La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha desvelado que la inmensa mayoría de las viviendas de uso turístico que operan en el municipio lo hacen de forma irregular a nivel local. Tras analizar el listado oficial remitido por la Consejería autonómica competente, la administración lagunera ha constatado que, de las 1.179 viviendas vacacionales registradas en la localidad, un 92,7% carecen de la preceptiva comunicación previa municipal en materia de actividades clasificadas, un requisito indispensable para poder ejercer dicha actividad económica. Ante este escenario, el consistorio ha aprobado el Plan Municipal de Comprobación y Control, un instrumento técnico con una vigencia máxima de cuatro años destinado a verificar la situación real del sector, depurar el registro y hacer cumplir la normativa.

Los datos concretos reflejan la magnitud del desajuste administrativo. Del total del parque inscrito en el Registro General Turístico de Canarias correspondiente a La Laguna, únicamente 86 viviendas han tramitado el procedimiento requerido ante el Ayuntamiento. De esta minoría legal, 41 inmuebles han sido comprobados de manera favorable, 14 cuentan con la instalación cerrada a la espera de la visita de inicio y otros 31 se encuentran actualmente en trámite de subsanación. El resto, un total de 1.093 viviendas turísticas, no poseen título municipal alguno.

Este abismo entre las declaraciones responsables presentadas por los propietarios y la realidad urbanística municipal tiene su origen, según fuentes locales, en una histórica falta de coordinación entre las distintas administraciones. Hasta la reciente aprobación de la Ley 6/2025, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas en Canarias, los consistorios no disponían de acceso directo al registro autonómico ni a las declaraciones tramitadas ante los cabildos. Además, la actividad carecía de una calificación normativa uniforme. La nueva legislación corrige ahora este vacío legal, definiendo el uso vacacional como actividad clasificada y obligando a los ayuntamientos a aprobar planes de control antes del próximo 13 de agosto, plazo que La Laguna ha logrado cumplir, posicionándose como una de las primeras localidades del Archipiélago en culminar el proceso.

Para abordar la situación de los 1.093 alojamientos irregulares, el Plan municipal articula un sistema de trabajo estructurado en fases concurrentes. La medida más inmediata, definida como Fase 0, consiste en remitir el listado de estas viviendas sin título al Cabildo Insular de Tenerife. El objetivo es que la corporación insular instruya el decaimiento de las declaraciones responsables turísticas por omisión esencial. Esto implicará la pérdida automática del número de registro y, en consecuencia, la prohibición legal de comercializar estos alojamientos en plataformas digitales.

De manera paralela, la administración local ejecutará las Fases 1 y 2, centradas exclusivamente en cerrar los expedientes municipales que ya se encuentran abiertos, procediendo a las visitas de comprobación de inicio y a la emisión de los requerimientos de subsanación necesarios. Posteriormente, la Fase 3, que requerirá colaboración directa con el Cabildo, se enfocará en la inspección individualizada de aquellas viviendas que sigan operando turísticamente sin registro vigente ni título local. En esta etapa se dará prioridad a los casos que acumulen denuncias vecinales, a los grandes tenedores o explotadores, y a los inmuebles que presenten indicios de riesgo. Todo el operativo se complementa con una fase transversal diseñada para actuar de urgencia ante cualquier vivienda que genere conflictos reiterados de convivencia o suponga un peligro para la seguridad.

El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, ha defendido la puesta en marcha de este documento regulador afirmando que “este Plan nos permite cumplir con rigor la Ley 6/2025 y ordenar un ámbito que ha generado preocupación social y falta de claridad administrativa durante años. La Laguna ha actuado siempre con responsabilidad, comprobando todas las comunicaciones previas presentadas desde 2019 y atendiendo las denuncias y actas policiales relativas a viviendas sin título. Ahora, contamos con un marco legal claro y con un instrumento técnico que, creemos, permitirá reforzar la coordinación entre administraciones y garantizar que la actividad turística se desarrolle con seguridad, transparencia y respeto al uso residencial”. Asimismo, el regidor advirtió sobre la complejidad del escenario, subrayando que “la implantación de la ley debe hacerse con planificación, criterios claros y seguridad jurídica, y confiamos en que el Gobierno de Canarias acompañe a los municipios en este proceso, que es complejo y de gran impacto social”.

En la misma línea se pronunció el concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, quien indicó que “La Laguna comparte plenamente el objetivo de ordenar el uso turístico de la vivienda y de garantizar un equilibrio entre actividad económica, convivencia vecinal y acceso a la vivienda. Este Plan es un paso necesario para depurar el Registro Turístico, cerrar expedientes pendientes y actuar con contundencia frente a situaciones clandestinas”.

El edil también lanzó una advertencia sobre el peso burocrático de la nueva normativa, añadiendo que “es importante valorar que la aplicación de la Ley va a requerir claridad competencial, criterios orientadores y recursos suficientes, porque los municipios van a tener muy complicado asumir, en solitario, la carga técnica y jurídica que esta supone. La Laguna está dispuesta a colaborar lealmente, pero necesitamos, de forma continuada, seguridad jurídica, datos fiables y apoyo institucional para garantizar que la implantación de la norma sea viable”.

La ejecución de este plan de inspección es solo el primer paso de un proceso más amplio que culminará con la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), cuya adjudicación se ha realizado recientemente. La Ley 6/2025 convierte la compatibilidad urbanística en el eje central de la regulación, por lo que el nuevo PGO deberá definir, mediante participación ciudadana, las zonas habilitadas, los límites cuantitativos y los criterios específicos para esta actividad.

Actualmente, las 1.179 viviendas inscritas representan aproximadamente un 1,57% de los 75.000 inmuebles que conforman el parque residencial del municipio. Dado que el marco autonómico permite destinar a uso vacacional hasta un 10% del total de viviendas, el futuro ordenamiento local tendrá la tarea de establecer un porcentaje que se ajuste a la realidad lagunera, buscando un equilibrio entre la conservación del patrimonio, la actividad económica, la cohesión social y la protección del derecho a la vivienda.