El sindicato CSIF Educación Canarias ha emitido un comunicado en el que alerta sobre la grave situación estructural que atraviesa la dirección de los centros públicos educativos del archipiélago, acusando a la Consejería de Educación de no afrontar las causas reales del problema y de agravar la crisis mediante soluciones que consideran precarias. Según los datos facilitados por la organización sindical, el proceso de renovación de cargos directivos ha arrojado cifras preocupantes: únicamente se han presentado 138 aspirantes para cubrir 297 vacantes. Esto implica que más del 53% de los centros educativos de las islas se quedarán sin una dirección elegida por concurso ordinario y deberán ser gestionados mediante equipos extraordinarios que, según el sindicato, carecen de proyecto educativo propio, comprometiendo así la estabilidad y la calidad del sistema.

El desglose de los datos por provincias refleja un escenario desigual pero alarmante en ambas demarcaciones. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife la situación es especialmente crítica, habiéndose cubierto tan solo el 32% de las plazas ofertadas, lo que deja a 104 centros sin aspirantes. Por su parte, en la provincia de Las Palmas, aunque la participación ha sido ligeramente mayor, permanecen vacantes las direcciones de 55 centros. Ante este escenario, CSIF denuncia que la Consejería ha optado por implementar una medida que permite el desempeño de cargos directivos —tales como vicedirección, jefatura de estudios y secretaría— a funcionarios interinos con carácter voluntario. Para el sindicato, esta decisión supone aprovecharse de la precariedad y las necesidades del personal docente interino en lugar de dignificar el cargo directivo.

Desde la organización sindical califican esta estrategia como una imposición de la “dedocracia” como sistema de elección y gestión, advirtiendo que constituye una grave perversión del modelo educativo. Consideran que, lejos de corregir las causas que provocan la ausencia de candidatos —identificadas como la sobrecarga burocrática, la falta de apoyo institucional y unas condiciones laborales que no compensan la responsabilidad—, la administración ha decidido ensanchar el abanico de selección recurriendo al personal interino. A juicio de CSIF, esto normaliza la provisionalidad, debilita aún más la estructura de gobierno de los centros y vulnera el orden de asignación de plazas de este colectivo.

El sindicato sostiene que la combinación de la imposición de equipos directivos extraordinarios con la apertura de estos puestos a personal interino condena a los centros a una gestión de emergencia permanente. Alertan de que estas direcciones funcionarán sin proyectos sólidos ni planificación a medio plazo, una consecuencia directa de la negativa de la administración a reconocer y compensar adecuadamente las responsabilidades exigidas. Para CSIF, esta maniobra evidencia que la Consejería asume el fracaso del sistema de selección actual y opta por parches administrativos en lugar de hacer atractiva la función directiva para el profesorado funcionario de carrera.

Finalmente, la organización insiste en que la falta de aspirantes no responde a una cuestión de vocación, sino a las condiciones laborales inasumibles. Por ello, exigen a la Consejería de Educación la adopción urgente de un paquete de medidas que incluya una reducción drástica de la carga burocrática, el refuerzo inmediato de los servicios de apoyo (personal de administración y servicios) e inspección, y una mejora sustancial de los incentivos económicos y profesionales. Asimismo, reclaman un reconocimiento real y protección jurídica de la función directiva, estabilidad normativa y administrativa, y la implementación de medidas efectivas frente a los conflictos con las familias y situaciones de especial complejidad. El sindicato concluye advirtiendo que, mientras no se actúe sobre la raíz del problema, la crisis de liderazgo seguirá creciendo en detrimento de la calidad de los servicios públicos.