El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arona ha denunciado públicamente que la alcaldesa, Fátima Lemes, ha restringido el derecho de acceso a la información de la oposición después de que los concejales socialistas Raquel García y Frank Tolle se interesaran por varios expedientes urbanísticos en Cho–Parque La Reina, relacionados con licencias concedidas a proyectos que se encuentran judicializados y con procedimientos contenciosos abiertos.
Raquel García y Frank Tolle acudieron a dependencias municipales para conocer los al menos cuatro expedientes urbanísticos que fueron aprobados en Junta de Gobierno y que Fátima Lemes y el concejal habían anunciado públicamente, aunque sin ofrecer detalles. Este ejercicio de fiscalización se realizó al amparo del marco legal vigente, que reconoce expresamente el derecho de los cargos electos a acceder a la documentación municipal.
Todo ello se produce en un marco en el que, además, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha advertido al grupo de gobierno que encabeza Fátima Lemes de que se le está dificultando el acceso a la información sobre la concesión de licencias en esa misma zona.
Lejos de garantizar la transparencia, el gobierno encabezado por Fátima Lemes reaccionó aprobando una circular interna que limita el acceso de la oposición a la información pública, una decisión que el PSOE de Arona considera una maniobra política destinada a levantar un muro de opacidad en torno a los proyectos urbanísticos de Parque La Reina.
“El problema no es que la oposición pregunte; el problema es qué teme el grupo de gobierno que se conozca sobre estos proyectos urbanísticos”. “Cuando un gobierno responde con restricciones y silencios en lugar de con transparencia, lo que transmite es miedo”, han explicado los concejales.
El PSOE de Arona denuncia además que la estrategia del grupo de gobierno ha ido un paso más allá, con la filtración de acusaciones de la presunta presión a un funcionario, intentando convertir a la oposición en culpable por ejercer su derecho y su obligación de control democrático. Para los socialistas, esta actuación supone una grave distorsión de la realidad y un intento deliberado de desviar la atención del fondo del asunto.
“El mensaje que lanza Fátima Lemes es muy peligroso: quien pregunta molesta y quien fiscaliza es señalado”. “Eso no es gobernar, es tratar de silenciar”, aseguran.
“El urbanismo de Arona no puede gestionarse desde la opacidad ni desde el miedo a la información pública”. “La transparencia no es una amenaza, es una obligación democrática”, concluyen los concejales.
