Los servicios públicos de salud constituyen un instrumento de solidaridad y redistribución social mediante la atención integral a la salud. En los últimos años los gobiernos han recortado el gasto público, abaratado el despido y precarizado las condiciones laborales, utilizando como pretexto la crisis financiera generada por los modelos económicos conservadoras y neoliberales. Las consecuencias: aumento de los niveles de pobreza, de las desigualdades sociales y empeoramiento de la salud de las poblaciones.
En el Estado español, la aprobación del R.D. 16/2012 por el gobierno provocó una reforma que ha supuesto el cambio de aseguramiento, con la exclusión de grupos de población, la fragmentación de la cartera de servicios y la introducción de copagos, que están afectando a la población más desfavorecida, crónicos y pensionistas. Se han perdido la universalidad, la accesibilidad y la equidad, principios básicos del sistema sanitario público.
Esta situación se verá agravada en un futuro próximo, no solo por la insistencia en las mismas recetas que se han aplicado y se siguen aplicando, sino además por tratados internacionales como el recién aprobado CETA que si no luchamos y conseguimos revocarlo, repercutirá negativamente al disminuir los controles sobre la seguridad alimentaria y protección ambiental, dejando sin freno el crecimiento de la industria de los medicamentos y provocando la privatización irreversible de los servicios sanitarios con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
En cuanto a Canarias, sus gobiernos aplicando las mismas políticas neoliberales y conservadoras caracterizadas por los recortes presupuestarios en el Servicio Canario de Salud que sufre deficiencias históricas en infraestructuras y personal por unas transferencias muy deficientes, además de una penosa gestión, así como una politización clientelar de la sanidad, que han llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales, el cierre de camas, la paralización de nuevas obras, el incremento de las listas de espera, el colapso de las urgencias, la reducción muy acentuada del presupuesto de Atención Primaria, el deterioro de nuestros hospitales públicos, que se encuentran a la cola de los del Estado Español, el abandono de las políticas preventivas y de salud pública, con el consiguiente incremento del gasto en farmacia y tecnología sanitaria, la insatisfacción de los usuarios, etc.
Al mismo tiempo, el gasto en conciertos sanitarios con la sanidad lucrativa privada no se ha reducido (Canarias es la tercera comunidad del Estado que le dedica mayor parte del presupuesto público) y el gasto de los hogares ha crecido para paliar las deficiencias del sistema público. Esta política de desmantelamiento de los servicios públicos y de privatizaciones de la provisión de servicios mediante conciertos y externalizaciones está repercutiendo en la salud de la ciudadanía canaria ya seriamente afectada al sufrir niveles de paro y de pobreza escandalosos y con unos salarios y pensiones por debajo de la media del Estado español.
En definitiva, la política de reformas y recortes están beneficiando a las aseguradoras y entidades privadas y a la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, y perjudicando gravemente a las personas con menos recursos, desempleados, pensionistas y enfermos crónicos y al personal de los servicios sanitarios, que está alcanzando niveles de precariedad y de desgaste por estrés, con repercusión en los ciudadanos, hasta límites inaceptables.
Hasta la fecha el rechazo político, social e institucional a estas políticas, aunque se ha producido, no ha tenido la fuerza que la situación requiere. Esta situación demanda una respuesta unitaria de la ciudadanía, no solo con la movilización de las personas a título individual, sino con la participación de colectivos sociales, profesionales, asociaciones de enfermos y de familiares, organizaciones sindicales e instituciones. En pocas palabras, ante un deterioro nunca visto en la salud de la población canaria se requiere una respuesta contundente para que de forma urgente se aborden las siguientes medidas que
Proponemos:
1) Garantizar un Sistema Canario de Salud público, universal, equitativo, gratuito, de calidad, con una financiación adecuada y finalista, y con gestión, provisión y producción públicas.
2) Derogación del RD 16/2012 y de todas las leyes y normas que facilitan la privatización de la sanidad, particularmente de la Ley 15/97.
3) Rechazo a los copagos.
4) Revisión inmediata, bajo control público, de los conciertos con el sector privado y reducción paulatina del dinero dedicado a los mismos en beneficio del sistema público.
5) Plan urgente de infraestructuras. Construcción y dotación inmediata de los Hospitales Comarcales. Mejora y dotación de los hospitales públicos y centros de salud, con especial énfasis en los servicios de urgencias hospitalarios, comarcales y normales de urgencias.
6) Recuperación de los puestos de trabajo perdidos y asegurar la suficiencia de profesionales, con una política de recursos humanos incentivadora y aplicación de las incompatibilidades. Acabar con las guardias de 24 horas y con la precariedad laboral. Atender las reivindicaciones del personal no sanitario.
7) Profesionalización de la gestión sanitaria desvinculándola de la asignación politizada.
8) Planes estratégicos prioritarios para listas de espera, urgencias, salud mental, drogodependencias, rehabilitación y dependencia.
9) Dar protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria, con los recursos adecuados, para reorientar el sistema, actualmente centrado en la enfermedad y su mediatización mercantilista Coordinación entre la Atención Primaria, Especializada y Sociosanitaria.
10)Dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios, con los servicios sociales y con los dispositivos asistenciales municipales, para garantizar la continuidad de cuidados de pacientes crónicos, dependientes. y personas con diversidad funcional.
11) Desarrollar el modelo futuro de atención a pacientes crónicos favoreciendo su atención en domicilio. Potenciar también la atención domiciliaria para niños y niñas con cáncer así como en determinadas urgencias médicas y psiquiátricas.
12) Desarrollar, en todos los niveles, instrumentos efectivos de participación social y profesional.
13) Garantizar la transparencia del sistema sanitario público y la confidencialidad de la información en salud de la ciudadanía, que debe estar depositada en bases de datos públicas, excluyendo el acceso, gestión o cesión a entidades privadas.
14) Canarias necesita una Ley de Salud y Sanidad Públicas, que sustituya a la obsoleta Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, y un Plan de Salud que se centre en evaluar las desigualdades de salud y el impacto de todas las políticas en la salud. Un Plan de Salud con suficiente financiación, que sea además un instrumento de participación de los profesionales y ciudadanía en la planificación y gestión.
Estas reivindicaciones están recogidas en una ILP, que lleva 3 legislaturas en nuestro Parlamento, y que está avalada por la firma de 25000 personas de Canarias.
Evidentemente la voluntad política ha sido nula hasta ahora, por eso es absolutamente necesario que la ciudadanía canaria en general se movilice, salga al paso de la situación organizándose y manifestando de modo inequívoco su firme voluntad de no permitir más dilaciones en la aplicación de las soluciones apuntadas para que de una vez por todas se cambie el actual modelo en favor de una promoción de la salud y una atención a la enfermedad acordes con las auténticas necesidades de nuestra población.
