El Cabildo de Tenerife celebró este miércoles, 15 de abril, una jornada técnica con los ayuntamientos de la isla para consensuar las directrices de un nuevo plan de empleo local. Este programa cuenta con una partida de 10 millones de euros en concepto de subvenciones directas, una cuantía a la que se sumarán las aportaciones económicas de las propias corporaciones locales.

El encuentro, dirigido por el consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, tuvo como propósito coordinar la puesta en marcha de proyectos de interés general y social, así como buscar vías de mejora que permitan una rápida gestión de estos fondos públicos.

La iniciativa plantea un cambio de enfoque respecto a las ediciones anteriores, situando como premisa fundamental a las personas y su situación social para priorizar la empleabilidad real. En este sentido, Efraín Medina detalló la visión del Cabildo al respecto: “Queremos ir más allá de la ayuda inmediata. El objetivo de este nuevo plan es garantizar que las personas desempleadas adquieran una experiencia y formación que les permita competir con éxito en el mercado laboral actual, logrando que su incorporación al trabajo no sea algo pasajero, sino una oportunidad de futuro estable”.

Los fondos de esta convocatoria se destinarán a proyectos que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la preservación del entorno. Las actuaciones subvencionables abarcan áreas como la valorización del patrimonio natural, la eficiencia energética, la educación ambiental, el uso de las tecnologías de la comunicación digital, la gestión de residuos y la mejora de los servicios de bienestar social.

Para garantizar el impacto de estas acciones, el consejero advirtió de que “estos proyectos no pueden ser una simple adición de recursos para tareas ordinarias de los ayuntamientos, sino que deben ser actuaciones concretas que diversifiquen la economía local y fomenten la igualdad”.

Como novedad, las bases proponen la obligatoriedad de que las administraciones locales contraten un porcentaje mínimo de personal cualificado, incluyendo a titulados universitarios, de Formación Profesional o poseedores de certificados de profesionalidad, con el fin de asegurar la calidad técnica de las intervenciones. Esta proporción variará en función de la demografía de cada municipio, estableciéndose un 25% para localidades de hasta 10.000 habitantes, un 40% para aquellas de entre 10.001 y 30.000 residentes, y alcanzando hasta un 50% en los municipios de mayor tamaño poblacional.

En lo relativo a los participantes, los requisitos dictaminan que deberán ser personas en situación de desempleo y mayores de 18 años. Asimismo, la convocatoria establece un criterio de discriminación positiva que obliga a que las mujeres representen, como mínimo, el 50% de las contrataciones.

El plan insular también fija un orden de prioridad para la selección de los trabajadores, favoreciendo a los jóvenes menores de 30 años, ya sean desempleados de larga duración o demandantes de su primer empleo, así como a las personas mayores de 30 años que se encuentren en situación de desempleo de larga duración.