Los okupas son definidos como un movimiento radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados. Bueno, no sólo lo amparan teóricamente o como sucedáneo de una ideología populista, caduca y empobrecedora, sino que lo hacen efectivo de manera diaria, descarada y desvergonzada. Lamentablemente está de moda por culpa de unos políticos irresponsables e irreverentes hacia un derecho fundamental como es la propiedad privada, amparada definitivamente en España, que no olvidemos nunca se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, además de garantizar la seguridad y promover el bien común.

Nuestra Constitución de 1978, un hito histórico que cuenta ya con cuarenta y siete años de vigencia, en su Título I, que trata de los derechos y deberes fundamentales, especifica en su artículo 33 que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, añadiendo que la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes, dejando clarito que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque no lo dicen públicamente por responsabilidad y disciplina, están literalmente hartas, por lo menos a nivel personal, de tener que intervenir en estas acciones y no poder contar con los medios normativos o legislativos apropiados para hacer valer lo justo. Se ven indefensas ante la indefensión, perdón por la redundancia, de personas o familias que ven allanadas, literalmente, entrar en casa ajena contra la voluntad de su dueño, irrumpiendo e invadiendo lo ajeno.

En nuestro país se ha convertido en lo más cotidiano, pudiendo llegar a convertirse en una modalidad más de la “marca España” o “typical hispanic”. Además, para más recochineo, identificado oficialmente por el Ministerio del Interior, éste señala que, en el año 2023, se produjeron más de quince mil casos de ocupación ilegal, haciendo pasar a los propietarios por verdaderos calvarios, que también llevan implícitos verdaderos martirios, suplicios, penalidades, sufrimientos, adversidades, dolores, trabajos y avatares, lo que hace todo unido un vía crucis laico.

Es tan esperpéntico lo que ocurre, es decir, una situación especialmente grotesca o estrafalaria, que los propios okupas, por cierto, ya cuasi profesionales del asunto, porque se saben la legislación más que un magistrado miembro del Tribunal Supremo o del Constitucional, que entre ellos mismos existe el miedo de ser a su vez okupados, por lo que cuando proceden a entrar en la propiedad privada de otro, por lo menos uno del clan nunca sale de la misma, por miedo a ser víctima de sus propios congéneres. También hay que señalar la violencia no sólo psíquica que produce, sino el material, incluyendo destrozos, amenazas o cualquier otra intimidación hacia el dueño legitimo de lo cogido por sorpresa. Es el mundo al revés.

Lo dañino de la okupación, también lo han padecido los que en su día la defendieron, la impulsaron y la aplicaron, subliminalmente o como un subterfugio puesto en la Ley. Pasó un caso concreto en Barcelona, donde una dirigente significativa de aquel partido político morado que se llamaba Podemos, escribo en pasado, porque no se si existe actualmente como organización política con vitalidad o respiración suficiente o sólo quedan algunos ejemplares cobrando gustosos salarios en el Parlamento Europeo, en el Congreso o en cualquier otra entidad, que mostró su indignación con la ocupación de su vivienda, diciendo públicamente que “no tengo palabras”. Pues queda todo dicho. Óscar Izquierdo.