A los juzgados el Plan Urbanístico de San Miguel por dejar decenas de viviendas en el limbo legal

Vista aérea de San Miguel de Abona, Tenerife / EDS

El grupo municipal del PSOE en San Miguel de Abona ha formalizado una demanda judicial contra el Plan General de Ordenación Supletorio impulsado por el equipo de gobierno de Coalición Canaria. La medida adoptada por los socialistas responde a los graves perjuicios que, según denuncian en su escrito, el nuevo planeamiento urbanístico está ocasionando a los residentes, al generar una profunda inseguridad jurídica y afectar directamente a propiedades plenamente consolidadas en el municipio.

La principal controversia del documento radica en la modificación técnica de la clasificación del suelo. Los socialistas aseguran que terrenos que históricamente contaban con la categoría de urbanos han pasado a ser considerados rústicos bajo la nueva normativa municipal. Este cambio ha derivado en que numerosas viviendas queden catalogadas como “fuera de ordenación”, una situación de irregularidad sobrevenida que ha desencadenado un clima de fuerte preocupación e incertidumbre entre las familias afectadas.

Ante este escenario, el portavoz de la formación socialista en el Ayuntamiento, José Carlos Rodríguez Rodríguez, ha calificado el impacto de la medida como un “auténtico desastre para muchas familias de nuestro municipio”. En su intervención, el edil detalló la frustración de los residentes al afirmar: “Estamos hablando de vecinos y vecinas que durante años tenían sus propiedades en suelo urbano y ahora ven cómo pasan a ser rústicas o quedan fuera de ordenación sin respuestas claras por parte del gobierno municipal”.

La oposición a este planeamiento, no obstante, ha trascendido la esfera estrictamente política. Según los socialistas, ya hay empresas y particulares afectados que también han optado por la vía judicial para recurrir el documento urbanístico, un hecho que, para el partido en la oposición, evidencia la carencia de un proceso participativo adecuado. “Cuando tantas personas recurren un plan general, el problema no es de la ciudadanía. El problema es un gobierno de Coalición Canaria que ha aprobado un documento de espaldas a la gente, sin diálogo suficiente y sin pensar en las consecuencias reales que esto tiene para el futuro de San Miguel de Abona“, aseveró Rodríguez.

Desde el PSOE sostienen que cualquier planificación urbanística debe estructurarse obligatoriamente sobre los pilares de la seguridad jurídica, el equilibrio territorial y el respeto a las personas que desarrollan su proyecto de vida en la localidad. Consideran de extrema gravedad que un texto normativo tan determinante haya salido adelante sin el consenso necesario y sin atender a los sectores perjudicados.

Con la judicialización de este conflicto, la formación busca revertir los efectos del plan mientras garantiza la defensa legal de los afectados. “Nosotros vamos a defender a la gente de nuestro pueblo donde haga falta y, si tenemos que acudir a los juzgados para proteger los derechos de nuestros vecinos y vecinas, lo vamos a hacer”, concluyó el portavoz socialista, garantizando que su agrupación seguirá “utilizando todas las vías necesarias para defender los intereses de la ciudadanía”.

Cortes en la carretera TF-46 por obras de repavimentación en Guía de Isora

Carretera TF-46, en Guía de Isora
Carretera TF-46, en Guía de Isora / EDS

El Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Carreteras, iniciará una serie de trabajos de mejora y rehabilitación integral del firme en la carretera TF-46, a su paso por el municipio sureño de Guía de Isora. La actuación abarcará un tramo de seis kilómetros, concretamente desde el punto kilométrico 0+000 hasta el 6+000, con el propósito fundamental de incrementar la seguridad vial, optimizar las condiciones de circulación y extender la vida útil de esta arteria de comunicación del suroeste de la isla.

Para reducir el impacto sobre el tráfico diario, la corporación insular ha determinado que las labores de repavimentación se lleven a cabo de manera exclusiva en horario nocturno, en el periodo comprendido entre el jueves 18 y el lunes 22 de junio.

La naturaleza de la intervención exigirá alteraciones significativas en el tránsito regular de vehículos. Las autoridades han advertido que será estrictamente necesario aplicar cortes totales al tráfico durante las noches del jueves 18 y del domingo 21 de junio. Durante el transcurso de estas dos jornadas nocturnas, la circulación será desviada de manera temporal hacia la carretera TF-465. Este itinerario alternativo dispondrá de una señalización específica y debidamente habilitada para asegurar tanto la movilidad como la protección de los conductores afectados por el desvío.

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, ha contextualizado esta obra dentro de los planes regulares de la administración. Según detalló, “esta actuación forma parte del programa continuo de conservación y mejora de la red viaria insular que estamos desarrollando para garantizar unas carreteras más seguras, cómodas y eficientes para la ciudadanía”.

En cuanto a los beneficios esperados a corto plazo, Arteaga puntualizó que “la rehabilitación del firme de la TF-46 permitirá mejorar significativamente las condiciones de circulación en una vía que soporta un importante volumen de tráfico, reforzando además la seguridad de conductores y pasajeros”.

De igual manera, el titular del área aprovechó para dirigirse a los ciudadanos que transitan habitualmente por esta zona, agradeciendo de antemano “la comprensión y colaboración de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos, que se han programado en horario nocturno precisamente para minimizar las afecciones y facilitar el normal funcionamiento de la actividad diaria en la zona”.

Ante la inminencia de las obras, desde el Cabildo de Tenerife se emite una recomendación general a todos los conductores para que planifiquen sus desplazamientos con antelación, extremen la prudencia al volante, respeten escrupulosamente la señalización provisional dispuesta en el tramo afectado y sigan en todo momento las instrucciones del personal operario encargado de la ejecución del proyecto.

Todo Riesgo con Franquicia: La Alternativa Inteligente al Seguro Completo que Ahorra Dinero

seguro con franquicia

Comprar un coche reciente ya duele bastante como para que el seguro remate la faena cada año. Pero tampoco conviene hacerse el valiente y dejarlo casi desnudo ante un golpe serio.

En el sur de España y en Canarias, donde el coche se usa para trabajar, moverse entre municipios, ir a la costa, subir al interior o sobrevivir al aparcamiento de agosto, elegir bien la póliza no es un detalle menor: es una decisión económica.

El todo riesgo con franquicia se ha convertido en una opción cada vez más razonable para quienes tienen un coche de valor medio o reciente, quieren protección amplia, pero no están dispuestos a pagar lo que cuesta un todo riesgo sin franquicia.

No es una ganga mágica ni una letra pequeña con corbata. Es una fórmula bastante sencilla: pagas menos de cuota porque aceptas asumir una parte concreta del coste si hay daños propios.

La cuestión es entender cuándo compensa, qué cubre realmente y qué tipo de conductor puede sacarle partido.

Qué es Exactamente la Franquicia en un Seguro

La franquicia es una cantidad fija que el conductor paga si tiene que reparar daños propios del coche. Por ejemplo, si la franquicia es de 300 euros y la reparación cuesta 1.400, el asegurado paga esos 300 euros y la compañía cubre el resto, siempre según las condiciones contratadas.

No significa que el seguro “no sirva” ni que cubra a medias. Significa que el riesgo se reparte. El conductor participa en una primera parte del gasto y, a cambio, la prima mensual o anual suele ser más baja. Es una manera de mantener una cobertura amplia sin asumir el precio completo de un todo riesgo sin franquicia.

La franquicia se aplica normalmente cuando hay un parte por daños propios: un golpe contra una columna, un roce importante, una salida de vía o una reparación derivada de un siniestro cubierto.

Sin embargo, otras coberturas como lunas, robo, incendio o asistencia en carretera pueden tener condiciones distintas. Por eso conviene revisar bien la póliza antes de firmar.

El punto clave es que la franquicia no se paga todos los meses ni por sistema. Solo entra en juego cuando hay un siniestro concreto al que se aplica. Si no hay partes, el ahorro se nota directamente en el recibo. Si hay un golpe importante, el conductor ya sabe cuál será su aportación máxima inicial.

En coches recientes, seminuevos o con un valor todavía importante, esta modalidad puede ser especialmente útil. El vehículo sigue mereciendo una protección seria, pero quizá no tenga sentido pagar una prima altísima durante años si el conductor tiene buen historial, aparca en garaje o usa el coche con cierta prudencia.

En qué diferencia del Todo Riesgo Clásico

El todo riesgo clásico, sin franquicia, es la opción más cómoda: si el coche sufre daños propios cubiertos, la aseguradora asume el coste conforme a la póliza sin que el conductor tenga que pagar una cantidad fija inicial. Esa tranquilidad absoluta, como casi todo lo cómodo, se paga.

La gran diferencia está en el precio y en el reparto del riesgo. En el todo riesgo sin franquicia, la compañía asume más gasto desde el primer euro y por eso la prima suele ser más alta. En el todo riesgo con franquicia, el conductor acepta pagar una cantidad limitada en caso de siniestro, y esa participación permite abaratar el seguro.

No debe verse como un seguro de segunda categoría. La cobertura puede seguir siendo muy amplia. Lo que cambia es la lógica económica. En lugar de pagar más todos los meses para no asumir ningún coste en caso de reparación, el conductor paga menos de forma habitual y solo aporta dinero si realmente necesita reparar daños propios.

También cambia la forma de usar el seguro. Con franquicia, muchos conductores se piensan dos veces si merece la pena dar parte por un arañazo pequeño o un roce menor. Si la reparación cuesta menos que la franquicia, probablemente no compense. Esto puede evitar partes innecesarios y ayuda a reservar el seguro para situaciones de más peso.

El todo riesgo sin franquicia puede seguir teniendo sentido para coches nuevos de alto valor, conductores que no quieren ningún gasto imprevisto o vehículos muy expuestos a golpes, vandalismo o aparcamientos complicados. Pero para muchos coches recientes de valor medio, la franquicia ofrece un equilibrio interesante: buena protección sin una prima disparada.

Cuando sale a cuenta elegir esta Modalidad

Sale a cuenta cuando el ahorro en la cuota compensa el riesgo de tener que pagar una franquicia en caso de siniestro. Dicho así suena frío, pero es exactamente lo que hay que mirar. No se trata de contratar lo más barato, sino lo más razonable para el uso real del coche.

Pensemos en un conductor de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada, Almería o cualquier zona del sur donde el coche forma parte de la vida diaria. Lo usa para trabajar, ir al colegio, visitar familiares, moverse por autovía o entrar y salir de zonas urbanas. Si el coche aún tiene valor, ir solo a terceros puede quedarse corto. Pero si el conductor apenas da partes y cuida el vehículo, pagar un todo riesgo sin franquicia puede ser excesivo.

La franquicia suele compensar cuando el coche duerme en garaje, se aparca en zonas relativamente controladas o el conductor no tiene un historial de golpes frecuentes.

También cuando la diferencia de precio entre un todo riesgo con y sin franquicia es notable. Si el ahorro anual es importante y la franquicia es asumible, la operación puede tener bastante sentido.

Por ejemplo, si una póliza sin franquicia cuesta mucho más al año y la franquicia es de 300 o 400 euros, conviene preguntarse: ¿cuántos partes de daños propios suelo dar realmente? Si la respuesta es “casi ninguno”, quizá estés pagando de más por una tranquilidad que apenas utilizas.

Eso sí, esta modalidad no es para todo el mundo. Si el coche duerme en la calle, circula mucho por zonas con alto riesgo de golpes, el conductor tiene poca capacidad para afrontar imprevistos o cualquier reparación le supone un problema, puede que una franquicia alta no sea lo más prudente.

Antes de decidir, merece la pena calcular seguro de coche online y comparar algo más que el precio final. Hay que mirar el importe de la franquicia, las coberturas incluidas, la asistencia, las exclusiones, la libre elección de taller y cómo se aplica la franquicia en cada caso.

Qué Perfil de Conducto la Elige

El todo riesgo con franquicia lo suele elegir un conductor práctico. No quiere ir al mínimo, pero tampoco pagar una póliza inflada por miedo. Busca proteger su coche ante golpes importantes, robo, incendio, lunas o daños propios relevantes, pero con una cuota mensual más llevadera.

Es habitual en propietarios de coches nuevos o seminuevos que todavía conservan valor. También en familias con un segundo vehículo, autónomos que necesitan el coche para trabajar o conductores con experiencia que saben que el riesgo cero no existe, pero tampoco viven dando partes cada tres meses.

En este perfil encajan especialmente quienes buscan un seguro a todo riesgo con franquicia barato encuentran en esta modalidad la mejor relación entre cobertura completa y cuota mensual. No porque sea perfecta para todos, sino porque ocupa un punto intermedio muy útil: más protección que un terceros ampliado y menos coste que un todo riesgo sin franquicia.

También tiene sentido para quienes han financiado el coche y no quieren quedarse con una deuda y un vehículo mal protegido si ocurre algo serio. En esos casos, reducir demasiado la cobertura puede salir caro. La franquicia permite mantener una red de seguridad sin que el recibo se convierta en un castigo anual.

La clave está en no contratar por inercia. Hay quien mantiene un todo riesgo sin franquicia durante años aunque el coche ya no lo justifique. Y hay quien pasa demasiado pronto a terceros para ahorrar unos euros, asumiendo un riesgo que no siempre ha calculado bien.

El todo riesgo con franquicia no elimina todos los costes, pero ordena mejor el gasto. Pagas menos por estar protegido y aceptas participar en reparaciones concretas si llega el mal día. Para muchos conductores del sur, con coches recientes y cabeza fría, esa mezcla de cobertura y ahorro es justamente lo que estaban buscando.

Porque asegurar bien no consiste en presumir de póliza. Consiste en pagar con sentido común, proteger lo importante y evitar que un golpe convierta el coche en una ruina con ruedas.

El cuento de nunca acabar en Las Galletas: sacan del gavetero el viejo proyecto de la costa a once meses de las urnas

Inundaciones en Las Galletas en una foto de archivo
Inundaciones en Las Galletas en una foto de archivo / EDS

La transformación del frente litoral de Las Galletas, en el municipio tinerfeño de Arona, ha vuelto a activar su maquinaria burocrática bajo una “nueva etiqueta ambiental”. Lo que durante décadas ha sido una promesa política recurrente para adecuar la costa, hoy resurge convertido en el primer Proyecto de Acción Climática (PAC) del archipiélago.

A pesar del innegable riesgo que sufre esta franja litoral ante la subida del nivel del mar y el impacto de los temporales, la propuesta de eliminar la Avenida del Atlántico (TF-66) para desplazarla hacia el interior arrastra un letargo institucional que contrasta con el repentino carácter de urgencia que ahora, o siempre, le otorgan las administraciones públicas.

La validación de la Unión Europea para un modelo que lleva décadas esperando en los cajones

Para dotar de aval técnico a esta reactivación, el núcleo costero ha recibido este lunes y martes a una delegación europea vinculada a la Preparatory Action 2024-2026, un programa continental orientado a la innovación territorial. La inspección se ha gestionado a través del Centro Común de Investigación de Sevilla (JRC Sevilla), la única sede en España del servicio científico oficial de la Comisión Europea.

El Ejecutivo autonómico participa en este programa a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y diversas direcciones generales, buscando que el histórico problema de Las Galletas sirva de ejemplo internacional de resiliencia.

Durante la visita comunitaria, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, asumió el papel de anfitriona para defender la supuesta novedad del modelo. Según sus palabras, “Las Galletas representa una nueva forma de afrontar los desafíos del cambio climático desde la planificación, la ciencia, la colaboración institucional y la participación ciudadana”.

Asistentes durante la jornada de "participación ciudadana" celebrada en el Centro Cívico de Las Galletas
Asistentes durante la jornada de “participación ciudadana” celebrada en el Centro Cívico de Las Galletas

Schallenberg interpretó la presencia comunitaria como un respaldo a la gestión actual, afirmando que “que Europa se interese por este proyecto demuestra que estamos avanzando en la dirección correcta y que Canarias puede aportar experiencias útiles para otros territorios que afrontan problemas similares”. En las jornadas también participaron el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionís, y varios concejales de Arona.

Las intervenciones que ahora se agilizan nacen del diagnóstico del plan estatal PIMA Adapta Costas, que sitúa a Las Galletas entre las cuarenta y siete áreas de mayor riesgo de Canarias, y se amparan en la modificación de la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 6/2022) aprobada en 2024 para reducir trámites burocráticos. Las actuaciones previstas son tres: la reubicación de la vía costera hacia el interior, la renaturalización de la playa con la restauración de ecosistemas intermareales, y la creación de defensas para mitigar las recurrentes inundaciones del casco urbano.

Sin embargo, el núcleo de esta “pionera” actuación es, en la práctica, un calco con cambios menores de las promesas del pasado. El debate sobre la necesidad de alejar el asfalto del mar resuena en el sur de Tenerife desde mucho antes de los años dos mil. Así quedó patente en una rueda de prensa de 2008, cuanto se documentó por EL DIGITAL SUR la reforma técnica y presupuestaria bajo el mandato del exalcalde José Alberto González Reverón (CC) y el entonces concejal Antonio Miguel García (CC).

Presentación de José Alberto Reverón y Antonio García en 2008: vídeo del acto público

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Ya en aquel momento se presentó un proyecto para alejar la carretera entre cien y doscientos metros de la costa. Aquel intento fallido calculaba una inversión de ocho millones de euros, destinando seis millones al frente marítimo —incluyendo expropiaciones de doce inmuebles— y dos millones a un paseo ecológico hasta Costa del Silencio.

Participación ciudadana de cara a la galería: un debate “vecinal” sin apenas vecinos

Asistentes durante la jornada de participación ciudadana celebrada en el Centro Cívico de Las Galletas
Asistentes durante la jornada de “participación ciudadana” celebrada en el Centro Cívico de Las Galletas

A la par del recorrido europeo, la Consejería de Transición Ecológica organizó este miércoles [17] un taller bajo el lema “Las Galletas que vivimos, Las Galletas que queremos”. Sin embargo, el encuentro que sobre el papel prometía dar voz a vecinos, comerciantes y colectivos sociales se quedó en un espejismo. En la práctica, la cacareada convocatoria popular brilló por su ausencia: apenas una veintena de personas acudió a la cita en el Centro Cívico, y en su gran mayoría se trataba de los propios políticos, asesores y técnicos institucionales.

Esta escuálida asistencia ciudadana contrasta radicalmente con la realidad demográfica del núcleo costero. Según los datos del Registro General y Estadística del Ayuntamiento de Arona a día 30 de abril de 2026, Las Galletas cuenta con una población que ronda los 11.000 habitantes. Que un proyecto que pretende transformar radicalmente la fachada marítima y el modo de vida de un pueblo de esa magnitud no logre movilizar a sus residentes, evidencia el abismo existente entre la agenda política y el interés o la confianza real de la calle en estos procesos.

Pese a la imagen de una sala prácticamente vacía de vecinos, el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, junto a técnicos de las Oficinas Verdes, cumplieron el trámite y moderaron los reducidos grupos de trabajo para recopilar dudas de los presentes. Todo ello en un intento forzado de legitimar socialmente, respaldados por apenas un puñado de asistentes, un rediseño urbanístico del que se lleva hablando desde hace muchísimo más de veinte años.

A las puertas de un nuevo ciclo electoral

Pese a la evidente hemeroteca, la firma del protocolo interinstitucional sellado el año pasado sirvió de escenario para que los líderes de las distintas administraciones obviaran los fracasos previos y capitalizaran el trámite como un éxito sin precedentes. Ahora, esta repentina urgencia por desempolvar los planos, organizar visitas europeas y agilizar “debates vecinales” suena inevitablemente a una previsible baza electoral.

A poco más de once meses de la próxima cita con las urnas, el rescate del proyecto adquiere tintes de promesa recurrente en una comarca que ya está acostumbrada a que las grandes infraestructuras —como el Hospital del Sur— resuciten estratégicamente al final de cada legislatura. Queda por ver si el asfalto dejará definitivamente su lugar al mar o volverá, como de costumbre, a la gaveta de los proyectos pendientes.

 

Granadilla de Abona se asoma al verano con la seguridad nocturna en el aire por un déficit de 70 policías locales

Agentes de la Policía Local de Granadilla de Abona en una imagen de archivo
Agentes de la Policía Local de Granadilla de Abona en una imagen de archivo / EDS

El municipio de Granadilla de Abona encara la inminente temporada estival con un escenario calificado de “crítico” en materia de seguridad ciudadana. La localidad ya ha experimentado varias madrugadas sin servicio de Policía Local debido a la escasez de efectivos, una situación que amenaza con agravarse de cara a los próximos meses ante el aumento demográfico propio de la actividad turística. Así lo han advertido las federaciones sindicales de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias y UGT Canarias, que ostentan el 78 por ciento de la representación de los funcionarios municipales, alertando sobre la vulnerabilidad en la que queda la región sureña.

El detonante inmediato de esta falta de vigilancia nocturna es la interrupción de las horas extraordinarias voluntarias que los agentes realizaban para parchear una carencia estructural histórica. Según explican las centrales, el pasado 18 de mayo la plantilla acordó en asamblea cesar la prestación de estos turnos adicionales como medida de protesta ante un conflicto laboral enquistado, subrayando que el problema no reside en una falta de implicación por parte de los trabajadores. El origen de la disputa —explican los sindicatos— se encuentra en el impago parcial del complemento específico entre los años 2019 y 2022, periodo en el que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, bajo la administración de CC-PP, aplicó un valor por punto inferior al establecido. Esta irregularidad ha generado una deuda media que supera los 2.000 euros por agente, con montantes cuyos orígenes se remontan a más de seis años atrás.

A esta reclamación económica se suma el estancamiento de sus condiciones de trabajo, ya que el cuerpo continúa rigiéndose por un acuerdo del año 2006. En la actualidad, el nuevo convenio, a pesar de estar ya negociado y firmado, lleva siete meses a la espera de ser aprobado por la corporación municipal que administra CC-PP-VOX. Los sindicatos insisten en que el servicio ordinario diurno continúa operando con absoluta normalidad y aseguran que la finalidad de hacer pública esta denuncia no es crear alarma entre la población, sino trasladar con transparencia una realidad que compromete la convivencia en el municipio.

El impacto territorial de estas deficiencias resulta especialmente sensible en un enclave de la magnitud de Granadilla. Aunque el censo oficial registra 58.752 habitantes empadronados, la población real que asume el municipio se eleva hasta las 70.000 personas al contabilizar la población flotante, los residentes no inscritos y los visitantes. A esto hay que sumar la gran extensión geográfica del territorio, la dispersión de sus diferentes núcleos poblacionales, la constante actividad del Aeropuerto de Tenerife Sur y la intensa vida en sus espacios públicos. La problemática trasciende además las fronteras locales, ya que Granadilla actúa como punto de referencia policial durante las noches para toda la comarca, puesto que los municipios colindantes —asegura FSC-CCOO y UGT— “no disponen de Policía Local durante la noche”.

En términos estadísticos, el desajuste de recursos humanos es evidente. Según las cifras aportadas por los sindicalistas, en la actualidad, el Ayuntamiento dispone de 56 policías locales, de los cuales únicamente 43 prestan servicio operativo en la calle para intentar cubrir las necesidades de vigilancia las 24 horas del día durante los 365 días del año. Sin embargo, el Decreto 75/2003 de coordinación de Policías Locales de Canarias dictamina que una localidad con las singularidades de Granadilla requeriría una plantilla aproximada de 129 agentes. Esta divergencia pone de manifiesto que el municipio arrastra un déficit de más de 70 efectivos, una cifra que contrasta con el hecho de que en las últimas dos décadas la población se ha duplicado prácticamente mientras el cuerpo policial que patrulla las calles de la comarca “apenas ha variado”.

Ante esta situación, miles de ciudadanos quedan desprovistos de su primera línea de protección e inmediatez cuando ocurren accidentes de tráfico, alteraciones del orden, emergencias sanitarias o episodios de violencia de género. Por todo ello, las organizaciones sindicales reclaman al consistorio granadillero “un plan serio” y urgente de ampliación de efectivos que aproxime los números a las exigencias de la normativa autonómica y ponga fin a la desprotección nocturna. “La seguridad de casi 59.000 vecinos, que en verano se convierten en alrededor de 70.000 personas, no puede depender de que 43 agentes hagan el trabajo de una plantilla de unos 130”, sentencian los representantes laborales.Noticia relacionada
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El colapso administrativo bloquea la regularización del 80% de los migrantes en Canarias

Un severo colapso institucional mantiene paralizado el proceso de regularización extraordinaria para la gran mayoría de las personas migrantes en el archipiélago canario. Según los datos trasladados por la formación política Podemos Canarias, hasta el 80% de los ciudadanos potencialmente beneficiarios en las islas se encuentran actualmente bloqueados por obstáculos burocráticos totalmente ajenos a su voluntad. Ante este escenario de saturación, la organización ha reclamado formalmente al Gobierno de España una ampliación inmediata de los plazos de presentación, proponiendo como nueva fecha límite el próximo 30 de septiembre para evitar que miles de residentes queden excluidos.

El procedimiento, que nació con un fuerte respaldo social avalado por más de 700.000 firmas ciudadanas bajo la premisa de garantizar la justicia social, afronta el riesgo de transformarse en una nueva frontera administrativa. A pesar de que el Estado español reconoce el derecho a regularizar la situación de aquellos extranjeros que ya residen y trabajan en el país, la escasez de medios, la saturación de las oficinas y los fallos en el sistema informático amenazan con invalidar el acceso efectivo de miles de solicitantes.

Las dimensiones de esta paralización quedan reflejadas en las estadísticas a nivel nacional recopiladas por la formación morada. En todo el Estado se han registrado cerca de un millón de solicitudes de regularización, un volumen histórico que supera ampliamente las previsiones iniciales de la Administración y rebasa las cifras del proceso extraordinario desarrollado en el año 2005. Sin embargo, la capacidad de absorción del sistema se muestra insuficiente, ya que solo unas 360.000 solicitudes han conseguido ser admitidas a trámite, lo que deja a cerca de 640.000 expedientes atrapados en un limbo administrativo sin resolver.

El ritmo actual de entrada de documentos agrava la situación diariamente, pues se reciben en torno a 16.600 peticiones por jornada frente a las escasamente 6.000 que los funcionarios logran tramitar. Este desfase genera un retraso estructural acumulado de más de 10.000 expedientes cada veinticuatro horas, provocando que el compromiso inicial de resolver las solicitudes en quince días se haya dilatado hasta alcanzar los tres meses, elevando la vulnerabilidad social y la incertidumbre de los afectados.

En el ámbito específico de las Islas Canarias, la problemática adquiere tintes de mayor gravedad debido a las particularidades insulares. El principal obstáculo detectado en el territorio es la obtención del certificado de vulnerabilidad exigido por la normativa reguladora, el cual se ha constituido como el mayor cuello de botella para la población migrante.

Los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos se encuentran desbordados y se constata una ausencia de instrucciones homogéneas por parte del Ministerio competente. A esto se suman las dificultades derivadas de la brecha digital y las barreras lingüísticas que sufren los usuarios. Esta falta de coordinación por parte del Ejecutivo central ha provocado que las administraciones locales canarias y diversas entidades del tercer sector se vean obligadas a asumir tareas de gestión para las que carecen de competencias formales y de los fondos económicos necesarios.

Esta falta de fluidez en el acceso a los canales oficiales ha propiciado la aparición de redes organizadas y mafias que se lucran con la necesidad de los solicitantes. Estos grupos se dedican a la reventa en el mercado negro de citas previas obligatorias para los trámites administrativos, cobrando tarifas ilícitas que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros. Desde la formación política se insiste en que un procedimiento de carácter público bajo ningún concepto puede quedar supeditado a dinámicas del mercado ilegal ni permitir que la falta de recursos económicos opere como un factor de exclusión social.

Por otro lado, los argumentos esgrimidos para defender la ampliación de la medida no solo se fundamentan en la protección de los derechos humanos, sino también en el impacto macroeconómico positivo. Basándose en estudios especializados en la materia, Podemos Canarias apunta que la incorporación formal de cada persona al sistema administrativo representa una aportación neta superior a los 3.250 euros anuales para las arcas públicas.

Este beneficio se canaliza de forma directa mediante el pago de impuestos recaudados y las cotizaciones sociales, lo que contribuye a la sostenibilidad de la Seguridad Social, al tiempo que ejerce un control efectivo contra la economía sumergida y debilita las estructuras de explotación laboral que prosperan al amparo de la irregularidad administrativa.

La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana
La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana / 170626

La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana, se ha mostrado contundente ante la situación y afirmó: “No podemos permitir que miles de personas queden fuera por culpa de una Administración colapsada. La burocracia no puede convertirse en una frontera invisible que niegue derechos fundamentales a quienes ya forman parte de nuestra sociedad”.

En su intervención, la representante política recordó el contexto geográfico de la comunidad autónoma al añadir: “Canarias conoce mejor que nadie las consecuencias de la desprotección. El Gobierno del Estado tiene instrumentos legales para actuar y debe hacerlo antes del 30 de junio. Prorrogar el plazo no es una concesión: es una obligación democrática y jurídica”.

Para dar viabilidad legal a su propuesta de ampliación, el partido evoca el marco legislativo vigente, concretamente el Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho precepto faculta la prórroga de los plazos fijados cuando concurren circunstancias de carácter extraordinario y siempre que no se afecten de forma negativa los derechos de terceras personas.

Según argumentan, la saturación física de las dependencias públicas, la indisponibilidad de citas, los retrasos crónicos en los trámites consulares de origen y los desafíos logísticos propios de la insularidad justifican plenamente la aplicación de este recurso excepcional.

Por todo ello, instan de manera directa al Consejo de Ministros a aprobar por la vía de urgencia la mencionada prórroga hasta el 30 de septiembre y a dotar de forma simultánea los refuerzos de personal humano y herramientas tecnológicas indispensables para evitar que ningún solicitante vea vulnerados sus derechos por un retraso administrativo.

Un invernadero agrovoltaico en Güímar ensaya el impacto de la energía solar sobre los cultivos canarios

Mariano H. Zapata y Narvay Quintero durante la visita al invernadero agrovoltaico del ICIA en Güímar
Mariano H. Zapata y Narvay Quintero durante la visita al invernadero agrovoltaico del ICIA en Güímar / EDS

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) ha puesto en marcha en su Finca La Estación, ubicada en el municipio tinerfeño de Güímar, un nuevo invernadero experimental que integra la producción agrícola con la generación de energía renovable. La infraestructura cuenta con un sistema fotovoltaico de sombreado variable, diseñado con el propósito de investigar y evaluar la viabilidad de la implantación de los sistemas agrovoltaicos en las explotaciones agrarias del archipiélago.

Para la ejecución de este proyecto ha sido necesaria la demolición de la estructura preexistente en la parcela y la posterior construcción de un invernadero de tipo “raspa y amagado”. Esta nueva cubierta plástica, fabricada con polietileno de alta resistencia a la radiación ultravioleta, abarca una superficie aproximada de 1.300 metros cuadrados. La inversión global de la obra ha ascendido a 157.868 euros, una cuantía sufragada a través del componente 7 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con cargo a los fondos de la Unión Europea correspondientes al programa Next Generation EU, dentro de la línea para el despliegue e integración de energías renovables en las islas.

Desde el punto de vista técnico y científico, el diseño del invernadero permite dividir el terreno en dos áreas de cultivo claramente diferenciadas. La primera de ellas incorpora la instalación fotovoltaica sobre una superficie útil estimada de captación solar de 204 metros cuadrados, la cual es capaz de generar una potencia pico aproximada de 37,2 kilovatios. La segunda área funcionará como una zona testigo, sin ningún tipo de cobertura solar. Esta distribución comparativa tiene como objetivo principal estudiar en condiciones reales las alteraciones en las necesidades de riego, el efecto directo del sombreado en el desarrollo de las plantaciones, los rendimientos agrícolas resultantes y la calidad final del producto obtenido.

La presentación operativa de la infraestructura tuvo lugar esta mañana tras una visita institucional a Güímar en la que participaron el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero. Ambos responsables autonómicos recorrieron las instalaciones acompañados por la presidenta del ICIA, Janira Gutiérrez; la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro; la viceconsejera de Transición Energética, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg; y el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García.

Durante el recorrido, Mariano H. Zapata defendió la necesidad de unir la tecnología energética con el entorno rural. “Canarias debe liderar la integración entre transición energética e innovación agrícola para construir un sector primario más sostenible y eficiente frente a los retos del cambio climático”, afirmó el consejero, quien añadió que “este tipo de iniciativas, como la que hoy visitamos en Güímar, demuestran que las energías renovables no solo contribuyen a reducir emisiones y costes energéticos, sino que también pueden convertirse en herramientas estratégicas para modernizar y fortalecer la actividad agraria en las islas”. En esta misma línea, el titular de Transición Ecológica subrayó que “la combinación de investigación agraria y tecnología fotovoltaica posiciona a Canarias como un territorio idóneo para el desarrollo de soluciones agrovoltaicas innovadoras, aprovechando las condiciones climáticas y el potencial solar del Archipiélago”.

Por su parte, el responsable de Agricultura, Narvay Quintero, incidió en la vertiente práctica y académica del ensayo para el futuro del campo en las islas. El consejero señaló que “este proyecto del ICIA permitirá generar conocimiento útil y transferible al sector agrícola canario en materia de eficiencia, sostenibilidad y adaptación climática”, lo que a su juicio terminará “facilitando nuevas herramientas para mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias canarias”. Asimismo, Quintero puso en valor el papel del ente adscrito a su consejería al destacar que “el ICIA continúa consolidándose como un centro de referencia para la investigación aplicada al sector primario, desarrollando proyectos adaptados a nuestra realidad, que responden a las necesidades reales de la agricultura, ganadería y el sector agroalimentario canario y que contribuyen a avanzar hacia modelos productivos más sostenibles y competitivos”.

Con la puesta en funcionamiento de este complejo piloto, las dos consejerías implicadas buscan establecer un modelo de actuación dual que permita avanzar simultáneamente en materia de sostenibilidad energética, innovación tecnológica y modernización del sector primario, facilitando la adaptación de la agricultura de Canarias a los desafíos ambientales a corto y medio plazo.

Freno a la fuga de talento: Tenerife inyecta 1,7 millones para dar el primer empleo a 54 jóvenes titulados

Personas caminando

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), ha resuelto una convocatoria de subvenciones orientada a la contratación laboral de personas jóvenes tituladas que se encuentran en situación de desempleo. Esta iniciativa cuenta con una dotación económica exacta de 1.759.955,63 euros y está dirigida a la integración de este colectivo en diversas entidades públicas locales de la isla.

La línea de ayudas aprobada posibilitará la formalización de contratos formativos para la obtención de práctica profesional destinados a 54 jóvenes titulados. El objetivo principal de la medida radica en favorecer la incorporación de estas personas al mercado laboral, permitiéndoles adquirir experiencia directa en el funcionamiento y gestión del sector público tinerfeño. Estos contratos, que tendrán una duración ininterrumpida de doce meses, deberán formalizarse en un plazo máximo de tres meses tras la resolución administrativa de la concesión.

En relación con la puesta en marcha de este plan de empleo, la presidenta del Cabildo de Tenerife ha subrayado la relevancia de la medida para seguir generando oportunidades entre la juventud. “Facilitar el acceso al empleo de nuestros jóvenes es una prioridad para este grupo de gobierno. Con esta convocatoria contribuimos a que personas recién tituladas puedan adquirir experiencia profesional de calidad, mejorando su empleabilidad y reforzando al mismo tiempo los servicios que prestan las entidades públicas de Tenerife”, señaló la presidenta.

En la misma línea, el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, ha valorado el alcance de la iniciativa económica y su repercusión en la creación de oportunidades. “Estas subvenciones representan una apuesta decidida por el talento joven de Tenerife. Queremos que nuestros titulados encuentren oportunidades para desarrollar sus capacidades en su propia isla, evitando la fuga de talento y facilitando una primera experiencia laboral que será fundamental para su futuro profesional”, afirmó Medina.

Asimismo, el consejero enfatizó el valor de la cooperación interinstitucional para favorecer la inserción laboral juvenil. “Trabajamos junto a ayuntamientos, empresas públicas y fundaciones para generar oportunidades reales de empleo. Esta colaboración es clave para ofrecer a los jóvenes una experiencia profesional vinculada a su formación y responder a las necesidades del tejido público de la isla”, indicó.

El procedimiento de la convocatoria se ha tramitado y resuelto bajo el régimen de concurrencia competitiva. Los fondos asignados permitirán subvencionar hasta el 100 % de los costes laborales vinculados a cada una de las contrataciones, una cobertura que incluye de manera íntegra los salarios y las correspondientes cotizaciones sociales, además de sufragar los gastos de auditoría estipulados en las bases reguladoras.

Un total de dieciocho entidades públicas han resultado beneficiarias de estas ayudas económicas, abarcando sociedades de desarrollo local, empresas públicas municipales, fundaciones y entidades dependientes de la corporación insular. Las organizaciones adjudicatarias en las que los jóvenes desempeñarán su labor son la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, S.A.U., Servicios Municipales Sauzal, S.L. (SEMUSA), la Sociedad de Desarrollo de La Matanza de Acentejo, S.A.U. y la Empresa Pública Servicios del Ayuntamiento Los Realejos, S.L. (REALSERV). A estas se suman Gestión Empresas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Candelaria (EPELCAN), la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, S.L. (SINPROMI), la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de San Cristóbal de La Laguna, S.A.U. (MUVISA), el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. y la Institución Ferial de Tenerife, S.A. El listado se completa con la Empresa Insular de Artesanía, S.A., SPET, Turismo de Tenerife, S.A., la Fundación Canaria Tenerife Rural, la Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (Fundación Bioavance), Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO), el Auditorio de Tenerife, S.A.U., TEA Tenerife Espacio de las Artes, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. (ITER) y, finalmente, Servicios Municipales de Granadilla de Abona, S.L.

Santa Cruz de Tenerife acelera la recuperación de la UNIPOL y prevé su puesta en marcha antes de 2026

El alcalde José Manuel Bermúdez y la concejala Gladis de León durante la visita a la formación de la futura UNIPOL en Los Campitos
El alcalde José Manuel Bermúdez y la concejala Gladis de León durante la visita a la formación de la futura UNIPOL en Los Campitos / EDS

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife avanza en la recuperación de la Unidad de Intervención Policial (UNIPOL), cuya puesta en funcionamiento está prevista antes de que finalice el presente año.

En este contexto, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, ha visitado este miércoles, 17 de junio, las instalaciones policiales de Los Campitos, donde ha podido conocer de primera mano el proceso de formación e instrucción que están realizando los agentes que integrarán esta unidad especializada de la Policía Local.

Durante la visita, los responsables municipales han supervisado los distintos ejercicios y maniobras operativas incluidos en la preparación específica de los efectivos seleccionados para la UNIPOL, una formación orientada a reforzar la eficacia en actuaciones de seguridad ciudadana, prevención e intervención policial.

El regidor municipal, José Manuel Bermúdez, destacó que “la recuperación de la UNIPOL responde al compromiso de este Ayuntamiento con la seguridad de nuestros barrios y con la demanda de una mayor presencia policial por parte de la ciudadanía”.

Bermúdez recordó que recientemente ha dictado una instrucción para acelerar todos los trámites necesarios que permitan la puesta operativa de esta unidad antes de finalizar 2026: “Estamos trabajando para dotarla de los recursos humanos, materiales y logísticos necesarios para que vuelva a ser una referencia en materia de seguridad ciudadana”.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, subrayó que “la formación que están recibiendo estos agentes es fundamental para garantizar que la futura UNIPOL cuente con profesionales altamente cualificados y preparados para afrontar los retos que plantea la seguridad en una ciudad como Santa Cruz”.

Asimismo, la edil destacó que “la recuperación de esta unidad permitirá reforzar la presencia policial en los distintos barrios del municipio y aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones que requieran una intervención especializada”.

La visita permitió, además, conocer el trabajo que se viene desarrollando desde hace meses para la configuración de la nueva unidad, cuya actividad se desarrollará en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reforzando así el dispositivo de seguridad ciudadana en la capital tinerfeña.

La recuperación de la UNIPOL constituye una de las principales apuestas del Ayuntamiento de Santa Cruz para fortalecer la seguridad en el municipio, incrementando tanto la capacidad operativa de la Policía Local como la percepción de seguridad entre vecinos y vecinas.

Un helicóptero evacúa a una persona atrapada en los acantilados de Los Gigantes tras salirse de la ruta

helicóptero del GES
Helicóptero del GES / EDS

Los Bomberos de Tenerife llevaron a cabo este martes, en torno a las 14:00 horas, el complejo rescate de una persona en la zona de los acantilados de Los Gigantes (Santiago del Teide). El operativo se activó tras recibir un aviso en el 112 emitido por la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife. Ante la alerta, fueron requeridos efectivos con base en el parque de Guía de Isora, quienes actuaron en conjunto con el cuerpo de voluntarios de Santiago del Teide.

A su llegada al lugar, los profesionales de emergencias lograron acceder hasta la persona afectada, constatando que se había desviado del sendero trazado y se encontraba en una situación que le impedía continuar la marcha por sus propios medios. Una vez localizada y evaluada la dificultad del terreno, se determinó que la única vía segura de extracción era su evacuación mediante el uso de un helicóptero. En estas labores de salvamento también participaron de manera colaborativa los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

Sucesos en Arona

Asimismo, el cuerpo de extinción y rescate registró más incidentes en la zona sur de la isla durante la jornada de ayer. Alrededor de las 14:30 horas, los bomberos pertenecientes al parque de San Miguel de Abona tuvieron que intervenir para socorrer a un grupo de excursionistas. Los senderistas se habían desorientado mientras transitaban por la Montaña de Guaza, ubicada en el término municipal de Arona, requiriendo asistencia para regresar de manera segura.

Posteriormente, a las 19:20 horas, el mismo destacamento de San Miguel de Abona fue movilizado nuevamente tras registrarse un accidente de tráfico en la carretera General del Sur, específicamente a la altura del núcleo de El Mojón. Al personarse en el lugar, los bomberos comprobaron que el siniestro consistía en una colisión entre un turismo y una motocicleta.

Su intervención se centró en asegurar el perímetro del accidente, retirar los elementos estructurales de los vehículos que habían quedado dañados sobre la vía y proceder a la limpieza y eliminación de un vertido de aceite para restablecer la seguridad en la calzada. Este operativo contó con la participación de la Guardia Civil, la Policía Local, personal sanitario del SUC y el servicio de mantenimiento y limpieza de carreteras.Noticia relacionada:
ALT DE LA FOTOTragedia en Arona: Fallece un motorista en una grave colisión con un coche en El Mojón

El Informe de Sostenibilidad de Aqualia se corona en los Premios Dircom Ramón del Corral 2026

Yolanda Barahona (i) y Raquel López recogen el Premio Dircom al mejor informe de Sostenibilidad_
Yolanda Barahona y Raquel López recogen el Premio Dircom al mejor informe de Sostenibilidad / EDS

Aqualia, la empresa líder en la gestión el ciclo integral del agua, que opera en 32 municipios de Canarias, ha sido galardonada en la 9ª edición de los Premios Dircom Ramón del Corral, los prestigiosos premios que reconocen los mejores casos y prácticas de comunicación en España.

La compañía se ha impuesto en la categoría ESG – Memoria de Sostenibilidad por su informe correspondiente al ejercicio 2025: El hilo azul que nos une. En esta categoría, Aqualia ha logrado imponerse a proyectos de un alto nivel competitivo, como los de AstraZeneca España (con su propuesta HAZiendo horizonte por un futuro más sostenible) y Satlink (con Satlink 2025 Memoria de Impacto).

La entrega de premios se ha celebrado ayer, 16 de junio, en el Teatro Calderón de Madrid ante 600 invitados. El evento ha servido como punto de encuentro de los directivos de comunicación corporativa de las principales empresas e instituciones del país. 

Con la conquista de este nuevo galardón por El hilo azul que nos une, Aqualia vuelve a posicionarse a la vanguardia de la comunicación transparente y firmemente comprometida con los criterios de sostenibilidad del siglo XXI.

Presente en Canarias desde 1991

Aqualia forma parte de Canarias desde hace más de 35 años, cuando inició su actividad en marzo de 1991 con la gestión del agua en Tegueste y posteriormente en septiembre del mismo año en Puerto de la Cruz. Desde entonces, ha crecido de la mano del territorio hasta estar presente hoy, junto a su filial Entemanser, en 32 municipios del archipiélago.

Este recorrido no es solo una trayectoria empresarial, sino un compromiso firme con las islas y con las personas que viven en ellas. Aqualia y Entemanser son hoy una realidad profundamente vinculada a Canarias, integrada en su día a día y en el desarrollo de sus municipios.

Con un equipo de 472 profesionales, más del 90% canarios, la compañía trabaja cada día para garantizar un servicio esencial cercano, sostenible e innovador, contribuyendo al bienestar de la ciudadanía y al futuro de un territorio único en el mundo.

La Granadilla CUP Cadete convierte a Granadilla de Abona en epicentro del fútbol base nacional

Presentación de la Granadilla CUP Cadete
Presentación de la Granadilla CUP Cadete / EDS

Granadilla de Abona se convertirá del 19 al 21 de junio en el epicentro del fútbol base con la celebración de la Granadilla CUP Cadete, un torneo que nace con la vocación de consolidarse como una cita de referencia en el calendario nacional del fútbol formativo.

La iniciativa está organizada por la concejalía de Deportes que dirige Fredi Oramas, junto con la colaboración de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y la empresa pública Sermugran.

Durante tres jornadas, las instalaciones municipales de Francisco Suárez (Granadilla casco), La Palmera (San Isidro) y Hoya del Pozo (El Médano) acogerán de forma simultánea una intensa programación deportiva. En ella participarán algunas de las canteras más destacadas del país, junto a selecciones insulares y equipos de formación.

La competición reunirá a clubes de prestigio como el CD Tenerife, la UD Las Palmas, el Getafe CF, el Rayo Vallecano, el Deportivo de La Coruña, el CD Marino, la Escuela de Fútbol Santa Ana y la UD Matanza Culega, además de la Selección de Granadilla de Abona y la Selección de La Palma.

La Granadilla CUP nace con el objetivo de impulsar el deporte base y reforzar los valores asociados a la práctica deportiva. El torneo se disputará en formato de fase de grupos y fase final, con los equipos distribuidos en tres grupos y tres sedes diferentes.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, ha subrayado que la Granadilla CUP supone “una nueva apuesta deportiva de nuestro municipio por el deporte base y por la promoción de hábitos de vida saludables entre nuestros jóvenes”. En este sentido, ha destacado que “durante tres días tendremos la oportunidad de disfrutar de un torneo de gran nivel que reunirá a equipos de referencia del ámbito nacional y regional, además de nuestro representativo local de Granadilla”.

“Contaremos con la presencia de clubes tan destacados como el CD Tenerife y la UD Las Palmas, junto a otras importantes canteras del fútbol español. Este tipo de iniciativas nos permiten seguir fomentando la práctica deportiva entre la juventud y consolidar a Granadilla de Abona como un referente deportivo”, concluyó.

Por su parte, el concejal de Deportes, Fredi Oramas, ha señalado que desde el Ayuntamiento y el área de Deportes “hemos realizado una importante apuesta para hacer realidad este proyecto, que nace con vocación de continuidad y crecimiento”. Asimismo, ha destacado que el municipio será “sede de algunas de las mejores canteras del fútbol nacional en categoría cadete, ofreciendo a vecinos, visitantes y aficionados la oportunidad de disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel”.

Oramas ha invitado además a la ciudadanía a acercarse a las distintas sedes del torneo, “apoyar a los jóvenes deportistas y vivir de cerca una competición que convertirá a nuestro municipio en el epicentro del fútbol base durante todo el fin de semana”.

Más allá de su dimensión deportiva, la Granadilla CUP tendrá un impacto significativo en la actividad económica y social del municipio, con la llegada de jugadores, técnicos, familiares y aficionados procedentes de distintos puntos del archipiélago y del territorio nacional.

La Policía Local de Santa Cruz inicia 304 expedientes por vehículos abandonados

Vehículo estacionado en la vía pública
Vehículo estacionado en la vía pública / EDS

Durante el primer semestre del presente año, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un total de 304 expedientes administrativos destinados a la declaración de vehículos abandonados en el municipio. De esta cifra global, la corporación se ha visto obligada a archivar 209 expedientes, lo que representa el 68 por ciento del total, debido a que dichos automóviles no cumplían con la totalidad de los requisitos legales exigidos para certificar su estado de abandono y, consecuentemente, autorizar su retirada de las vías públicas.

A pesar de este volumen de archivos, la acción informativa y de gestión llevada a cabo por los agentes capitalinos ha permitido la retirada efectiva de 13 vehículos abandonados de las calles. Este procedimiento logra agilizarse de forma notable cuando los titulares de los vehículos optan por ceder el coche voluntariamente para su posterior destrucción y descontaminación en un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT). Esta vía alternativa evita posibles consecuencias administrativas o legales para los propietarios, permite la eliminación inmediata de un residuo sólido bajo condiciones de seguridad y facilita la liberación de plazas de aparcamiento en las vías urbanas. En la actualidad, existe además una decena de casos adicionales que se encuentran únicamente a la espera de la certificación de notificación a sus titulares para proceder a su eliminación del viario público.

La tramitación de estos procedimientos recae en los agentes adscritos al Grupo de Vehículos Abandonados (GRUVA) de la Policía Local. Su labor está sujeta a una compleja normativa cuyo eje central es el Real Decreto 06/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la cual especifica la definición legal de vehículo abandonado. A nivel local, también se aplica la Ordenanza Municipal Reguladora del Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados, fechada el 20 de marzo de 1998, normativa que queda siempre supeditada a la ley estatal de rango superior. Todo este marco legal garantiza la protección y los derechos de los propietarios frente a vehículos que aparentan estar abandonados, obligando a que cualquier retirada cumpla con un estricto procedimiento que incluye plazos de notificación, periodos para la presentación de alegaciones y la exigencia de que el estado y las condiciones del vehículo no varíen durante la tramitación.

Diariamente se recopila información sobre posibles situaciones de abandono gracias a la colaboración de la ciudadanía, avisos de otras instancias municipales y las propias unidades operativas de la Policía Local. Sin embargo, tras la correspondiente inspección, no siempre es posible certificar el abandono legal del automóvil. Factores como el tiempo que el vehículo lleve estacionado, su nivel de suciedad o la simple carencia de documentación obligatoria para circular, tales como la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), no son suficientes por sí solos para determinar el abandono a ojos de la ley.

Para que la retirada sea legalmente viable bajo la normativa estatal, es una condición obligatoria que el vehículo permanezca estacionado durante más de un mes en el mismo lugar exacto. Esta inmovilidad es un aspecto fundamental del proceso, ya que, si durante la tramitación del expediente de abandono el vehículo es desplazado a otra zona, el procedimiento en curso debe archivarse obligatoriamente para iniciar uno nuevo. Este requerimiento de inmovilidad es la causa principal de que el GRUVA acumule múltiples expedientes correspondientes a un mismo vehículo, lo que genera duplicidades administrativas y prolonga los plazos para su retirada definitiva.

Junto a la inmovilidad de más de un mes, la normativa exige el cumplimiento de otros requisitos, siendo un factor determinante que el coche presente desperfectos de tal magnitud que hagan imposible su desplazamiento por medios propios. De forma paralela a este proceso, y en el marco de la ordenanza municipal específica, la Policía Local realiza gestiones adicionales. Transcurrido un periodo superior a diez días de inmovilidad, los agentes proceden a proponer una sanción al titular del automóvil, manteniendo al mismo tiempo un seguimiento continuo de la situación del vehículo en la vía pública.

El gobierno de Granadilla acusa al PSOE de mentir sobre la Policía Local y saca pecho por la convocatoria de 20 nuevas plazas

Policía Local de Granadilla de Abona
Policía Local de Granadilla de Abona

El gobierno municipal de Granadilla de Abona (CC-PP-VOX) ha salido al paso de las recientes declaraciones del grupo socialista referentes a la situación de la Policía Local del municipio. El ejecutivo de coalición ha desmentido los señalamientos de la oposición, tildándolos de “falsas e interesadas”, y ha reivindicado las medidas adoptadas durante su mandato en materia de seguridad ciudadana y gestión del personal público.

Desde la administración local se ha subrayado que el actual equipo de gobierno ha sido el único que ha logrado culminar la negociación del acuerdo de funcionarios, un proceso que, según sostienen, se encontraba prácticamente paralizado en el momento en que asumieron la gestión institucional.

La portavoz del gobierno municipal, María Candelaria Rodríguez (CC), defendió la postura del ayuntamiento argumentando que “somos el único gobierno que ha culminado la negociación del acuerdo de funcionarios y quien más ha apostado por reforzar la Policía Local de Granadilla de Abona”.

La concejal explicó que el estado de las negociaciones al inicio de su gestión presentaba retrasos significativos. Al respecto, Rodríguez manifestó que “cuando accedimos al gobierno encontramos un acuerdo de funcionarios con más del 90% de su contenido pendiente de negociación. Por tanto, falta a la verdad quien habla de inacción o ausencia de diálogo, porque precisamente ha sido este grupo de gobierno quien ha asumido la responsabilidad de culminar un trabajo que llevaba años pendiente”.

En el desglose cronológico de las actuaciones, la portavoz recordó que los trabajos técnicos destinados al cálculo de las retribuciones correspondientes se iniciaron en abril de 2023. En esa misma fecha, se procedió a dotar económicamente la bolsa de contingencias con los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento de dichos pagos.

Asimismo, el informe gubernamental señala que durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025, bajo la anterior gestión de los socialistas, los avances en la mesa de negociación del acuerdo laboral apenas alcanzaron un 10% del total del documento. “Cuando llegamos al gobierno en 2025 respetamos ese trabajo realizado, pero fuimos nosotros quienes culminamos la negociación y dimos todos los pasos necesarios para que el área de Recursos Humanos trasladara el expediente y entrara en el proceso de fiscalización por parte del área de Intervención, fase en la que se encuentra actualmente”, detalló Rodríguez.

Por otro lado, el ejecutivo municipal rechazó de forma tajante las dudas vertidas sobre el estado de la seguridad pública en la localidad. En relación con este asunto, María Candelaria Rodríguez aseveró que “en ningún momento se ha dejado de velar por la seguridad de Granadilla de Abona. En todos los actos festivos, eventos y actividades organizadas se ha contado con los efectivos de Policía Local que se encontraban de servicio, así como con la colaboración y coordinación de la Policía Canaria, la Guardia Civil y los servicios de seguridad privada cuando ha sido necesario”. A estas declaraciones, la portavoz institucional añadió que “lo verdaderamente importante es garantizar la seguridad de nuestros vecinos y visitantes, y eso es algo que este gobierno ha hecho y sigue haciendo con responsabilidad y eficacia”.

Para fundamentar la defensa de su gestión, la representante del gobierno local hizo hincapié en el esfuerzo realizado para incrementar y mejorar los recursos del cuerpo de la Policía Local. Rodríguez aseguró que el compromiso del actual Ejecutivo se demuestra a través de hechos concretos y medibles. “Las pruebas son evidentes. Este gobierno municipal ha convocado las últimas 15 plazas de Policía Local y las 5 plazas de oficial de Policía, reforzando de forma significativa la plantilla y mejorando la estructura operativa del cuerpo”, destacó la portavoz durante su intervención.

A la ampliación de la plantilla de personal se suma el desarrollo de nuevos convenios de seguridad y coordinación técnica con el Gobierno de Canarias, junto con un plan de inversiones en recursos humanos y suministros materiales orientado a la modernización del servicio.

Entre las adquisiciones ejecutadas para el parque móvil y el equipamiento de los agentes se constata la incorporación de ocho motocicletas, la compra de un dron de vigilancia, dispositivos digitales con prestaciones todoterreno, chalecos antibalas individuales y dispositivos eléctricos de control que llevan incorporadas sus correspondientes cámaras de grabación, además de la renovación de la uniformidad oficial y la dotación de diverso material tecnológico de última generación.

Finalmente, las autoridades municipales enumeraron otra serie de actuaciones paralelas enfocadas a la mejora de la seguridad del municipio. Estas medidas incluyen el reforzamiento de la vigilancia contra el transporte irregular en el recinto del aeropuerto, la prestación de los servicios para la expedición del DNI y el pasaporte, las campañas de retirada de vehículos abandonados en las vías públicas, la instalación de sistemas de videovigilancia en los distintos cementerios municipales y la ejecución del proyecto general de cámaras de seguridad en el término municipal.

María Candelaria Rodríguez concluyó la exposición del gobierno local afirmando que “mientras algunos se dedican a generar polémicas estériles, este grupo de gobierno continúa trabajando, invirtiendo y mejorando los recursos de la Policía Local para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y garantizar la seguridad de nuestro municipio”, ha dicho.