El Ayuntamiento de Arona, ante los acontecimientos que se han desarrollado a raíz del desalojo realizado el pasado martes 12 de marzo, por orden judicial, estima oportuno aclarar los siguientes puntos:
1.- El desalojo se produjo por ejecución de una sentencia en la que se dio cuenta al Ayuntamiento de la toma de posesión inmueble y del deterioro de la estructura del mismo, desconociendo el número total de las personas que lo habitan e informando que podría ser elevado. La situación de deterioro del inmueble hacía temer por la vida de las personas que se encontraban en su interior con lo que el desalojo se consideraba una medida necesaria y urgente para proteger el bien superior de la vida de las personas afectadas.
2.- Desde el conocimiento de la orden judicial de desalojo en fecha 6 de febrero, todas las actuaciones han sido coordinadas desde Alcaldía del Ayuntamiento de Arona y el Patronato Municipal de Servicios Sociales del consistorio. A pesar de que el informe del peligro de derrumbe estructural del edificio, realizado por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, tiene fecha de 2021, éste informe nunca fue trasladado a Servicios Sociales por lo que fue imposible hacer un trabajo previo con los afectados hasta la comunicación realizada desde la sede judicial el 6 de febrero.
3.- Desde que se tuvo conocimiento de esta situación, el trabajo del Ayuntamiento de Arona ha estado centrado en la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Para ello, el personal de Servicios Sociales ha realizado funciones de detección y valoración de las necesidades de los afectados, el diagnóstico, la planificación, la intervención, el tratamiento, el seguimiento y la evaluación de la atención.
4.- El 16 de febrero de 2024, la concejala del Área de Servicios Sociales procedió a reunirse con una representación de los afectados en dependencias municipales trasladándoles la entidad de la situación comunicada por el por el Juzgado. Es de destacar que, en ese mismo día, en reuniones con la UMAC de Cáritas, se trató de tener información sobre las posibles personas vulnerables que pudieran vivir en el inmueble. Una vez comunicado por oficio desde el juzgado el informe en el que se constata el deterioro de estructura, el Ayuntamiento dejó de empadronar a personas en el inmueble toda vez que la causa que propicia el desalojo, la seguridad de las personas, así lo requiere. De la misma forma, el Ayuntamiento facilita, como lo ha hecho en otras ocasiones similares, la posibilidad de empadronamiento en las dependencias de Servicios Sociales a las personas afectadas.
5.- El municipio de Arona se encuentra en estos momentos en temporada alta turística con lo que la oferta alojativa es prácticamente nula. Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Arona puso en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno de España, Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Vivienda, y Cabildo Insular de Tenerife, a través de las Áreas de Menores y Área de Dependencia del IASS, la urgencia del desalojo derivado de la orden judicial, pidiendo que se buscaran alternativas habitacionales para las personas en situación o riesgo de exclusión social, con el fin de planificar alternativas habitacionales urgentes. Se contactó, también, con la patronal Ashotel y con diferentes centros alojativos del municipio.
6.- El trabajo que se ha realizado y se realiza desde Servicios Sociales es la valoración e intervención de manera individualizada con cada unidad familiar, ya que se trata de casuísticas muy diversas. Por tanto, se trata de dar la respuesta adecuada a cada uno de los perfiles que se valoran y, si procede, tramitar las ayudas de emergencia social a aquellas personas susceptibles de ser perceptores de éstas, es decir, que reúnan los requisitos recogidos en la Bases Reguladoras de las Ayudas de Emergencia Social del Patronato de Servicios Sociales.
7.- Con anterioridad a la toma de posesión de dicho inmueble, se presentó desde el PMSS, por registro a la Dirección General del Menor y las Familias del Gobierno de Canarias, así como a la Fiscalía de Menores, escritos en los que se daba cuenta de la situación.
8.- El equipo técnico de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona, durante la toma de posesión del inmueble, y primando en todo momento, el interés superior de los menores, nuevamente se aseguró de que ningún niño se encontrase en situación de calle. Para ello se constataron, mediante entrevista con las familias con menores, en la misma zona en la que se estaba llevando a cabo el desalojo, que contaban con una alternativa habitacional. En los casos en que no la hubiera, el área de Servicios Sociales se encargó de realizar las gestiones oportunas para paliar la situación. Se verificó que todos los menores tenían un recurso alojativo, y no se abandonó el lugar del desalojo hasta que se tuvo la certeza de que todos los menores tenían donde alojarse. Dentro de las acciones llevadas a cabo por este Ayuntamiento, nos aseguramos de que ningún niño se quedara en la calle, y por tanto, en el caso de que algún menor hubiese pernoctado en la zona, una vez llevado a cabo el desalojo, fue una decisión de su familia.
9.- El Ayuntamiento de Arona y el Patronato Municipal de Servicios Sociales ha trabajado, trabaja y trabajará para dar respuesta a las personas en situación o riesgo de exclusión social del municipio. Todos somos conscientes de las situaciones de dificultad que viven muchas personas en nuestro municipio y en nuestra isla. Hablamos de situaciones muy complicadas. Y muchos de estos casos se han producido precisamente en este desalojo. Por un lado, personas en situación de vulnerabilidad social, y por otro, otras que, sin ser vulnerables, no pueden acceder a una vivienda por el elevado coste de la misma y la escasa oferta de alquiler residencial.
10.- El Ayuntamiento que presido, a través de este Comunicado, quiere dar respuesta a las legítimas inquietudes y preguntas que se realiza la ciudadanía y los medios de comunicación, preocupados como nosotros por la situación de las personas desalojadas. Al mismo tiempo, queremos aclarar las informaciones, algunas confusas, que han circulado desde el pasado martes, así como los datos inciertos que se han comunicado a través de diversas vías. Recordamos que, al amparo de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, no es posible facilitar información sobre las personas afectadas o las circunstancias de éstas, estando sujetos al deber de confidencialidad.
Agradecemos a todos los que han colaborado en el trabajo de este consistorio que siempre ha tenido y tiene como objetivo el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos y seguiremos esa labor con nuestro compromiso de servicio público.
Muchas gracias.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes.
