El panorama de la vivienda en Arona está experimentando un giro, ya que, según el consistorio “se encuentra en una fase avanzada de asumir la titularidad de 35 viviendas sociales en el núcleo de La Camella”.
Esta promoción, cuya construcción finalizó en 2011, hace más de una década, ha estado desocupada debido a complicaciones urbanísticas y legales, principalmente relacionadas con la licencia de obras y la parcela en la que se ubica.
Una licencia para construir viviendas en una zona sin urbanizar
La historia de estos pisos se remonta al año 2002, cuando el gobierno de Arona en ese entonces firmó un acuerdo urbanístico con la empresa promotora del Plan Parcial La Camella Baja, conocida como Wolding Estudio SL. Según este acuerdo, la empresa cedía al municipio una parcela de 1.039 metros cuadrados, lo cual correspondía al 10% de la cesión obligatoria que debía ser otorgada.
El 23 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Arona estableció un convenio con la empresa pública Visocan para la construcción de 35 viviendas de protección social destinadas a jóvenes, junto con un número igual de plazas de estacionamiento. Como parte de este acuerdo, se utilizó la parcela mencionada anteriormente y se acordó que la corporación se encargaría de superar todos los obstáculos que impidieran la urbanización del terreno, de manera que Visocan pudiera proporcionar estas viviendas a los beneficiarios.
En septiembre de 2008, la Junta de Gobierno Local otorgó la licencia urbanística para la construcción de estas viviendas, a pesar de que en esa fecha ya existía una advertencia del Área Jurídica de Urbanismo. En esta advertencia se destacaba que el plazo otorgado a la promotora para llevar a cabo la urbanización de la zona había expirado en febrero de ese año sin que se hubiera completado. A pesar de esto, el grupo de gobierno de ese momento procedió a conceder el permiso.
Cuando las viviendas estuvieron finalizadas y Visocan solicitó al Ayuntamiento de Arona la conexión de las viviendas a los servicios de agua y electricidad, esto no pudo llevarse a cabo. Según el servicio jurídico, la urbanización nunca se había completado, lo que resultó en que las viviendas no podían ser puestas a la venta. Esta situación desencadenó un litigio en el que la corporación municipal fue condenada a pagar una indemnización de casi 2,7 millones de euros.
El consistorio sigue en la búsqueda de registrar esa propiedad a su nombre
Volviendo a la actualidad, el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Arona, Juan Sebastián Roque detalló que el pasado viernes se realizó una inspección conjunta, en la que participaron técnicos municipales y representantes de la empresa constructora, con el fin de evaluar las reparaciones necesarias que Visocan debe llevar a cabo para entregar al Ayuntamiento de Arona estas 35 viviendas. El edil subrayó la importancia de que tanto las viviendas, el estacionamiento y las áreas comunes del complejo estén en óptimas condiciones, listas para ser habitadas.
El concejal, ha destacado los “pasos” necesarios antes de proceder a la entrega de estas viviendas, ha afirmado que “una vez realizadas las reparaciones y asumida la propiedad del edificio por parte del Ayuntamiento, quedará solucionar los obstáculos urbanísticos de la parcela y luego decidir la manera para entregarlas a familias aroneras.”
Roque también ha señalado que, en el pasado, se convocó un concurso público en 2008 para asignar estas viviendas a jóvenes del municipio con escasos recursos. “En la actualidad, se debe determinar cómo se procederá en este proceso y qué criterios se aplicarán para la entrega, ya sea a jóvenes o a familias del municipio“.
El concejal de Vivienda subraya la complejidad del asunto y afirma poner de su parte para “desbloquearlo cuanto antes, sean cuales sean las trabas que haya que solventar, pues no es aceptable que esas 35 viviendas lleven más de 10 años acabadas y que no hayan podido ser ocupadas cuando hay tantas familias de Arona malviviendo y pasando apuros serios para tener un techo bajo el que dormir.”
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha expresado su satisfacción por las gestiones necesarias para resolver la entrega de viviendas a familias del municipio. Lemes destacó que este asunto es una prioridad para el grupo de gobierno, ya que resulta difícil comprender por qué un recurso tan importante destinado a satisfacer las necesidades de vivienda de 35 familias permanece desocupado.
En cuanto a la disponibilidad de viviendas sociales en Arona, la alcaldesa mencionó que se están llevando a cabo diversas acciones para asegurar terrenos disponibles. Además, mostró optimismo acerca de que el Gobierno de Canarias esté considerando realizar cambios legales que flexibilicen los requisitos para terrenos destinados a viviendas protegidas. Esto, en su opinión, permitiría que municipios como Arona puedan abordar el problema social de las numerosas familias que no pueden costearse una vivienda digna debido a los elevados costos de alquiler y compra en el mercado libre.
