La formación morada en el archipiélago canario ha anunciado este viernes que interpondrá acciones legales en los tribunales contra el Gobierno de Canarias (CC-PP) si este no declara de manera oficial e inmediata como “zonas tensionadas” a varios municipios de las islas, tal y como establece la Ley de Vivienda estatal. La medida busca aplicar límites a los precios del alquiler y revertir un modelo de turistificación que, a su juicio, está expulsando a los residentes de las islas.
La formación política ha denunciado un dato que califica de “tan grave como revelador”: en seis municipios canarios —Adeje, Mogán, Yaiza, Tías, Pájara y San Bartolomé de Tirajana— el número de camas turísticas supera ya al de personas residentes. Según expusieron, este desequilibrio confirma la “expulsión sistemática” de la población local a causa de un desarrollo turístico “sin límites”.
Para ilustrar la magnitud del fenómeno, Podemos citó el caso de Yaiza, en Lanzarote, donde —según sus datos— existen más de 62 plazas turísticas por cada 100 habitantes. Aseguran que este es un ejemplo de un “modelo urbano basado en la rotación económica y no en el derecho a habitar”. Esta saturación vacacional, argumentan, es una prueba del “descontrol y la falta de planificación” que beneficia a “fondos especulativos” y perjudica a los trabajadores esenciales como profesorado, sanitario o personal de comercio.
Noemí Santana, portavoz de Podemos Canarias, entiende que “el turismo puede ser fuente de riqueza, pero no puede devorarlo todo. Si dejamos que la vivienda se convierta en producto financiero, lo que se expulsa no son solo personas, sino también la posibilidad misma de tener comunidad”. Santana advirtió que si el Ejecutivo autonómico continúa sin aplicar las herramientas de la Ley Estatal de Vivienda para declarar estas zonas y limitar precios, “tendrán que rendir cuentas ante los tribunales”.
Propuesta
Frente a este escenario, la formación no solo se limita a la denuncia, sino que ha presentado una hoja de ruta concreta. Su plan propone reconvertir progresivamente viviendas de uso turístico en residencias habituales. Entre las medidas figuran incentivos fiscales para la reconversión voluntaria, penalizaciones para las viviendas deshabitadas en áreas de alta demanda y la implantación de cláusulas que obliguen al alquiler de larga duración en ciertos supuestos. Asimismo, abogan por dotar a los ayuntamientos de competencias efectivas para zonificar el uso del suelo y contener la especulación, algo que, recuerdan, ya permiten la Ley estatal de Vivienda de 2023 y la nueva Ley Canaria de Vivienda Vacacional.
La advertencia de Podemos se enmarca en un contexto de crecimiento exponencial del alojamiento turístico no hotelero. La formación señala que el 80% del crecimiento alojativo en Canarias en los últimos años se ha producido en viviendas de uso turístico, y no en hoteles. Esta expansión —sostienen— coincide con un aumento récord en los precios del alquiler residencial, que actualmente consume más del 55% del salario medio en las islas. “¿Qué médica, qué docente o qué camarero va a poder vivir aquí si todo está en Airbnb? Es una pregunta incómoda, pero urgente”, concluyó Santana.
La formación reiteró que su objetivo de proteger el parque de viviendas no constituye un ataque al sector turístico, sino que lo defienden como “una obligación democrática y social”. Entienden que “recuperar viviendas para quienes viven aquí es un acto de justicia, de cordura y de futuro”, han dicho.
