La formación política Podemos Canarias ha registrado una pregunta formal en el Congreso de los Diputados dirigida al Gobierno de España. El objetivo de esta iniciativa, impulsada por la diputada estatal Noemí Santana, es exigir actuaciones urgentes respecto a las presuntas irregularidades detectadas en el macroproyecto turístico Cuna del Alma, ubicado en el Puertito de Adeje. La agrupación busca esclarecer las responsabilidades pertinentes y frenar un impacto ambiental y patrimonial que afirman continúa produciéndose sobre el terreno, abriendo así un debate que —aseguran— trasciende la política local al apuntar a una posible vulneración de las normativas de ámbito estatal y europeo.

Según detalla la formación, este desarrollo urbanístico ha acumulado a lo largo de los años diversos informes desfavorables y omisiones relevantes en áreas vinculadas al patrimonio natural, arqueológico y geológico. El documento de denuncia pone el foco en los daños documentados sobre la flora protegida y distintos enclaves culturales, a los que se suma una reciente afección sobre un espacio catalogado como Lugar de Interés Geológico por el Instituto Geológico y Minero de España. A estas advertencias se añade el impacto potencial directo sobre la Zona de Especial Conservación “Franja Marina Teno-Rasca”, un enclave integrado en la Red Natura 2000 que, según las estimaciones del partido, podría verse severamente “agravado” por la llegada proyectada de 200.000 turistas adicionales cada año.

El historial administrativo del proyecto Cuna del Alma refleja hasta tres resoluciones de paralización dictadas por diferentes administraciones públicas durante el ejercicio 2022, las cuales trajeron consigo sanciones económicas y alertas formales por riesgo ambiental. No obstante, la formación señala que, tras el cambio de gobierno autonómico producido en 2023, dichas órdenes de paralización fueron levantadas durante el año 2024. Esta decisión administrativa permitió que las obras se reanudaran en noviembre sin que se exigieran modificaciones sustanciales sobre el plan original, un contexto que ha reactivado la movilización ciudadana y la preocupación social ante la persistencia de las deficiencias técnicas previamente detectadas.

La organización política subraya la existencia de una evidente contradicción entre las recientes declaraciones institucionales de emergencia climática, hídrica y habitacional decretadas en el archipiélago y la permisividad mostrada hacia proyectos de alto impacto ecológico. “¿Cómo se justifica la continuidad de un proyecto cuestionado técnica y socialmente?” Esa es la pregunta que ahora llega al Congreso, con la intención de forzar una respuesta clara del Ejecutivo estatal, ha adelantado la formación.

En este contexto, la secretaria general de Podemos Canarias y diputada, Noemí Santana, ha expresado este miércoles públicamente la urgencia de la iniciativa institucional. “Es imprescindible que el Gobierno de España actúe ante posibles incumplimientos de la legislación ambiental europea y estatal. No se puede mirar hacia otro lado mientras se destruyen espacios protegidos y patrimonio común en beneficio de intereses privados”, declaró la diputada. En el mismo contexto, Santana añadió que “Canarias no puede seguir soportar un modelo que pone en riesgo su biodiversidad y su futuro. La defensa del territorio es una cuestión de justicia social y ambiental”.

Por su parte, en el ámbito de la política municipal, Gabriel González, concejal del partido en Adeje y secretario de Turismo y Territorio de Podemos Canarias, expuso la problemática desde la óptica local. El edil manifestó en su denuncia: “Estamos ante un ejemplo claro de cómo se han ignorado informes técnicos y advertencias para favorecer un macroproyecto que no responde a las necesidades reales de la ciudadanía. Adeje no necesita más presión turística, necesita proteger su entorno y garantizar un desarrollo equilibrado”.

Para concluir su análisis, González recalcó que “la ciudadanía ha demostrado estar comprometida con la defensa del Puertito de Adeje, y las instituciones deben estar a la altura de esa responsabilidad”.

El documento emitido concluye justificando la iniciativa parlamentaria como parte de la agenda política de la organización, la cual, según declaran, persigue la protección del medio ambiente, la exigencia de transparencia a las instituciones y la implantación de un modelo turístico que respete los límites del territorio y los derechos de las futuras generaciones.