se ingresaban en cuentas de sociedades pantalla, empresas instrumentales y personas físicas (mulas financieras) afincadas principalmente en Madrid y Cantabria. Inmediatamente, este dinero era diversificado y fraccionado utilizando envíos de divisas al exterior, transferencias circulares y la técnica del “smurfing”, consistente en retiradas masivas de efectivo en cajeros automáticos.
El último eslabón para reintegrar el dinero al circuito legal se apoyaba en el sistema “Trade-Based Money Laundering” (blanqueo basado en el comercio internacional). La red utilizaba sociedades exportadoras para comprar mercancías completamente legales, enfocándose en la adquisición de vehículos, maquinaria industrial y grandes partidas de vino español a bodegas nacionales, que luego eran exportadas a países africanos. Para evadir la trazabilidad del dinero ilícito, la organización obligaba a las propias bodegas proveedoras a figurar como las exportadoras formales en las aduanas, desvinculando de este modo a la entidad receptora de los fondos de la salida física de la mercancía.
Dos años de investigación y cooperación transnacional
El origen de las pesquisas, lideradas por la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera en Cantabria (ARVA Cantabria) bajo la supervisión del Juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Santander, se remonta a 2025. El rastreo aduanero, tributario y bancario arrancó tras el análisis de un informe de inteligencia del Sepblac que alertaba de operativas financieras sospechosas mediante cuentas “puente” vinculadas a empresas de un investigado residente en territorio cántabro.
Ante la magnitud internacional del entramado, se formalizó un equipo conjunto de investigación que activó los canales de Europol, permitiendo colaborar activamente con autoridades judiciales y policiales de Alemania, Portugal, Reino Unido, Países Bajos, República Checa, Italia, Chipre y Macedonia. Toda la operación ha contado con el respaldo de las Áreas Operativas de Canarias, Madrid y Valencia, además del Área Tecnológica, el GRII y la Brigada Móvil Central por parte de Vigilancia Aduanera.
