El Partido Popular de La Laguna critica que el Ayuntamiento haya renunciado a defender en los tribunales el contrato de conservación y mantenimiento del alumbrado público del municipio, valorado en 18,7 millones de euros, al decidir no oponerse a las medidas cautelares solicitadas por la antigua adjudicataria ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tras aceptar la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias y adjudicar el servicio a una nueva empresa, el grupo de gobierno se ha limitado a remitir un escrito en el que deja la decisión “a lo que la Sala estime procedente”, sin aportar argumentos en favor de la estabilidad del servicio, de los trabajadores ni de la ciudadanía lagunera.

El portavoz del Partido Popular, Juan Antonio Molina, considera “gravísimo que el Ayuntamiento adjudique un contrato millonario, luego acate la nulidad del mismo afirmando públicamente que actúa en defensa de la legalidad y del interés general, y cuando el asunto llega a los tribunales decida no defender su propia posición”. A su juicio, “un gobierno responsable no puede ir a remolque de los acontecimientos ni comportarse como un espectador pasivo en un litigio que afecta a un servicio esencial y al bolsillo de todos los laguneros”.

Molina advierte de que esta manera de proceder “no solo compromete la correcta prestación del servicio, sino que deja en el aire la situación de los trabajadores vinculados al alumbrado público”. Estos empleados “no saben con qué empresa acabarán trabajando ni en qué condiciones, lo que dificulta la negociación de sus convenios colectivos, la planificación de sus condiciones laborales y, en definitiva, su futuro profesional”. Para el portavoz popular, “el propio Ayuntamiento está contribuyendo a agravar esa incertidumbre con su inacción”.

El edil subraya que, en la fase de medidas cautelares, el Ayuntamiento “tiene la obligación política y moral de explicar al Tribunal por qué la suspensión del contrato puede perjudicar a la ciudad, afectar a la continuidad del servicio o generar inseguridad jurídica”. Sin embargo, lamenta que el gobierno municipal de PSOE y Coalición Canaria renuncie incluso a pronunciarse sobre el interés general, lanzando un mensaje demoledor: “les da igual que el contrato quede en el aire mientras ellos no tengan que asumir responsabilidades ni dar explicaciones claras”.

El portavoz popular recuerda que el contrato de alumbrado ya se ha visto envuelto en controversias por conflictos de intereses y por la propia anulación de la primera adjudicación, lo que ha generado preocupación y desconfianza entre los vecinos. “Precisamente por ese historial, el Ayuntamiento debería extremar la transparencia y reforzar la seguridad jurídica de sus decisiones. En lugar de eso, el gobierno municipal opta por lavarse las manos y dejar a la nueva adjudicataria sola ante un procedimiento judicial complejo”, apunta Molina.

Según Juan Antonio Molina, esta forma de actuar “no es un episodio aislado, sino que se enmarca en una manera de gobernar marcada por la improvisación y la ausencia de un criterio jurídico coherente”. “Un día afirman defender una resolución del Tribunal de Contratos y, al siguiente, se niegan a sostener esa misma decisión ante el TSJ. Esa falta de coherencia genera inseguridad jurídica tanto para las empresas que contratan con el Ayuntamiento como para los trabajadores que dependen de estos servicios”, añade.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Popular exige al alcalde y al concejal responsable del área que den explicaciones públicas sobre los motivos por los que el Ayuntamiento ha decidido no oponerse a las medidas cautelares solicitadas por la anterior adjudicataria. Asimismo, el PP reclama que se garantice la estabilidad del servicio de alumbrado público, que se protejan los derechos y la estabilidad laboral de los trabajadores afectados y que, en adelante, el Ayuntamiento actúe “con rigor, transparencia y firmeza” en todas las actuaciones vinculadas a este contrato.

“Lo que está en juego no es solo un expediente administrativo, sino la confianza de los vecinos en que su Ayuntamiento defiende el interés general también en los tribunales, y no solo cuando conviene para la foto”, concluye Juan Antonio Molina, quien anuncia que el Partido Popular “seguirá vigilando este procedimiento y defenderá en el próximo pleno que el Ayuntamiento adopte una posición activa en defensa de la legalidad, de la seguridad jurídica y de los intereses de La Laguna”.