La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha vuelto a denunciar este miércoles [14] en el Pleno de la Cámara regional el Proyecto de Ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, impulsado por el Gobierno canario, al que calificó como “la Ley Clavijo”, una norma diseñada para “reforzar el control político” del Ejecutivo autonómico sobre la Radiotelevisión Canaria (RTVC).
Fierro lamentó durante el debate del Proyecto de Ley que sea “el primer día” en el que el Gobierno explique al Parlamento de Canarias sus intenciones con una ley “clave para la democracia canaria” y lo haga, además, “desde la imposición, la urgencia y la ausencia total de consenso”.
A su juicio, el Ejecutivo autonómico ha renunciado deliberadamente al diálogo parlamentario en un asunto nuclear, ignorando a los grupos y, en especial, “al partido que representa al mayor número de ciudadanos y ciudadanas de Canarias”.
Fierro contrapuso esta forma de actuar al discurso habitual del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien acusó de practicar un “trilerismo político”: “Nos llama para hacer frentes contra Madrid, pero cuando se trata de lo nuestro, de Canarias, ni nos llama ni le importa”.
En este sentido, denunció que el denominado “modo Clavijo” busca silenciar a la oposición y debilitar los controles parlamentarios, especialmente en lo que afecta a la radiotelevisión pública.
La presidenta del Grupo Socialista advirtió que “la prisa” del Gobierno con esta ley tiene un objetivo claro que es el control de la RTVC, y recordó que el primer decreto de urgente necesidad de la legislatura ya estuvo dirigido a controlar el ente público y a restar competencias al Parlamento, una línea que —dijo— ahora se consolida con esta norma. “Usted elige al director general y ahora le da plenos poderes para hacer y deshacer, para nombrar directivos y gastar sin control. Barra libre”, denunció.
También destacó uno de los aspectos que, en su opinión, es uno de los más polémicos del proyecto: la capacidad del director general para adjudicar contratos de hasta 1,5 millones de euros sin fiscalización parlamentaria. “A cierre de noviembre de 2025, solo uno de 251 contratos superaba esa cifra. Esto significa que el todopoderoso mando designado por el presidente podrá contratar sin control alguno. Esa es la Ley Clavijo”, afirmó.
Asimismo, recordó que el actual Gobierno ha llevado a la RTVC “a la mayor crisis interna que se recuerda”, con dimisiones en áreas clave como informativos y producción, y con la introducción de la figura de un “comisario político” encargado de supervisar todos los contenidos informativos.
Fierro defendió la labor de los trabajadores y trabajadoras del ente, y afirmó que “son el único patrimonio real de la RTVC”, al mismo tiempo que denunció que los nombramientos del Ejecutivo han generado “un sistema de presión interna insoportable”.
La diputada socialista desmontó el argumento de la supuesta inoperatividad de la ley vigente, cuestionando medidas como la supresión de los consejos de informativos, la reducción de mayorías parlamentarias para determinados nombramientos, la vinculación de los mandatos a la legislatura o la eliminación de informes preceptivos del Parlamento y del Consejo Consultivo de Canarias.
Fierro subrayó que el propio Consejo Consultivo ha advertido de la posible inconstitucionalidad de varios artículos del proyecto y de la “injerencia política” del Ejecutivo en el ente público.
En esta línea, citó expresamente los reparos a la dependencia de los órganos de dirección respecto a mayorías coyunturales y a la posibilidad de que una consejería designe al sustituto del director general, vulnerando —según el órgano consultivo— el principio de independencia funcional y el Artículo 20.3 de la Constitución.
Barra libre en la contratación
“Bajo el pretexto del bloqueo, proponen menos control parlamentario, más poder del Gobierno, ausencia de participación de los trabajadores y barra libre en la contratación”, criticó.
Frente a ello, anunció que el Grupo Socialista, pese a la tramitación urgente impuesta, intentará introducir límites claros a los poderes del director general, reforzar la participación de los profesionales, blindar los servicios informativos y adaptar la ley al reglamento europeo de libertad de medios.
Fierro concluyó reafirmando la vocación de diálogo del Grupo Socialista, pero advirtiendo de que “ni las formas ni el fondo” de esta ley son aceptables. “Las ansias de control del Gobierno ponen en riesgo un sistema público esencial y vertebrador como la RTVC. Este no es el modelo de una radiotelevisión pública de todos y para todos”, sentenció.
