Estarán en vigor a partir de este verano y hasta que culmine la tramitación parlamentaria del Decreto regulador.
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, publicará una serie de recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos costeros de las islas para la toma de medidas mínimas de seguridad y protección que han de cumplir las playas y zonas de baño de la Comunidad Autónoma.
Dichas recomendaciones permanecerán en vigor hasta la culminación de la tramitación parlamentaria del Decreto regulador, cuyo borrador ya ha estado en exposición pública, anunció hoy en el Parlamento de Canarias Nieves Lady Barreto.
La consejera explicó que esta medida, que se llevará a cabo en las próximas semanas de cara a la temporada estival, es fruto del trabajo realizado conjuntamente con la Federación Canaria de Municipios (FECAM).
De manera complementaria, se activará a través del CECOES 1-1-2 la campaña Riesgo 0, una iniciativa integral de formación e información con recomendaciones para la seguridad en playas dirigida a los ciudadanos y visitantes en general.
Hay que recordar que es la Administración del Estado la que ostenta las facultades necesarias para la elaboración y aprobación de normas sobre seguridad humana en los lugares de baño en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y que en su artículo 115.d establece que es competencia municipal mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por el Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
“Aun así”, añadió Nieves Lady Barreto, “el Gobierno de Canarias, en ejercicio de sus competencias en materia de protección civil, trabaja en la aprobación de un decreto que fortalezca las medidas de seguridad en las playas y lugares de baño con el que establecerá un sistema integral de protección para prevenir y minimizar los riesgos de accidentes de esta naturaleza”.
Según expuso la consejera, una iniciativa de estas características requiere un estudio previo que permita determinar el coste económico que supondría su implantación en los ayuntamientos costeros de Canarias.
Dicho estudio, que realizará la empresa pública Gesplan, catalogará las playas en función de su habilitación como playas de uso prohibido, playas peligrosas y playas libres, determinando el grado de protección para cada una de ellas y los recursos humanos y medios materiales que correspondería tener a cada ayuntamiento en cada una de las playas afectadas, en función de su grado de protección.
Contendrá, asimismo, una memoria económico financiera detallada “que permita garantizar que esta normativa no va a generar consecuencias negativas en las arcas municipales ni afectar a los límites presupuestarios y la suficiencia económica de los ayuntamientos” explicó la consejera, recordando que el Gobierno de Canarias ha asumido el compromiso de apoyar económicamente a los municipios en este proceso.
