El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 4 de mayo, el nuevo decreto que regula la implantación de titulaciones universitarias oficiales en el archipiélago. Esta normativa, impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación dirigida por Migdalia Machín, sustituye al anterior Decreto 168/2008 con el objetivo principal de actualizar el marco autonómico para ajustarlo a la legislación estatal vigente, clarificando y agilizando los procedimientos de creación, modificación y extinción de estudios superiores para reforzar la calidad del sistema universitario.

Simplificación de trámites y nueva evaluación

El texto introduce modificaciones sustanciales orientadas a reducir los tiempos de tramitación y a eliminar pasos burocráticos innecesarios. A partir de la entrada en vigor de la norma, se simplifica el procedimiento que evalúa la necesidad y viabilidad de las nuevas titulaciones y se establecen plazos más definidos para las resoluciones.

La principal reorganización del proceso de implantación dicta que este se realizará una vez que el plan de estudios haya sido verificado por el Consejo de Universidades, requiriendo de forma previa un informe de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). Esta medida busca evitar duplicidades y permitir una mejor planificación a las instituciones académicas. Al respecto de este cambio, la consejera ha señalado que “ordenar cómo se implantan las titulaciones es también ordenar el futuro de Canarias, porque estamos hablando de qué oportunidades generamos y de cómo conectamos la formación académica con la realidad de nuestras islas”.

Sostenibilidad y protección del estudiante

La nueva norma también incorpora medidas de control para garantizar la sostenibilidad de las titulaciones en el tiempo. El decreto establece que, si se detectan determinadas circunstancias tras la puesta en marcha de un grado, las universidades estarán obligadas a analizar su evolución y a plantear actuaciones concretas para asegurar su continuidad.

Asimismo, se refuerza el seguimiento de las enseñanzas universitarias, poniendo especial énfasis en aquellos centros que actualmente no disponen de acreditación institucional. El propósito de esta medida es asegurar el cumplimiento de los compromisos académicos adquiridos y proteger los intereses formativos de los estudiantes matriculados. Sobre esta modernización del sistema, Migdalia Machín ha subrayado que “esta actualización permite a las universidades anticipar el desarrollo de nuevos títulos y responder con mayor agilidad a las demandas de la sociedad, reforzando la conexión entre la formación académica y la realidad de Canarias”.

Internacionalización e inserción laboral

En el ejercicio de su autonomía, las universidades canarias deberán impulsar actuaciones de internacionalización adaptadas a la naturaleza y objetivos de cada titulación, abarcando tanto su dimensión profesional como investigadora. Estas acciones se enmarcarán en estrategias lingüísticas propias destinadas a mejorar la competencia comunicativa del estudiantado en segundas lenguas. El decreto contempla expresamente la posibilidad de impartir asignaturas, itinerarios o módulos completos en otros idiomas, así como promover programas de movilidad y dobles titulaciones internacionales. La norma incluye una garantía explícita de que estas medidas lingüísticas y de internacionalización no supondrán un coste económico ni una carga adicional para los alumnos.

Paralelamente, el marco regulador exige mejorar la conexión de las carreras con el entorno profesional mediante la incorporación de formación orientada a la inserción laboral. Dependiendo de la naturaleza de los estudios, esto podrá materializarse a través de prácticas académicas externas.

Una norma nacida de la demanda universitaria

El texto aprobado responde a una demanda expresa de las propias universidades canarias, las cuales han participado de forma activa en su elaboración aportando propuestas para configurar un marco legal más ágil y útil. “Con este decreto damos estabilidad al sistema universitario y mejoramos su capacidad para anticiparse, ordenar su oferta y adaptarse a lo que Canarias necesita”, concluyó la consejera de Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación.