El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna ha decidido iniciar el procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica para una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO).
La reforma busca regular la instalación de suministros de productos petrolíferos en zonas residenciales, actualizar el marco urbanístico vigente y reforzar la seguridad y protección de los vecinos. Además, adaptará el planeamiento municipal a la normativa estatal y autonómica más reciente sobre hidrocarburos, libre competencia y transición energética.
La iniciativa, impulsada por el Servicio de Planeamiento y Planificación del organismo autónomo, incluye un borrador del plan y un Documento Ambiental Estratégico, diseñados para garantizar la compatibilidad de la futura regulación con la salud pública, la calidad ambiental y la convivencia urbana.
Con el acuerdo, firmado este martes, la documentación se elevará al órgano ambiental insular, dando inicio formal a la tramitación de esta normativa local.
El concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, valoró que esta iniciativa “responde a una demanda social clara y a la necesidad de contar con un marco normativo actualizado, seguro y coherente, que permita ordenar adecuadamente la implantación de estaciones de servicio en entornos residenciales”.
El edil explicó que “el objetivo es garantizar que cualquier instalación de este tipo se desarrolle con las máximas garantías para la ciudadanía, evitando situaciones de proximidad inadecuada y reforzando la protección frente a ruidos, emisiones y riesgos asociados”.
Asimismo, Cordobés subrayó que la modificación del PGO “no pretende impedir la actividad económica, sino asegurar que se desarrolle en condiciones compatibles con la vida cotidiana de los barrios, con criterios de sostenibilidad y con plena seguridad jurídica para todas las partes”.
Objetivos principales
La modificación del PGO persigue, en primer lugar, objetivos jurídicos orientados a actualizar la normativa municipal para alinearla con la legislación vigente y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Con ello se busca evitar contradicciones con normas como la Ley 11/2013 o la Ley 6/2022 de Cambio Climático de Canarias, reforzando la seguridad jurídica al mismo tiempo, tanto para la ciudadanía como para los operadores económicos que desarrollan su actividad en el municipio.
En segundo lugar, incorpora objetivos urbanísticos destinados a corregir incoherencias detectadas en el planeamiento actual. Entre ellos, destaca la eliminación de requisitos que han generado conflictos en la práctica, como la obligación de adosar estaciones de servicio a manzanas cerradas, sustituyéndolos por criterios más claros, coherentes y aplicables para ordenar adecuadamente este tipo de instalaciones en áreas residenciales.
Por último, la modificación plantea objetivos ambientales y sociales que buscan proteger la salud pública, reducir molestias y garantizar que la implantación de estaciones de servicio sea plenamente compatible con la vida en los barrios. Además, promueve la movilidad sostenible y la descarbonización, facilitando la transición hacia modelos energéticos más limpios y acordes con las políticas actuales de mitigación del cambio climático.
Procedimiento y plazos
Con el acuerdo adoptado, la Gerencia remite al órgano ambiental del Cabildo de Tenerife toda la documentación necesaria para que emita el Informe Ambiental Estratégico, tal como exige la normativa. Una vez recibido dicho informe, la modificación del PGO continuará su tramitación con los sucesivos plazos de información pública, consultas institucionales, la elaboración del informe técnico y jurídico final, así como su aprobación definitiva por el Pleno municipal.
“La Laguna avanza hacia un modelo urbano más seguro, más claro en su regulación y más alineado con los retos ambientales actuales. Esta modificación del PGO es un paso importante para garantizar la convivencia entre actividades económicas y la calidad de vida de nuestros barrios”, añadió Adolfo Cordobés.
