El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tumbado la sentencia que había dado la razón al Cabildo de Tenerife en el litigio sobre el proyecto modificado del acceso norte al Circuito del Motor. El alto tribunal canario entiende que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto incurrió en causa de caducidad. El Cabildo recibió la resolución el pasado martes, 13 de octubre, y ese mismo día informó de su respuesta.
La institución insular ha decidido no presentar nuevos recursos de casación y desistir de los que ya hubiera interpuesto en relación con este procedimiento. Al mismo tiempo, ha pedido a sus Servicios Jurídicos que analicen el alcance de la sentencia, en particular si implica la suspensión del contrato de las obras, “así como cualquier aspecto que sea de interés”. Pese al revés judicial, el Gobierno insular anuncia que promoverá una nueva Declaración de Impacto Ambiental “dentro del marco permitido por el Programa de Actuación Territorial” que contempla la construcción del Circuito del Motor y que, según subraya, “mantiene su vigencia con carácter indefinido”.
Más de dos décadas de tramitación
El Cabildo recuerda que el proyecto acumula una historia de más de veinte años. El Circuito del Motor quedó amparado por el Proyecto de Actuación Territorial aprobado en 2005. En 2011, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental, que fijaba su caducidad si las obras no comenzaban en los cinco años siguientes a la notificación del acuerdo al órgano promotor.
Los trabajos arrancaron en agosto de 2016, pero su ejecución avanzó de forma limitada y el contrato inicial tuvo que ser resuelto por los problemas registrados durante su desarrollo. Durante el mandato anterior, presidido por Pedro Martín (PSOE) y con Ciudadanos en el gobierno insular, se retomó el proyecto con la aprobación del expediente y el inicio de la licitación. Después, el actual gobierno insular adjudicó las obras de la primera fase a la UTE Sacyr-Bahillo, lo que permitió reanudar los trabajos.
En ese contexto, los distintos proyectos fueron objeto de recursos, igual que la aprobación definitiva del proyecto modificado del acceso norte. En diciembre de 2024, el juzgado desestimó la demanda al considerar que las obras habían comenzado dentro del plazo establecido y que la DIA mantenía su vigencia, criterio que ahora ha revocado el TSJC.
Lo que anula y lo que no anula el fallo
Según la lectura que hace el Cabildo, la sentencia del TSJC anula el acto administrativo recurrido, pero “no declara caducado el Proyecto de Actuación Territorial”, cuya vigencia indefinida se mantiene. Esto es así “sin perjuicio de las exigencias ambientales y jurídicas que deban cumplirse para continuar con la tramitación del proyecto”.
Una instalación reclamada por el motor tinerfeño
La Corporación insular recuerda también el origen y la finalidad de la infraestructura. Uno de los objetivos del Circuito del Motor es ofrecer a pilotos y aficionados “un espacio específico donde realizar entrenamientos y pruebas de vehículos en condiciones de seguridad”. Una instalación diseñada para el automovilismo y el motociclismo permite practicar estas actividades en un recinto controlado, con medidas de protección adaptadas a la competición, en lugar de recurrir a las carreteras abiertas al tráfico.
El Cabildo sostiene que el proyecto responde a una demanda histórica del colectivo del motor de Tenerife, que reclama instalaciones permanentes para entrenar y preparar sus vehículos. A su juicio, disponer de este espacio “puede contribuir a promover una práctica más segura del deporte y a reforzar la convivencia entre la afición al motor y el resto de usuarios de las vías públicas”.
