La ADSPC apoya la demanda judicial presentada por la Intersindical Canaria contra los conciertos sanitarios así como el llamamiento a la movilización.
Los recortes de los últimos años se han traducido en una disminución importante del número de profesionales sanitarios (personal médico, de enfermería, auxiliares, etc). La disminución de personal ha ido unida al cierre de dispositivos asistenciales (camas hospitalarias sobre todo). Canarias es la región con mayor porcentaje de centros hospitalarios privados de todo el Estado español. El 57,9% de los hospitales canarios son privados con ánimo de lucro, mientras que solo el 36,8% son públicos. Así se recoge en el catálogo anual de hospitales 2016 elaborado por el Ministerio de Sanidad, con datos recopilados a 31 de diciembre de 2015. Tal desarrollo de la sanidad privada debe mucho al dinero público transferido anualmente mediante los llamados convenios singulares o conciertos sanitarios. 269 millones de euros en este año 2017 en conciertos para la realización de actividades sanitarias que podrían llevarse a cabo en el Servicio Canario de Salud.
Creemos que se da una incompatiblidad radical entre el cierre de camas en los hospitales de titularidad pública y la generalización de la figura del concierto sanitario con centros sanitarios privados y, por lo tanto, con la obligación de mantener la Sanidad como Servicio Público, tal y como contempla la Constitución e incompatibilidad con la normativa legal que exige que antes de cualquier concierto el sector público debe estar al 100% de su rendimiento.
Las actividades de contenido predominantemente social son competencia y responsabilidad de los poderes públicos que no son sólo “garantes”, sino que también son y deben seguir siendo “prestadores” con sus propios medios, es decir, a través de centros y establecimientos de titularidad pública y gestión directa. Mediante la celebración de conciertos, el SCS ha contratado la realización de procedimientos quirúrgicos con el objeto de reducir las listas de espera con empresas titulares o gestoras de centros hospitalarios que no están incluidos en la red de hospitales del SCS, aunque los hospitales del SCS tienen capacidad para realizar estos procedimientos, máxime si no se cierran camas de los hospitales del SCS ni siquiera en los meses de verano. Solo puede contratar servicios sanitarios con los centros hospitalarios que no pertenezcan al SCS, en caso de que los hospitales del SCS no sean suficientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.1 de la Ley 14/1986, General de Sanidad.
En ninguno de los expedientes de contratación, el SCS justifica de forma expresa el carácter excepcional de la contratación de servicios sanitarios. La revisión de los conciertos es desde hace años una prioridad incumplida en la sanidad canaria. Gran parte de los conciertos se firmaron en época preconstitucional y han sido renovados año a año, pese a que en sus cláusulas solo se permitía una única prórroga anual. Tampoco se establece en los mismos el control de la atención, por lo que la administración no inspecciona si las clínicas beneficiadas cumplen con los requisitos mínimos para prestar el servicio y si lo hacen en las condiciones adecuadas.
Todo ello fue objeto, por parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y de otros colectivos sanitarios y sociales, de una propuesta de regulación en una Ley de Salud y Sanidad, planteada a través de una ILP que aún espera en el Parlamento de Canarias para ser tramitada de modo que sirva para propiciar un mínimo acuerdo en torno a las cuestiones básicas para la asistencia sanitaria y la salud pública.
¿Que fue del equipo técnico que el Consejero Jesús Morera puso en marcha para revisar los conciertos con la sanidad privada, prorrogados año a año durante décadas sin mediar concursos públicos, incumpliendo la legalidad vigente?. Estos costosos y casi siempre innecesarios conciertos, han condicionado el crecimiento de la sanidad pública de Canarias, considerada una de las peores del Estado español (Informes FADSP 2009-2016) y ni siquiera han servido para disminuir sus enormes listas de espera.
Por todo ello, no podemos sino congratularnos de que lo que hasta ahora ha sido predicar en el desierto, por lo menos pueda ser sustanciado en la vía judicial para que del presupuesto de conciertos con los centros privados se puedan dedicar fondos a la puesta en marcha de las camas cerradas de los hospitales que configuran la red de asistencia hospitalaria de titularidad pública del SCS, así como a la contratación del personal correspondiente para atender a las necesidades que conllevaría su puesta en funcionamiento. Eso por lo menos, para empezar. También hacemos nuestro el llamamiento a que todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas se adhieran a la demanda y a cuantas otras acciones de presión y movilización se puedan desarrollar, para obligar al Gobierno de Canarias a mejorar el sistema sanitario público en nuestras islas.
