El día de hoy alrededor de 40 familias que vivían de okupa en un edificio de La Jurada, en San Isidro, se vieron fuera de este recinto después que por orden judicial fueran desalojados por 43 agentes, entre miembros de la Guardia Civil y de la Policía Local de Granadilla, el edificio es propiedad del Banco de Santander.

Mientras que el Ayuntamiento de granadilla saca un comunicado informando que el edificio es propiedad de una entidad bancaria y que se trata de una ejecución y una orden judicial.

Por parte del Consistorio, la Concejalía de Servicios Sociales que dirige María de la O Gaspar, se procedió desde primera hora a poner un equipo de menores y de mayores que atendiera las incidencias y las necesidades concretas, y además, se han iniciado contactos con las demás administraciones supramunicipales y la propia Dirección General de Vivienda, para buscar una solución.

“Desde el Ayuntamiento se ha estudiado cada uno de los casos, y desde hoy mismo ya se ha ofrecido la alternativa de hospedaje en un hotel de la zona a uno de los casos de mayor vulnerabilidad, porque el resto ya se han alojado con sus familias, hasta que se pueda dar una salida entre todas las administraciones”.

El portavoz de Izquierda Unida de Granadilla, Félix Hernández, critica fuertemente esta medida, “hoy, el Banco Santander, ese que compra bancos por 1€, ese que fue rescatado con dinero público, ese que estafa y engaña. Echó esta mañana, con la connivencia del Gobierno de Canarias,  a 39 familias con menores a su cargo… sin alternativa habitacional. Esto sí es un crimen y un delito”

Anunció que mañana 21 de junio a las 11 de la mañana se convoca a una concentración en presidencia de gobierno, en el bunker, para mostrar nuestra repulsa ante el desalojo de estas 39 familias sin alternativa habitacional, por una solución ya, y contra la criminalización de la pobreza que hacen las entidades financiera con la ayuda del gobierno

Por otra parte el partido político Podemos critica la falta de alternativa para las familias con menores desalojadas en San Isidro.

Julio Concepción tilda de preocupante la inactividad del Cabildo hacia este drama social, “ni siquiera hay plan de urgencia para estas familias”.

El grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife insta a abrir debate institucional y político responsable sobre el drama de la vivienda que afecta a demasiadas familias de la Isla y sobre la incapacidad de las administraciones públicas para dar respuesta a situaciones de emergencia como la de las 41 familias que han sido desalojadas este martes por orden judicial del edificio de viviendas que habían ocupado en San Isidro (Granadilla de Abona) a raíz de la crisis que tanto empobrecimiento ha generado desde 2007.

La formación política remarca que es una irresponsabilidad que las administraciones públicas (ayuntamientos como el de Granadilla, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias) sigan sin tomar conciencia real de la gravedad de este problema. “La realidad es que decenas de familias con menores se han quedado sin un techo este martes y que las administraciones de la Isla no tienen ninguna solución que ofrecerles”, critica el consejero de Podemos Julio Concepción.

“Es urgente implementar un plan integral de atención a las familias que están padeciendo la exclusión residencial y social, abordando el drama de los desahucios de manera integral, pues esta problemática va asociada al desempleo y a la falta de recursos mínimos para tener una vida digna”. “Nos tememos que, sin embargo, la marca de la casa de administraciones como el Cabildo, va a ser seguir siendo mirar para otro lado en beneficio de las entidades financieras”, subraya el consejero de Podemos.

Añade que para este grupo, “es realmente preocupante ver la falta de sensibilidad con la que los responsables políticos han afrontado este desalojo masivo de familias que afecta a menores, personas enfermas y mayores que han sido echados a la calle”.

El problema de la vivienda en esta Isla no afecta solo a las personas que no pueden costearse un hogar, recuerda Concepción, “sino a toda la sociedad tinerfeña, pues difícilmente podremos prosperar si una parte tan importante de nuestra ciudadanía queda condenada a la exclusión social más absoluta, sin siquiera poder disponer de un techo digno”. Y recuerda que estudios recientes señalan que más de un 35 por ciento de las familias canarias están en riesgo de pobreza, “por lo que hay mucha población que puede perder su vivienda, mientras nuestra clase política sigue llevando a cabo políticas criminales que niegan el derecho a una vivienda digna, actuando sin recato en contra de lo que recoge nuestra Constitución”. Agrega que “no se trata solo de solidaridad, sino también de sentido común”. “Consintiendo esta exclusión, contribuimos a generar más pobreza y conflictividad social que nos pasa factura hoy y que se agudizará con el paso de los años”, destaca.

En sintonía con su grupo, exige medidas inmediatas a todas las administraciones públicas para crear el plan integral de atención a las familias en situación de ocupación y de exclusión residencial. “Es hora de que todas las administraciones se sienten para buscar soluciones reales y eficaces, propiciando medidas como la del alquiler social en inmuebles afectados por embargos de la banca”. “No en vano tenemos que recordar que los gobiernos de este país han regalado más de 66 mil millones de euros de dinero público a las entidades financieras a cambio de echar a la calle a familias, muchas con menores”.

Concluye que este viernes trasladará estas cuestiones a la directora insular de Vivienda durante una reunión que ha solicitado para abordar esta problemática junto a representantes políticos de Izquierda Unida y el coordinador de la plataforma de familias afectadas por desahucios en Granadilla.

La organización ecosocialista, Sí se puede, critica la falta de compromiso de las instituciones canarias con la ciudadanía sin vivienda mientras se rescata a la banca.

“El contraste entre la realidad social y los intereses de las instituciones públicas se vio hoy claramente reflejado cuando el Banco de Santander contó con el  apoyo de las fuerzas del orden para dejar sin techo a más de 40 familias, algunas de ellas, con menores, mientras se ha hecho público recientemente que el Estado da por perdido sin consecuencias el dinero de la ciudadanía que utilizó para hacerse cargo del rescate a la banca”, aseguró la portavoz de la Coordinadora Insular de Sí se puede en Tenerife para asuntos sociales, Asun Frías.

“Las familias fueron desalojadas en la más absoluta soledad, sin la presencia de representantes políticos de las instituciones públicas, solo orientados por el equipo de trabajadores y trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Granadilla; ningún responsable político del Ayuntamiento de Granadilla, del Cabildo de Tenerife o del Gobierno de Canarias se acercó hasta el edificio con el fin de negociar a última hora un acuerdo de alquiler social, como han pedido las personas afectadas”, apuntó Frías.

La portavoz ecosocialista reclama la puesta en marcha de “un plan integral de atención a las familias en situación de ocupación, entre otras medidas urgentes de un programa de políticas de viviendas públicas que se hace esperar mientras se agrava la desigualdad y el abandono de familias que han sido despojadas por las desastrosas políticas económicas de los gobiernos de Canarias y de Estado español”.

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