Por Pedro M. González Cánovas.
La Ley del Suelo de Canarias reduce los controles sobre la urbanización del territorio. Los precursores alegan que había una “maraña legislativa”, pero lo cierto es que muchos atentados urbanísticos se frenaban por entes superiores a la institución que lo autorizaba o promovía. A partir de ahora se considera soberano el Cabildo o Ayuntamiento que lo autorice en primera instancia. ¡Cuánto peligro!
Sin duda, dicha legislación está hecha a la medida de quienes apuestan por el trabajo en la construcción. En realidad, “el ladrillo” o la construcción no es un sector económico específico, pero acapara un número considerable de mano de obra sin formación y supone un respiro para mitigar el desempleo, o así lo venden. Aunque ya sabemos que sus promesas de empleo siempre, siempre, se han quedado cortas y acaban defraudando a quién espere que la gestión política local le permita sacar la cabeza para respirar: eso no pasa ni con pequeños o medianos empresarios, y menos con los trabajadores.
De todas formas, el territorio es un espacio limitado y la construcción no puede eternizarse como desahogo económico; y no cabe duda que esta sería la solución fácil para ocupar a un sector de trabajadores con escasa o ninguna formación, es pan para hoy y hambre para mañana. Si de verdad preocupara el acceso al trabajo, la pobreza…, habría que afrontar la necesidad de formación laboral y reorientar la economía con miras de futuro. La Ley del Suelo es solo un parcheo, que podría dañar irremediablemente el territorio y agotar uno de nuestros mayores bienes; que no es otro que el medioambiente natural y el actual aspecto de nuestra fauna y flora.
Ahora, el Parlamento de Canarias tiene autoridad de legislación sobre la gestión del territorio. A no ser que un Ministerio español (ya sea Fomento, Defensa, etc.) pretenda instalar un radar, un cuartel, o cualquier cosa que se pueda considerar necesaria en Madrid; entonces, Canarias vuelve a perder la voz y España a actuar como el Estado colonialista de hoy y siempre.
Pero puede haber algo peor que ese ejercicio colonialista, darles poder a sus colaboradores; aburguesados mercantilistas que buscan el beneficio inmediato a costa de sacrificar el futuro de su propio país. Así es la propuesta de Ley del Suelo de Coalición Canaria. Con ella se eliminan los filtros que antes, ayuntamientos y cabildos, encontraban en instancias superiores. Además, autoriza a explotar turísticamente un 10% del suelo rural. Promueve una especie de competición municipal, entre los 88 ayuntamientos canarios, facilitando el enriquecimiento rápido de unos pocos, a cambio de unos puestos de trabajo puntuales (mientras dura la obra) o unos poquititos en el sector servicios, en los establecimientos turísticos, que no mejoran la media de formación de los trabajadores canarios ni favorece a los mejor formados. Con esta Ley del Suelo, Canarias va a ser más destrozada medioambientalmente, y sus habitantes seguirán siendo manipulables, por tener una formación muy baja, fomentada, sin duda, por las políticas actuales. Y al que tenga o esté en proceso de alcanzar mayor formación, le animarán a que emigre a buscar trabajo fuera.
Por otro lado, al dispararse el espacio de suelo construible y la posibilidad de adquisición de licencias, se abona el terreno para la especulación y la corrupción política-empresarial. Así no se pierde la imagen de la política corrupta del Archipiélago. Y, por supuesto, es posible que se cree otra burbuja inmobiliaria a nivel Canarias; porque el mercado inmobiliario va a engordar desmesuradamente y no se podrán controlar los precios del suelo construido o con acceso a nuevos permisos para fabricar.
No vamos a esperar las sentencias de una justicia tan lenta como la española, que ejecuta al borde de la prescripción o más allá. No podemos permitir que el territorio quede irremediablemente dañado. No nos vamos a vender por unas pocas migajas, ni por un poco más. No vamos a aceptar que se construyan más tramas corruptas a costa de nuestra tierra, de nuestro medioambiente, y se sacrifique nuestro futuro desde el oscurantismo de nuestra institución principal. Así que, en vista de que nos han vuelto a robar el poder de gobierno y el mercantilismo canario -con el beneplácito colonialista español- pretende volver a atentar contra Canarias, hemos de volver a manifestar en las calles nuestra firme oposición a esta nueva forma de corrupción.
La responsabilidad vuelve a ser nuestra; no solo por permitir que los de siempre hayan rentabilizado las urnas, sino porque el futuro lo construimos todas las personas, no solo quienes alcanzaron cuotas de poder político.