El Ministerio de Hacienda ha oficializado este viernes, 5 de junio de 2026, el inicio de los trámites para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 con la publicación de la Orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de este momento, los distintos centros gestores de la Administración disponen hasta el próximo 29 de junio para remitir sus propuestas presupuestarias, estableciendo así el calendario legislativo para las cuentas del próximo ejercicio.

El diseño de estos presupuestos se enmarca en un escenario macroeconómico que registra una tasa de paro inferior al 10% por primera vez desde 2008. En este sentido, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha indicado que “el principal objetivo de las nuevas cuentas públicas será consolidar y prolongar la buena dinámica económica que reconocen todos los organismos internacionales”.

El Ejecutivo sostiene que la futura política presupuestaria combinará el sostenimiento de los servicios públicos con la consolidación fiscal, descartando la ejecución de ajustes en el ámbito social. Según los datos aportados por el Ministerio, España cerró 2025 cumpliendo la senda del Plan Fiscal Estructural, con una reducción del déficit al 2,2% y de la deuda pública al 100,7%. Para el presente ejercicio 2026, las previsiones gubernamentales proyectan un déficit del 2,1% y un descenso de la deuda por debajo de la barrera del 100% por primera vez desde 2019.

En cuanto a las directrices que guiarán la distribución de los fondos en 2027, el texto establece como exigencia fundamental la dotación de recursos para los pilares del Estado de bienestar, abarcando la sanidad, la educación pública como eje vertebrador de igualdad, los servicios sociales y la garantía del poder adquisitivo de las pensiones. Asimismo, el documento pone el foco en facilitar el acceso a la vivienda, instruyendo el incremento de la oferta de inmuebles a precios asequibles para evitar situaciones de tensión en el mercado del alquiler.

Paralelamente, las políticas públicas deberán orientarse hacia la creación de empleo estable y con alto valor añadido. Se requerirá el fomento de la integración plena de los jóvenes en los ámbitos laboral, educativo y social, así como la promoción de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

El documento normativo también subraya la necesidad de avanzar en la transición ecológica mediante inversiones enfocadas en el desarrollo de energías renovables, la descarbonización, la movilidad sostenible, y la prevención y gestión de incendios forestales, con el objetivo de aumentar la resiliencia económica frente a factores externos. A estas medidas estructurales se sumará el incremento del peso de la ciencia, la I+D+i y la digitalización de la sociedad como palancas indispensables para la competitividad.

Por último, la orden contempla el refuerzo de las inversiones en infraestructuras como motor de crecimiento y cohesión territorial. En el ámbito internacional e institucional, las cuentas deberán reflejar la actualización de las capacidades de defensa para garantizar la integridad territorial en coordinación con el espacio europeo, además de respaldar una política migratoria basada en la responsabilidad y la solidaridad que consolide la influencia del país en los distintos organismos internacionales.