El grupo municipal del PSOE en San Miguel de Abona ha formalizado una demanda judicial contra el Plan General de Ordenación Supletorio impulsado por el equipo de gobierno de Coalición Canaria. La medida adoptada por los socialistas responde a los graves perjuicios que, según denuncian en su escrito, el nuevo planeamiento urbanístico está ocasionando a los residentes, al generar una profunda inseguridad jurídica y afectar directamente a propiedades plenamente consolidadas en el municipio.
La principal controversia del documento radica en la modificación técnica de la clasificación del suelo. Los socialistas aseguran que terrenos que históricamente contaban con la categoría de urbanos han pasado a ser considerados rústicos bajo la nueva normativa municipal. Este cambio ha derivado en que numerosas viviendas queden catalogadas como “fuera de ordenación”, una situación de irregularidad sobrevenida que ha desencadenado un clima de fuerte preocupación e incertidumbre entre las familias afectadas.
Ante este escenario, el portavoz de la formación socialista en el Ayuntamiento, José Carlos Rodríguez Rodríguez, ha calificado el impacto de la medida como un “auténtico desastre para muchas familias de nuestro municipio”. En su intervención, el edil detalló la frustración de los residentes al afirmar: “Estamos hablando de vecinos y vecinas que durante años tenían sus propiedades en suelo urbano y ahora ven cómo pasan a ser rústicas o quedan fuera de ordenación sin respuestas claras por parte del gobierno municipal”.
La oposición a este planeamiento, no obstante, ha trascendido la esfera estrictamente política. Según los socialistas, ya hay empresas y particulares afectados que también han optado por la vía judicial para recurrir el documento urbanístico, un hecho que, para el partido en la oposición, evidencia la carencia de un proceso participativo adecuado. “Cuando tantas personas recurren un plan general, el problema no es de la ciudadanía. El problema es un gobierno de Coalición Canaria que ha aprobado un documento de espaldas a la gente, sin diálogo suficiente y sin pensar en las consecuencias reales que esto tiene para el futuro de San Miguel de Abona“, aseveró Rodríguez.
Desde el PSOE sostienen que cualquier planificación urbanística debe estructurarse obligatoriamente sobre los pilares de la seguridad jurídica, el equilibrio territorial y el respeto a las personas que desarrollan su proyecto de vida en la localidad. Consideran de extrema gravedad que un texto normativo tan determinante haya salido adelante sin el consenso necesario y sin atender a los sectores perjudicados.
Con la judicialización de este conflicto, la formación busca revertir los efectos del plan mientras garantiza la defensa legal de los afectados. “Nosotros vamos a defender a la gente de nuestro pueblo donde haga falta y, si tenemos que acudir a los juzgados para proteger los derechos de nuestros vecinos y vecinas, lo vamos a hacer”, concluyó el portavoz socialista, garantizando que su agrupación seguirá “utilizando todas las vías necesarias para defender los intereses de la ciudadanía”.
