Un severo colapso institucional mantiene paralizado el proceso de regularización extraordinaria para la gran mayoría de las personas migrantes en el archipiélago canario. Según los datos trasladados por la formación política Podemos Canarias, hasta el 80% de los ciudadanos potencialmente beneficiarios en las islas se encuentran actualmente bloqueados por obstáculos burocráticos totalmente ajenos a su voluntad. Ante este escenario de saturación, la organización ha reclamado formalmente al Gobierno de España una ampliación inmediata de los plazos de presentación, proponiendo como nueva fecha límite el próximo 30 de septiembre para evitar que miles de residentes queden excluidos.

El procedimiento, que nació con un fuerte respaldo social avalado por más de 700.000 firmas ciudadanas bajo la premisa de garantizar la justicia social, afronta el riesgo de transformarse en una nueva frontera administrativa. A pesar de que el Estado español reconoce el derecho a regularizar la situación de aquellos extranjeros que ya residen y trabajan en el país, la escasez de medios, la saturación de las oficinas y los fallos en el sistema informático amenazan con invalidar el acceso efectivo de miles de solicitantes.

Las dimensiones de esta paralización quedan reflejadas en las estadísticas a nivel nacional recopiladas por la formación morada. En todo el Estado se han registrado cerca de un millón de solicitudes de regularización, un volumen histórico que supera ampliamente las previsiones iniciales de la Administración y rebasa las cifras del proceso extraordinario desarrollado en el año 2005. Sin embargo, la capacidad de absorción del sistema se muestra insuficiente, ya que solo unas 360.000 solicitudes han conseguido ser admitidas a trámite, lo que deja a cerca de 640.000 expedientes atrapados en un limbo administrativo sin resolver.

El ritmo actual de entrada de documentos agrava la situación diariamente, pues se reciben en torno a 16.600 peticiones por jornada frente a las escasamente 6.000 que los funcionarios logran tramitar. Este desfase genera un retraso estructural acumulado de más de 10.000 expedientes cada veinticuatro horas, provocando que el compromiso inicial de resolver las solicitudes en quince días se haya dilatado hasta alcanzar los tres meses, elevando la vulnerabilidad social y la incertidumbre de los afectados.

En el ámbito específico de las Islas Canarias, la problemática adquiere tintes de mayor gravedad debido a las particularidades insulares. El principal obstáculo detectado en el territorio es la obtención del certificado de vulnerabilidad exigido por la normativa reguladora, el cual se ha constituido como el mayor cuello de botella para la población migrante.

Los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos se encuentran desbordados y se constata una ausencia de instrucciones homogéneas por parte del Ministerio competente. A esto se suman las dificultades derivadas de la brecha digital y las barreras lingüísticas que sufren los usuarios. Esta falta de coordinación por parte del Ejecutivo central ha provocado que las administraciones locales canarias y diversas entidades del tercer sector se vean obligadas a asumir tareas de gestión para las que carecen de competencias formales y de los fondos económicos necesarios.

Esta falta de fluidez en el acceso a los canales oficiales ha propiciado la aparición de redes organizadas y mafias que se lucran con la necesidad de los solicitantes. Estos grupos se dedican a la reventa en el mercado negro de citas previas obligatorias para los trámites administrativos, cobrando tarifas ilícitas que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros. Desde la formación política se insiste en que un procedimiento de carácter público bajo ningún concepto puede quedar supeditado a dinámicas del mercado ilegal ni permitir que la falta de recursos económicos opere como un factor de exclusión social.

Por otro lado, los argumentos esgrimidos para defender la ampliación de la medida no solo se fundamentan en la protección de los derechos humanos, sino también en el impacto macroeconómico positivo. Basándose en estudios especializados en la materia, Podemos Canarias apunta que la incorporación formal de cada persona al sistema administrativo representa una aportación neta superior a los 3.250 euros anuales para las arcas públicas.

Este beneficio se canaliza de forma directa mediante el pago de impuestos recaudados y las cotizaciones sociales, lo que contribuye a la sostenibilidad de la Seguridad Social, al tiempo que ejerce un control efectivo contra la economía sumergida y debilita las estructuras de explotación laboral que prosperan al amparo de la irregularidad administrativa.

La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana, se ha mostrado contundente ante la situación y afirmó: “No podemos permitir que miles de personas queden fuera por culpa de una Administración colapsada. La burocracia no puede convertirse en una frontera invisible que niegue derechos fundamentales a quienes ya forman parte de nuestra sociedad”.

En su intervención, la representante política recordó el contexto geográfico de la comunidad autónoma al añadir: “Canarias conoce mejor que nadie las consecuencias de la desprotección. El Gobierno del Estado tiene instrumentos legales para actuar y debe hacerlo antes del 30 de junio. Prorrogar el plazo no es una concesión: es una obligación democrática y jurídica”.

Para dar viabilidad legal a su propuesta de ampliación, el partido evoca el marco legislativo vigente, concretamente el Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho precepto faculta la prórroga de los plazos fijados cuando concurren circunstancias de carácter extraordinario y siempre que no se afecten de forma negativa los derechos de terceras personas.

Según argumentan, la saturación física de las dependencias públicas, la indisponibilidad de citas, los retrasos crónicos en los trámites consulares de origen y los desafíos logísticos propios de la insularidad justifican plenamente la aplicación de este recurso excepcional.

Por todo ello, instan de manera directa al Consejo de Ministros a aprobar por la vía de urgencia la mencionada prórroga hasta el 30 de septiembre y a dotar de forma simultánea los refuerzos de personal humano y herramientas tecnológicas indispensables para evitar que ningún solicitante vea vulnerados sus derechos por un retraso administrativo.