El Gobierno de Canarias ha solicitado la elaboración de un informe urgente con el propósito de calcular los perjuicios generados por el incendio en Tenerife. El objetivo es disponer, dentro de un lapso de cuatro meses, de una evaluación de los daños materiales y ambientales causados por el fuego, un factor crucial para la eventual declaración de la región como zona catastrófica por parte del gobierno central.

Esta decisión se toma justo en un momento en que la evolución del incendio en Tenerife ha permitido una actualización del nivel de riesgo a Emergencia Nivel 1, de acuerdo con las directrices del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). Con esta modificación, el Cabildo de Tenerife asume la dirección de la respuesta a la emergencia, coordinando los recursos y comunicándose con la población.

El informe encargado por el Gobierno de Canarias se encargará de cuantificar los gastos generados por el incendio en términos de pérdidas de bienes y servicios, daños al patrimonio, impactos negativos adicionales, así como los costos excepcionales relacionados con la recuperación del entorno natural.

El incendio, que se inició el miércoles 16 de agosto y se consideró contenido nueve días después, el viernes 24 de agosto, ha afectado un área de 14.751 hectáreas con un perímetro de 90 kilómetros, lo que representa el 7,2% de la superficie total de Tenerife.

La declaración de zona catastrófica por parte del Estado se realizará después de que el incendio esté completamente extinguido. En ese momento, se llevará a cabo un proceso para evaluar los daños materiales causados por el incendio en Tenerife y determinar si se han interrumpido total o parcialmente los servicios públicos esenciales, así como si las condiciones de vida de la población han sido gravemente afectadas.

Esta declaración implica que el Estado asumirá la responsabilidad de la reparación de los daños materiales y el pago de las compensaciones económicas necesarias.

Con el fin de agilizar el proceso de compensación, el Gobierno de Canarias tiene como objetivo presentar su informe de daños en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, se espera que en un mes haya un avance que incluirá una evaluación preliminar de los costos excepcionales de extinción del incendio, junto con estimaciones de las pérdidas en el sector turístico y los costos asociados con las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Variedad de daños

La evaluación de los daños causados por el incendio, encargada por el Gobierno autonómico, abarcará una recopilación de los perjuicios económicos sufridos en infraestructuras, cultivos y actividades ganaderas. Asimismo, se anticipa que el informe contendrá una estimación de los gastos excepcionales derivados de la extinción del incendio, así como de las medidas correctivas y de recuperación ambiental necesarias.

En relación a las infraestructuras, el análisis medirá las pérdidas causadas en las redes de agua, caminos agrícolas, cortafuegos, instalaciones eléctricas, embalses, señalización vial, deterioro de pavimentos debido a las altas temperaturas, sistemas de comunicación, daños en las vías agrícolas y forestales debido al paso de maquinaria pesada durante las operaciones de extinción, entre otros aspectos.

Además, el informe también se centrará en cuantificar los daños causados por el incendio en explotaciones agrícolas, tanto a nivel de autoconsumo como empresarial. Esto incluirá los perjuicios sufridos por los cultivos de viñedos, plantas forrajeras y frutales, las pérdidas de cosechas, animales e instalaciones, y la afectación del suministro de agua debido a las medidas de extinción.

En el caso de las explotaciones ganaderas, el informe no solo evaluará las posibles pérdidas, sino que también considerará los costos de alimentar a los animales durante y después del suceso, así como la recogida y manejo de los cadáveres.

Impacto en el entorno forestal

En relación al daño ambiental provocado por el fuego, el estudio de evaluación encargado por el Gobierno también evaluará el costo excepcional de la restauración y regeneración de la masa forestal y su ecosistema.

Esta sección del informe incluirá los gastos necesarios para prevenir la erosión del terreno en caso de lluvias, medidas para estabilizar el suelo desnudo, así como acciones de limpieza y manejo de cauces de agua y zonas de escorrentía para prevenir deslizamientos de tierra durante precipitaciones.

Finalmente, el informe también contemplará los costos excepcionales asociados con actividades de repoblación a mediano y largo plazo en áreas que requieran una recuperación más rápida y efectiva de los ecosistemas dañados.

En la misma línea, la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha elaborado planes para un plan de acción contra incendios que se pondrá en marcha en el último cuatrimestre del año. Para su formulación, se convocará a un grupo de trabajo con el objetivo de lograr un consenso en la creación de una Ley Forestal para Canarias.

Finalmente, el Gobierno de Canarias ha solicitado al Comité de Expertos para la Lucha contra el Cambio Climático que elabore un informe con propuestas de medidas específicas a implementar en el archipiélago para hacer frente a la amenaza de incendios de sexta generación. Este grupo de consulta, liderado por Aridane González, comenzará este trabajo en el mes de septiembre y buscará la colaboración de expertos en diversas áreas.