El coste de la vida ha subido el 1,6 % y el ejecutivo sólo admite un aumento del 0,25 %, lo que en la práctica constituye un fuerte recorte al poder adquisitivo.
Recuerdan que los principales ayuntamientos tinerfeños, todos los cabildos insulares, excepto el de gran canaria, e incluso el Parlamento de Canarias apoyaron en su día esta reivindicación.
La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias se manifestó ante la Cámara autonómica, donde fue entregado un documento con las reivindicaciones consensuadas en el marco de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Unas doscientas personas, pensionistas en su mayoría, se concentraron ayer ante el Parlamento de Canarias. A ellas se unieron numerosos transeúntes que circulaban por la calle Teobaldo Power y vías adyacentes. La concentración, convocada por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, estuvo encuadrada en la jornada de protesta organizada simultáneamente ante los parlamentos de varias comunidades autónomas del Estado, entre ellas, además de Canarias, Madrid, Asturias, Baleares, Cataluña, Murcia y Valencia, con el objetivo de protestar ante los poderes públicos por el notable deterioro en las condiciones de vida de los actuales y futuros pensionistas, debido a las sucesivas reformas llevadas a cabo por los últimos gobiernos del PSOE y los actuales del PP.
En el transcurso del acto, que empezó a las 11 horas y se extendió hasta pasadas las 12:30, se puso de manifiesto el rechazo de las organizaciones de pensionistas a la decisión del Gobierno de aplicar sólo el 0’25 % de revalorización de las pensiones en 2017, cuando el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha sido el pasado año del 1,6 %, con La pérdida de ingresos que supone para unas pensiones ya de por sí raquíticas (más del 50 % no llegan a los 700 euros y las no contributivas no superan los 400).
Las organizaciones de pensionistas exigen el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, lo que equivale a su revalorización automática de acuerdo con el IPC. Esta petición fue apoyada en su día por numerosos ayuntamientos tinerfeños, por todos los cabildos de Canarias, excepto el de Gran Canaria en aquéllos momentos gobernado por el PP e incluso por el propio Parlamento de Canarias, que, a instancias de la Plataforma (hoy Asociación) por la Defensa de la Pensiones Públicas, aprobó una proposición no de ley en ese sentido.
Así mismo, los y las pensionistas rechazan los copagos por los medicamentos y otros servicios imprescindibles que merman sus escasos recursos y los de los familiares que dependen de ellos.
Otra de las prioridades de los pensionistas es que se recupere la financiación perdida de la Ley de Dependencia de Canarias, pues insisten en que no es admisible en una sociedad desarrollada que el 30 % de las personas con derecho reconocido a una remuneración permanezcan meses y años en lista de espera y, en muchos casos, fallezcan sin haberla recibido.
Denuncian también el monopolio de las empresas de electricidad y gas, que especulan con recursos básicos para la calidad de vida y, en algunos casos incluso, la supervivencia de muchas personas condenadas a vivir en la pobreza energética.
Por último, la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas entregó a la Mesa del Parlamento un documento consensuado a nivel estatal, donde se recogen éstas y otras muchas reivindicaciones, entre ellas el freno a los desahucios de familias sin recursos y la desaparición de la brecha de género en las pensiones, pues considera inadmisible que las pensiones de las mujeres sean, como promedio, inferiores en 400 € a las de los hombres.
