La Asociación Nuestro Patrimonio lamenta que para algunos cargos públicos proponer ampliar el patrimonio histórico de Santa Cruz sea una ofensa a la ciudad y reclama sustituir el enfrentamiento institucional y político por soluciones que impidan la destrucción de inmuebles con valores históricos y artísticos.
Ante la escalada de acusaciones entre cargos públicos del Cabildo y el Ayuntamiento a cuenta de una causa tan noble como es querer proteger mejor el patrimonio histórico de Santa Cruz de Tenerife, la Asociación Nuestro Patrimonio hace un llamamiento a que no continúe el enfrentamiento entre administraciones públicas y políticos sobre la necesidad de ampliar el catálogo de edificaciones con un grado de protección como patrimonio histórico en la capital tinerfeña.
Los responsables públicos están obligados por la Ley de Patrimonio Histórico, a “coordinar sus actuaciones, colaborando para el mejor desarrollo y ejecución de sus respectivas funciones”. Para ello, debieran centrar sus energías en promover vías de cooperación, de asesoramiento mutuo y de búsqueda de soluciones legales, no solo catalogaciones sino otras de carácter urbanístico o económico, que faciliten la preservación y rehabilitación de inmuebles con valores históricos y artísticos sin protección legal a día de hoy.
La asociación considera que proponer de forma argumentada ampliar el patrimonio histórico, ya sea por iniciativa de servicios públicos competentes en la materia (como el de Patrimonio Histórico del Cabildo) o por asociaciones ciudadanas, no debería ser tratado por parte de instituciones o cargos públicos como una ofensa para una ciudad sino como una causa de interés general y motivo de orgullo colectivo, pues rehabilitar el patrimonio histórico constituye además un factor de creación de empleo y de riqueza en todo el mundo y no un obstáculo para el desarrollo económico.
Desde hace más de un año, esta asociación ha venido recordando que durante la tramitación de la anterior revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife, el servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife emitió varios informes, uno en 2006 y otro en 2010 que propuso la catalogación de más de 500 inmuebles hoy desprotegidos, advirtiendo dichos funcionarios insulares de un “riesgo de merma considerable del patrimonio histórico municipal y una posible pérdida para la Isla y para el Archipiélago”.
Los redactores del PGO incluyeron esas más de 500 edificaciones en un nuevo tomo del PGO como “susceptibles de futura catalogación” en previsión de una nueva revisión del Catálogo Municipal, la cual nunca se ha llevado a cabo, y reconocieron que, entre tanto, las administraciones competentes podían aplicar el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico que permite la suspensión cautelar de demoliciones.
Antes de la aprobación definitiva del PGO, la Cotmac indicó que tal categoría jurídica (“susceptible de catalogar”) no existe, y el procedimiento correcto es catalogarlos o no. La solución adoptada por el Ayuntamiento fue eliminar ese tomo del Plan General, sin que a día de la fecha se haya hecho la prevista revisión del catálogo que descartara o confirmara tales valores patrimoniales.
Conviene puntualizar que la paralización cautelar de obras de demolición de inmuebles, estén o no declarados legalmente como patrimonio histórico, es una facultad reconocida a los cabildos en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias en su artículo 48, y solo puede durar un mes, plazo en el cual el Ayuntamiento puede dejar sin efecto la medida y permitir reanudar las obras, acreditando que el edificio no tiene valores que proteger.
En junio de 2017, esta asociación, a través de su portavoz, intervino en el pleno del Ayuntamiento, en defensa de una moción, finalmente aprobada por unanimidad, en la que la Corporación asumía que debe revisarse el Catálogo de Protección teniendo en cuenta los informes del Cabildo que proponen catalogar más de 500 inmuebles, entre ellos varios en el barrio de Miraflores, de los que tres acaban de demolerse.
En dicho acuerdo plenario, aún no cumplido por el gobierno municipal, se insta a que se pronuncie sobre estos 500 inmuebles el futuro Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, a cuyo reglamento hemos presentado alegaciones planteando una composición alternativa a la prevista, para garantizar mejor la independencia, pluralidad, competencia y representatividad de este órgano en su función asesora del Ayuntamiento, y que en él haya representantes de asociaciones ciudadanas dedicadas a la defensa y divulgación del patrimonio cultural santacrucero.
