Canarias tendrá en 2027, por primera vez, un presupuesto inicial superior a los 1.000 millones de euros para políticas sociales. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias dispondrá de 1.034,98 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,5 % respecto al presupuesto inicial de 2026, con 197,24 millones adicionales destinados a reforzar la protección social, la atención a las personas y la garantía de derechos. Según el Gobierno autonómico, las cuentas buscan dotar de recursos estables a los servicios públicos y a las prestaciones dirigidas a la ciudadanía, con especial atención a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.

La consejera del área, Candelaria Delgado, detalló las cifras en comparecencia parlamentaria y aseguró que esta evolución permite consolidar en el presupuesto ordinario servicios y prestaciones que afectan directamente a las condiciones de vida de cientos de miles de personas. “Canarias contará con el mayor presupuesto social de su historia, pero la importancia de estas cuentas no se encuentra únicamente en superar los 1.000 millones. Lo fundamental es que ese crecimiento se traduce en más derechos reconocidos, más prestaciones y una red pública con mayor capacidad para atender a las personas que necesitan apoyo”, afirmó.

El departamento sitúa el alcance del aumento en el conjunto de la legislatura. Si se excluyen los fondos europeos temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los recursos ordinarios y estructurales de la Consejería han pasado de 642,51 millones de euros en 2023 a 1.033,98 millones en 2027, un incremento de 391,17 millones, equivalente a un 60,9 % más de financiación estable.

Junto a esa evolución, la Consejería afirma haber mantenido la ejecución presupuestaria por encima del 90 %. En 2025, último ejercicio cerrado, ejecutó 914,49 millones de euros, más de 200 millones por encima del presupuesto inicial de aquel año. Además, hasta octubre de 2026 se habían incorporado más de 390 millones mediante modificaciones presupuestarias, lo que, según el departamento, refleja su capacidad para ampliar los recursos disponibles y responder a las necesidades de las distintas áreas. Delgado subrayó al respecto que “los fondos externos no se quedan en una cifra contable, sino que se transforman en prestaciones, servicios, profesionales e inversiones dirigidas a la ciudadanía”.

La atención a la dependencia es una de las áreas que más crece. La Dirección General de Dependencia contará en 2027 con 567,15 millones de euros, 177,65 millones más que el ejercicio anterior y un 120,8 % más que al inicio de la legislatura. El Ejecutivo vincula este refuerzo económico a mejoras en la gestión administrativa, entre ellas la implantación del procedimiento monofásico, que ha permitido reducir de forma significativa los tiempos de tramitación e incorporar a más personas y más ayudas a las familias. En su opinión, la mejora de los procedimientos y el aumento de los recursos son dos elementos fundamentales para avanzar hacia un sistema de dependencia con mayor capacidad de respuesta y una atención más ágil.

En el área de Servicios Sociales, la Renta Canaria de Ciudadanía recibirá 113,33 millones de euros, con un incremento del 30 % en su cuantía acumulada. A ello se suma que el pago de oficio del complemento anual de 400 euros para las 43.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas continuará, al incorporarse al articulado de la ley presupuestaria.

Infancia y Familias tendrá 125,52 millones de euros, un 20,04 % más que en el ejercicio anterior. El Gobierno canario indica que este aumento permitirá reforzar las políticas de prevención e intervención sociofamiliar para proteger a niños, niñas y adolescentes y favorecer que puedan permanecer en su entorno familiar siempre que sea posible y adecuado.

Las políticas dirigidas a las personas mayores consolidan su estructura propia a través de la Dirección General de Mayores, que dispondrá de 20,94 millones de euros para desarrollar el marco de envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada mediante la estrategia Maresía.

El Instituto Canario de Igualdad mantendrá una dotación ordinaria de 14,75 millones de euros. El presupuesto incorpora además una garantía para las mujeres víctimas de violencia machista: las ayudas económicas destinadas a este colectivo tendrán la consideración de créditos ampliables. Según el Gobierno, esta medida permitirá que ninguna mujer que reúna los requisitos establecidos se quede sin protección por falta de disponibilidad presupuestaria y reforzará la capacidad de respuesta de la Administración ante la violencia machista.

Con estas cuentas, el Ejecutivo canario sitúa por primera vez a la Consejería por encima de los 1.000 millones de euros iniciales y refuerza la financiación de ámbitos como la dependencia, la atención a la infancia, la protección económica de las familias, el envejecimiento activo y la igualdad.

La propia consejera reconoció que quedan tareas pendientes. “Queda trabajo por hacer. Debemos continuar reduciendo los tiempos de espera, mejorar la atención territorial, culminar el Espacio de Datos de los Servicios sociales de Canarias y desplegar el concierto social. Pero la evolución de esta legislatura demuestra que las políticas sociales se han situado entre las principales prioridades del Gobierno de Canarias y que los derechos reconocidos cuentan hoy con una financiación muy superior a la de 2023”, concluyó.