El municipio de Granadilla de Abona encara la inminente temporada estival con un escenario calificado de “crítico” en materia de seguridad ciudadana. La localidad ya ha experimentado varias madrugadas sin servicio de Policía Local debido a la escasez de efectivos, una situación que amenaza con agravarse de cara a los próximos meses ante el aumento demográfico propio de la actividad turística. Así lo han advertido las federaciones sindicales de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias y UGT Canarias, que ostentan el 78 por ciento de la representación de los funcionarios municipales, alertando sobre la vulnerabilidad en la que queda la región sureña.
El detonante inmediato de esta falta de vigilancia nocturna es la interrupción de las horas extraordinarias voluntarias que los agentes realizaban para parchear una carencia estructural histórica. Según explican las centrales, el pasado 18 de mayo la plantilla acordó en asamblea cesar la prestación de estos turnos adicionales como medida de protesta ante un conflicto laboral enquistado, subrayando que el problema no reside en una falta de implicación por parte de los trabajadores. El origen de la disputa —explican los sindicatos— se encuentra en el impago parcial del complemento específico entre los años 2019 y 2022, periodo en el que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, bajo la administración de CC-PP, aplicó un valor por punto inferior al establecido. Esta irregularidad ha generado una deuda media que supera los 2.000 euros por agente, con montantes cuyos orígenes se remontan a más de seis años atrás.
A esta reclamación económica se suma el estancamiento de sus condiciones de trabajo, ya que el cuerpo continúa rigiéndose por un acuerdo del año 2006. En la actualidad, el nuevo convenio, a pesar de estar ya negociado y firmado, lleva siete meses a la espera de ser aprobado por la corporación municipal que administra CC-PP-VOX. Los sindicatos insisten en que el servicio ordinario diurno continúa operando con absoluta normalidad y aseguran que la finalidad de hacer pública esta denuncia no es crear alarma entre la población, sino trasladar con transparencia una realidad que compromete la convivencia en el municipio.
El impacto territorial de estas deficiencias resulta especialmente sensible en un enclave de la magnitud de Granadilla. Aunque el censo oficial registra 58.752 habitantes empadronados, la población real que asume el municipio se eleva hasta las 70.000 personas al contabilizar la población flotante, los residentes no inscritos y los visitantes. A esto hay que sumar la gran extensión geográfica del territorio, la dispersión de sus diferentes núcleos poblacionales, la constante actividad del Aeropuerto de Tenerife Sur y la intensa vida en sus espacios públicos. La problemática trasciende además las fronteras locales, ya que Granadilla actúa como punto de referencia policial durante las noches para toda la comarca, puesto que los municipios colindantes —asegura FSC-CCOO y UGT— “no disponen de Policía Local durante la noche”.
En términos estadísticos, el desajuste de recursos humanos es evidente. Según las cifras aportadas por los sindicalistas, en la actualidad, el Ayuntamiento dispone de 56 policías locales, de los cuales únicamente 43 prestan servicio operativo en la calle para intentar cubrir las necesidades de vigilancia las 24 horas del día durante los 365 días del año. Sin embargo, el Decreto 75/2003 de coordinación de Policías Locales de Canarias dictamina que una localidad con las singularidades de Granadilla requeriría una plantilla aproximada de 129 agentes. Esta divergencia pone de manifiesto que el municipio arrastra un déficit de más de 70 efectivos, una cifra que contrasta con el hecho de que en las últimas dos décadas la población se ha duplicado prácticamente mientras el cuerpo policial que patrulla las calles de la comarca “apenas ha variado”.
Ante esta situación, miles de ciudadanos quedan desprovistos de su primera línea de protección e inmediatez cuando ocurren accidentes de tráfico, alteraciones del orden, emergencias sanitarias o episodios de violencia de género. Por todo ello, las organizaciones sindicales reclaman al consistorio granadillero “un plan serio” y urgente de ampliación de efectivos que aproxime los números a las exigencias de la normativa autonómica y ponga fin a la desprotección nocturna. “La seguridad de casi 59.000 vecinos, que en verano se convierten en alrededor de 70.000 personas, no puede depender de que 43 agentes hagan el trabajo de una plantilla de unos 130”, sentencian los representantes laborales.Noticia relacionada
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