El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo institucional mediante el cual la Administración General del Estado financiará, por la vía de la compensación, una serie de medidas complementarias que el Ejecutivo autonómico podrá activar de forma específica dentro de su ámbito competencial. El objetivo principal de este pacto es mitigar los efectos socioeconómicos derivados de la guerra en Oriente Medio, atendiendo a la necesidad de intervenir de manera directa sobre figuras impositivas que son de aplicación exclusiva en el archipiélago.

El compromiso se formalizó durante una reunión celebrada en la sede de la Presidencia de Canarias, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, en la que participaron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Durante el encuentro, Ángel Víctor Torres destacó que desde el Gobierno de España se ha trabajado intensamente durante las últimas semanas para dar una respuesta “con sensibilidad a la ciudadanía ante los efectos de una guerra ilegal y unilateral y con sensibilidad hacia los territorios y en el caso de Canarias, a su singularidad por la gestión de impuestos propios”. Por su parte, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, subrayó que “esta medida podrá minimizar el impacto de la guerra sobre los precios y los bolsillos de las familias canarias”.

Gracias a este respaldo financiero del Estado central, el Gobierno de las islas estará en disposición de aplicar una reducción del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en gasolinas, gasóleos y biocarburantes, pasando del gravamen del 1% actual al 0%. Asimismo, se autoriza la bajada del IGIC aplicado al gas natural desde el 3% al 0%. De manera adicional, la administración canaria podrá bonificar hasta el 99,9% del impuesto sobre derivados del petróleo, un tributo que representa el equivalente autonómico al Impuesto sobre Hidrocarburos a nivel nacional, entre otras iniciativas contempladas en el acuerdo.

La evaluación económica de este pacto establece que el coste total de las medidas de aquí al 30 de junio de 2026, cantidad que será compensada íntegramente por el Gobierno de España, asciende a más de 15 millones de euros. Además, el acuerdo incluye una cláusula de garantía mediante la cual, en el supuesto de que el Gobierno de España decidiera prorrogar el Real Decreto-ley vigente o aprobase cualquier otra normativa similar, estos mecanismos adicionales de compensación se mantendrían vigentes en Canarias. En términos anuales, la valoración económica de estas medidas superaría los 60 millones de euros.

Este nuevo consenso para compensar financieramente las acciones tributarias complementarias en el archipiélago se suma a la batería de medidas recogidas en el Real Decreto-ley 7/2026, normativo que fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 20 de marzo, y que tiene repercusión directa en las islas. En un contexto internacional definido por el encarecimiento generalizado de la energía y los combustibles, la norma estatal establece un enfoque prioritario en la conectividad, la protección energética y el apoyo a los sectores productivos.

En materia de transportes, el citado Real Decreto-ley incorpora un sistema de ayudas dirigido específicamente al transporte marítimo regular, tanto de pasajeros como de mercancías, que opera en las distintas rutas y conexiones interinsulares. En este mismo ámbito, se contemplan ayudas concretas de 0,20 euros por litro destinadas a compensar el incremento del coste del combustible en sectores económicos considerados especialmente sensibles en los territorios insulares, como es el caso de la actividad agrícola.

La legislación estatal también incluye disposiciones de carácter fiscal y social orientadas a beneficiar a la ciudadanía del archipiélago. Entre ellas destaca la reducción temporal de los impuestos energéticos y la ampliación de los descuentos aplicables al bono social eléctrico, los cuales quedan fijados en un 42,5% para los consumidores vulnerables y alcanzan el 57,5% para los consumidores vulnerables severos. Como complemento a estas rebajas, se refuerza el escudo social manteniendo la garantía de suministro y estableciendo la prohibición de efectuar cortes de energía hasta finales del año 2026.

En lo relativo a la estructura de los costes de producción eléctrica, el plan aprobado por el Gobierno de España consolida el mecanismo diseñado para garantizar que los consumidores canarios no deban asumir los sobrecostes derivados de su situación de lejanía. Estos gastos de generación continuarán financiándose de manera parcial a través de los Presupuestos Generales del Estado y mediante los fondos del conjunto del sistema eléctrico nacional. Para afianzar este modelo, se ha procedido a la actualización de la tasa de retribución correspondiente a la generación eléctrica para el periodo regulatorio comprendido entre los años 2026 y 2031, una medida que busca asegurar la plena estabilidad del suministro e impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético en las islas.

Finalmente, el texto normativo introduce la obligatoriedad de llevar a cabo evaluaciones periódicas de los costes de generación y de las condiciones de suministro en la totalidad de los territorios no peninsulares. En paralelo, el plan estatal promueve de forma activa el desarrollo de las energías renovables, la instalación de sistemas de autoconsumo y la creación de comunidades energéticas, sectores estratégicos en los que el archipiélago canario dispone de un enorme potencial debido a sus excepcionales condiciones naturales.