El Gobierno de Canarias ha calificado este martes la situación migratoria que atraviesa el Archipiélago como el “mayor reto humanitario, jurídico y político” de la comunidad autónoma, insistiendo en que se trata de una crisis estructural que excede las competencias regionales. Durante su comparecencia parlamentaria, solicitada por el Grupo Popular, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha reclamado “respuestas de Estado y respuestas europeas” para gestionar un fenómeno que mantiene a las islas bajo una presión constante.
Según los datos facilitados por el Ejecutivo, aunque se ha registrado un descenso respecto al año anterior —que cerró con más de 46.000 llegadas—, en lo que va de 2025 han arribado a Canarias 16.824 personas. Las últimas semanas han marcado un repunte significativo en la Ruta Canaria, que Delgado ha recordado sigue siendo una de las más mortíferas del mundo, con registros semanales de fallecidos y rescates extremos.
Saturación en el sistema de menores
El punto crítico de la gestión se centra en la acogida de menores migrantes no acompañados (MENAS). De la cifra total de llegadas en 2025, 2.280 son menores, un número que supera al de los traslados efectivos realizados hacia la Península.
Actualmente, la red de acogida de Canarias tutela a 4.471 menores, una cifra que, según la consejera, es “casi seis veces más que la capacidad ordinaria fijada por el propio Estado”. Delgado ha tildado la situación de “insostenible” sin la solidaridad interterritorial, destacando que los equipos educativos, sanitarios y sociales de los más de 80 centros habilitados —muchos abiertos de urgencia desde 2023— trabajan “al límite”.
Para sostener esta red, el Gobierno canario ha destinado en el presente ejercicio 190 millones de euros a políticas migratorias. La mayor parte de esta partida, 155,1 millones, se ha asignado específicamente a la atención de menores no acompañados. Paralelamente, se han reforzado los equipos encargados de la tutela, la tramitación de expedientes y la coordinación con fiscalías y fuerzas de seguridad.
Marco legislativo y lentitud en los traslados
Durante su intervención, la titular de Bienestar Social ha puesto en valor los avances normativos impulsados desde las islas, citando la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025. Esta norma establece un sistema obligatorio de reparto entre comunidades autónomas cuando se triplica la capacidad de acogida, un umbral que Canarias supera ampliamente en la actualidad.
El decreto fija dos plazos clave: el traslado de nuevas llegadas en un máximo de 15 días y la distribución del exceso acumulado antes de marzo de 2026. Sin embargo, Delgado ha advertido que existen problemas en la ejecución y que los traslados avanzan a un ritmo insuficiente.
Hasta la fecha, 578 menores con protección internacional se encuentran en recursos estatales (tanto en la Península como en Canarias) y el Gobierno autonómico ya ha remitido 497 expedientes de menores sujetos a contingencia para su derivación. La consejera ha recordado que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional (en su Sentencia 43/2025) han avalado que la gestión migratoria excede la capacidad de una comunidad autónoma, obligando al Estado a asumir su responsabilidad, especialmente en la protección internacional.
Acción exterior y convivencia local
En el ámbito de la prevención en origen, el Gobierno canario ha destacado el impulso de programas como Tierra Firme, orientados a la formación y creación de oportunidades para jóvenes en Senegal, Mauritania y Gambia. Además, Delgado ha subrayado que Canarias ha logrado situar la ruta atlántica como una prioridad en la agenda política de la Unión Europea.
A nivel interno, se ha implementado el programa Canarias Convive para fomentar la interculturalidad y unificar la estrategia de gestión. Asimismo, se ha establecido un protocolo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para garantizar que los ayuntamientos reciban comunicación previa antes de la apertura de nuevos recursos de acogida, facilitando así la participación local.
Candelaria Delgado cerró su intervención haciendo un llamamiento a la unidad política bajo una “agenda canaria compartida” para exigir financiación estatal suficiente y un reparto solidario efectivo. “No podemos normalizar estas tragedias. Detrás de cada cifra hay vidas”, concluyó la consejera.
