En enero, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática llevará ante el Consejo de Ministros la declaración de emergencia debido a la acumulación de embarcaciones irregulares en diversos puertos de Canarias.

Asimismo, se presentará la solicitud de emergencia que autorizará a la empresa Tragsa a iniciar de inmediato la destrucción, carga, transporte y gestión de residuos en todos los recintos portuarios de las Islas Canarias donde se haya producido una acumulación de embarcaciones como resultado del aumento de la migración.

Desde diciembre 2023, las labores se han enfocado principalmente en el puerto de La Restinga (El Hierro), ya que era el más afectado por el colapso. También se logró retirar embarcaciones en Arinaga (Gran Canaria) con otros recursos disponibles.

Sin embargo, a partir de este mes, como parte del compromiso asumido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la actividad se intensifica y se extiende a todo el archipiélago. Se cuenta con un fondo disponible de 5,2 millones de euros para todo el año 2024, con la posibilidad de realizar ajustes presupuestarios entre los años 2024 y 2025 si es necesario.

La solicitud de emergencia a la empresa Tragsa cubrirá desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Para supervisar y coordinar las actividades con la empresa, se ha asignado al secretario general de la Delegación del Gobierno en Canarias.