El Ayuntamiento de Arona vive momentos de máxima tensión política tras la entrada en vigor de una nueva normativa interna que modifica los protocolos de fiscalización de los grupos de la oposición. El documento, firmado el pasado viernes 18 de diciembre por la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), y el concejal delegado de Gobierno Abierto y Modernización, Luis Sierra (PP), establece la obligatoriedad de solicitar una “autorización expresa” para acceder a la información municipal y a las dependencias técnicas, limitando la interlocución directa no programada con los funcionarios.
Aunque la circular afecta a todos los grupos, especialmente a los opositores, su origen se encuentra en un conflicto específico que ha trascendido el debate político para entrar en el terreno de la prevención de riesgos laborales. Según la documentación disponible sobre los antecedentes del caso, la decisión de la Alcaldía se precipita tras una denuncia interpuesta ante el departamento de Recursos Humanos por un técnico del área de Urbanismo. El funcionario elevó una queja formal señalando directamente a los concejales del grupo socialista (PSOE), Raquel García y Frank Tolle, por un presunto “trato intimidatorio”.
La medida tomada por el Gobierno Local (PP-CC-VOX) ha provocado una respuesta contundente del grupo Más por Arona, que ha filtrado la circular calificándolo de “atentado democrático”, mientras la regidora justifica la decisión en la necesidad de proteger al personal ante presuntas situaciones de acoso.
Los supuestos para el acceso a la información
La circular, titulada «regulación del acceso de los miembros de la Corporación a las dependencias técnicas municipales y del ejercicio del derecho de información», tiene como objetivo declarado “garantizar el normal funcionamiento de los servicios”, “evitar interrupciones indebidas” y “preservar un entorno de trabajo adecuado y seguro”.
El texto normativo se ampara legalmente en el artículo 77 de la Ley 7/1985 y los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). La nueva regulación establece dos escenarios diferenciados para el acceso a la información:
Supuestos de acceso directo (sin autorización): Se mantiene únicamente para los concejales que ostenten delegaciones de gestión respecto a sus propias áreas, o para consultar documentación incluida en el orden del día de órganos colegiados y resoluciones ya adoptadas. Y, cuando se trate de acceso a información o documentación municipal que sea “de libre acceso para la ciudadanía”, sin perjuicio de que dicho acceso deba organizarse para no entorpecer la actividad administrativa.
Supuestos que requieren autorización previa: Para “todos los demás supuestos”, el acceso requerirá una “autorización expresa, que se tramitará conforme al procedimiento interno establecido (modelo 004)”.
El documento es explícito al limitar la presencia física de los políticos en las oficinas: “Fuera de estos supuestos, no existe derecho de acceso libre o directo a dependencias, expedientes o personal municipal”. Además, se especifica que, incluso cuando se autorice el acceso, esto “no implica, por sí mismo, derecho a interlocución directa con el personal ni a la interrupción de su actividad”. La circular ordena que “toda visita de concejales a dependencias administrativas deberá estar previamente organizada y coordinada” y mandata a las jefaturas de servicio a poner en conocimiento de sus superiores “cualquier incidencia o situación que se aparte de lo aquí establecido”.
La justificación de la Alcaldía: Hay “maltrato y amenazas” hacia el personal
Tras la filtración del documento, la alcaldesa Fátima Lemes ha explicado a este periódico los motivos que impulsaron esta regulación. Según la regidora, la medida no responde a una decisión política espontánea ni requiere informes técnicos previos, sino que surge de una queja formal interna: “Se ha hecho porque se ha recibido una denuncia de un funcionario”.
Lemes ha declarado que el objetivo es “regularizar esas visitas tras una denuncia que ha realizado un funcionario por sentirse amedrentado o sentirse atacado por los miembros de la corporación de la oposición. En este caso, del PSOE en concreto”. La alcaldesa insiste en que la circular es necesaria para “salvaguardar la tranquilidad y el trabajo diario y normal de los funcionarios”.
“No es por un capricho”, ha enfatizado Lemes, afirmando que ha habido maltratos y amenazas hacia el personal y rechazando las acusaciones de autoritarismo: “Se llama poner orden, no establecer una dictadura”. La alcaldesa también ha señalado directamente a uno de los actuales líderes de la oposición para contextualizar su decisión: “La primera persona que dijo que no se entrara en ninguna dependencia fue el ex concejal de Urbanismo, Luis García, que prohibió la entrada a sus dependencias a cualquier compañero, sea o no del Gobierno. […] eso no se puede hacer, eso sí es dictatorial”.
Respecto a la operatividad del nuevo sistema y el temor a retrasos burocráticos mediante el “modelo 004”, Lemes ha asegurado que la administración responderá “sobre la marcha” y que “no estamos en ningún momento diciendo que no vayan a poder acceder; todo lo contrario, van a poder acceder de forma ordenada”. Asimismo, ha negado que se vaya a aplicar silencio administrativo para bloquear peticiones: “Siempre se les va a dar todo el acceso a la información, pero respetando el trabajo”.
Denuncias de obstrucción administrativa
La regidora ha aprovechado para denunciar lo que considera una estrategia de saturación por parte de la oposición (PSOE y Más por Arona). Lemes ha afirmado que, “han entorpecido la administración gravemente” —según le han trasladado— y ha citado ejemplos de que existen solicitudes masivas de información que se remontan al año 2016 y “cosas que no vienen a cuento”.
Para la alcaldesa, la oposición confunde fiscalización con acoso: “No vamos a permitir que ningún miembro de esta corporación, esté en la oposición o donde esté, amenace o entorpezca la labor y el trabajo diario de ningún funcionario. Eso es lo que es denunciable, no lo que yo estoy haciendo”. Además, ha criticado duramente la filtración de la circular, calificándola de “muy feo” y señalando que “ahí se ve el tipo de oposición que están haciendo… al acostumbrarse a publicar ciertos documentos de circulación interna”.
El PSOE atribuye el bloqueo a licencias en Parque La Reina
Por su parte, el Grupo Socialista, directamente señalado por la Alcaldía, ha ofrecido una versión radicalmente distinta de los hechos, acusando a Fátima Lemes de “tratar de silenciar a la oposición para ocultar proyectos urbanísticos judicializados”. Según el PSOE, la restricción de acceso no busca proteger al personal, sino levantar “un muro de opacidad” después de que los concejales Raquel García y Frank Tolle se interesaran por varios expedientes en la zona de Cho–Parque La Reina.
Los socialistas detallan que acudieron a las dependencias municipales para fiscalizar al menos cuatro expedientes de licencias urbanísticas aprobados en Junta de Gobierno —anunciados públicamente pero sin detalles— que mantienen procedimientos contenciosos abiertos. El PSOE denuncia que la reacción del gobierno ante este ejercicio de derecho legal ha sido la circular limitante y la filtración de acusaciones contra los ediles para “convertir a la oposición en culpable”. “El problema no es que la oposición pregunte; el problema es qué teme el grupo de gobierno que se conozca sobre estos proyectos urbanísticos”, han sentenciado desde el partido.
El grupo opositor socialista ha puesto sobre la mesa un dato clave: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ya ha advertido al equipo de gobierno de Fátima Lemes de que se está dificultando y bloqueando el acceso a la información sobre licencias en esa misma zona. Para el PSOE, la acusación de trato intimidatorio es una distorsión de la realidad: “Cuando un gobierno responde con restricciones y silencios en lugar de con transparencia, lo que transmite es miedo”. “El mensaje que lanza Lemes es muy peligroso: quien pregunta molesta y quien fiscaliza es señalado”, concluyen.
La reacción de Más por Arona
El grupo político Más por Arona ha emitido un comunicado el pasado jueves en el que rechaza frontalmente la circular, definiendo la situación como un “grave atentado democrático en Arona perpetrado por la derecha y la ultraderecha”. La formación sostiene que Fátima Lemes “ha cruzado una línea inadmisible” y la acusa de actuar como “inquisidora del medio”.
A juicio de los cuatro ediles opositores que hasta enero de 2025 formaban parte del Gobierno tripartito junto a CC y PP, la normativa pretende “secuestrar el derecho de acceso a la información pública y la fiscalización del Gobierno Local”, impidiendo a los concejales “hacer cualquier consulta sobre expedientes o asuntos públicos o hablar con los técnicos del Ayuntamiento sin una autorización previa del propio gobierno, es decir, de ella misma”.
Más por Arona emplea términos muy duros para describir la gestión de la alcaldesa, afirmando que actúa “al más puro estilo de una dictadura” mediante una “decisión política arbitraria, totalmente autoritaria, con claros sesgos dictatoriales y absolutamente antidemocrática”. Para este grupo, la circular revela una forma de gobierno basada en “el abuso de poder, el miedo y la censura más bananera, propia de regímenes autoritarios”.
Advertencias legales y exigencia de retirada
La formación que encabeza Luis García no se limita a la crítica política, sino que advierte sobre posibles consecuencias jurídicas. Señalan que la decisión de Lemes “podría incurrir en ilegalidad, al impedir el ejercicio de las funciones para las que los concejales fueron elegidos por la ciudadanía” y denuncian un “intento consciente de limitar las funciones de los grupos de la oposición y blindarse frente a la crítica”.
Más por Arona argumenta que “el control y la acción política no es un favor que concede la alcaldesa por su gracia divina, es un derecho legal” y subraya que con esta medida se intenta “silenciar a parte de la población que reivindica, propone o se informa aprovechando los canales que la oposición les posibilita”.
Asimismo concluyen con una exigencia directa: “Exigimos la retirada inmediata del escrito”. El grupo opositor advierte que “no vamos a permitir que el Ayuntamiento se convierta en un cortijo político” y sentencia que Fátima Lemes pasará a la historia “como la primera alcaldesa dictadora de un municipio en democracia”, añadiendo que “la democracia no se negocia”.
