En los últimos días, FEPECO (Federación Provincial de Empresas de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife) ha criticado duramente a Podemos por su falta de conocimiento en materia energética y su enfoque puramente electoralista en este tema.
Según la federación, los miembros de Podemos, que han formado parte de los gobiernos central y autonómico en los últimos cuatro años, no han cuestionado el funcionamiento de la distribución eléctrica durante ese tiempo, mostrándose cómodos y en silencio. Sin embargo, ahora, de manera sorprendente, parecen oponerse a su propia gestión política, todo con fines electorales.
Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, ha insistido en que “siempre se ha dicho que cualquier ocasión es buena para aprender y, diríamos que también para sorprender. Estas elecciones locales y autonómicas no iban a ser una excepción, y hemos podido ver cómo alguna fuerza política ha querido ser original, en este caso el partido morado, con propuestas pasmosas que ponen al descubierto la superficialidad de sus conocimientos”.
La Federación explica que la distribución eléctrica es una de las cuatro actividades principales del sistema eléctrico, junto con la generación, el transporte y la comercialización. Podemos, en concreto, “ha centrado su atención en la distribución, planteando su recuperación por parte de los poderes públicos, posiblemente mediante expropiación”.
No obstante, resaltan que “cualquier persona mínimamente informada sabe que la distribución, especialmente a nivel de media y baja tensión, es una tarea difícil y compleja de gestionar, ya que involucra una serie de actividades y características, como puntos de acceso, acometidas, ampliaciones de red, facturación, mantenimiento, entre otras, que se desarrollan en el punto de encuentro con los intereses individuales”.
Tanto la Ley 54/1997, del sector eléctrico, que marcó el inicio del proceso de liberalización siguiendo las Directivas Europeas, como la posterior Ley 24/2013, declaran la Distribución Eléctrica como una actividad regulada. El artículo 40 de esta última ley recoge las obligaciones y derechos de las empresas distribuidoras. Por lo tanto, estamos hablando de una actividad desarrollada por empresas privadas bajo la supervisión y vigilancia económica del Estado, sin necesidad de que este la gestione directamente.
El Gobierno Central establece en cada período regulatorio la remuneración correspondiente a esta actividad de distribución a través de peajes y otras funciones. Además, supervisa y aprueba anualmente las expansiones de la red, así como verifica los estándares de calidad del servicio, entre otros aspectos.
Oscar Izquierdo destaca que “partiendo de lo anterior, se podría entender que la fuerza política que propone la gestión directa de la distribución eléctrica, en este caso los populistas, criticara al Gobierno del Estado por incumplimiento o incapacidad para hacer cumplir correctamente las obligaciones del Distribuidor. Resulta paradójico que en este caso concreto, tanto a nivel nacional como en Canarias, esta fuerza política haya formado parte de ambos gobiernos”.
“Es evidente que los modelos de gestión de las diferentes actividades en el sector eléctrico no son eternos y deben adaptarse para salvaguardar los intereses generales, pero utilizar esto como argumento electoral, con la pobreza argumental que se ha planteado, revela la inmadurez de quienes lo proponen”, concluye Izquierdo.
