La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife respalda al sector comercial de Canarias en su reclamación para exigir la eliminación definitiva de la franquicia fiscal a las importaciones de bajo valor. Así lo puso de manifiesto esta mañana la entidad, que suscribió el escrito formal que presentaron representantes de esta rama de actividad el pasado viernes al Gobierno regional.

La iniciativa cuenta con el respaldo conjunto de todas las organizaciones representativas del sector -grandes superficies, comercio mediano y pequeño comercio- y de las Cámaras de Comercio y se plantea en un momento decisivo para el sistema fiscal canario.

Un cambio europeo que obliga a actuar

El próximo 1 de julio de 2026 entra en vigor el Reglamento (UE) 2026/382, que introduce un nuevo marco para los envíos de bajo valor en toda la Unión Europea, el cual elimina la franquicia arancelaria de 150 euros, establece un arancel fijo de tres euros por línea declarativa y generaliza la declaración aduanera obligatoria.

Este nuevo escenario supone un cambio estructural: Europa pasa a gravar la totalidad de los envíos, mientras Canarias mantiene la exención del IGIC, generando una divergencia fiscal difícilmente sostenible.

Además, la Unión Europea ya suprimió en 2021 la exención equivalente en el IVA por razones de fraude, pérdida de recaudación y distorsión de la competencia.

Una anomalía única en Europa

En la actualidad, Canarias es el único territorio del entorno europeo en el que los envíos de comercio electrónico de bajo valor no tributan ningún impuesto indirecto en destino.

El resultado es una asimetría fiscal estructural, ya que el comercio establecido en Canarias tributa IGIC (el tipo general del 7%, el tipo ampliado del 15%, entre otros), mientras que las plataformas extracomunitarias venden sin carga fiscal.

Compiten tratamientos fiscales distintos

Esta situación afecta directamente a cerca de 160.000 empleos vinculados al sector comercial en Canarias y condiciona el modelo económico del archipiélago.

Según estimaciones del propio sector, en Canarias se distribuyen cada día una media de 170.000 envíos de comercio electrónico, de los que aproximadamente la mitad son de valor inferior a 150 euros y entran sin pagar impuestos, sin crear empleo local y con un impacto directo y creciente sobre el comercio presencial canario. Además, el modelo de distribución masiva de paquetería extracomunitaria genera un aumento considerable de emisiones derivadas de los procesos de entrega y del volumen de residuos -plásticos y cartón- procedentes de envases y embalajes.

El 1 de julio desaparece la última justificación

La exención se introdujo en un contexto en el que no existían mecanismos operativos para gestionar la tributación de estos envíos.

Ese contexto ha cambiado por completo. Hoy, todos los envíos estarán sujetos a declaración y ya existen sistemas digitales plenamente operativos. Además, a partir del 1 de julio el mismo paquete pagará un gravamen europeo, pero seguirá sin tributar el IGIC en Canarias.

La incoherencia del sistema ya no es técnica, es una cuestión de decisión.

Un amplio respaldo institucional y sectorial

El sector recuerda que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad en 2022 una proposición no de ley instando a la supresión de la franquicia. Además, la propia Consejería de Hacienda ha reconocido recientemente en los medios que la medida “pierde sentido” en el nuevo contexto.

Igualmente, la iniciativa se enmarca en el diálogo institucional y constructivo ya abierto, y tras una reunión entre el sector y el Gobierno de Canarias, con la asistencia del presidente, Fernando Clavijo, el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, y la consejera de Hacienda, Matilde Asián.

Responsabilidad institucional y necesidad de actuación

La franquicia del IGIC forma parte del marco del Régimen Económico Fiscal de Canarias y su revisión responde a una necesidad claramente identificada en el contexto europeo actual.

En este escenario, el impulso de su modificación constituye una responsabilidad directa del Gobierno de Canarias, como institución llamada a garantizar la coherencia, equidad y eficacia del sistema fiscal del archipiélago.

La Cámara subraya que se trata de una medida de actualización del sistema, no de una subida de impuestos; garantiza igualdad de condiciones, refuerza la neutralidad fiscal, alinea Canarias con Europa y protege el tejido económico local.

Propuesta concreta del sector

El escrito presentado solicita al Gobierno de Canarias que defina una posición oficial antes del 1 de julio de 2026; que impulse la supresión de la exención del IGIC para envíos de bajo valor y el diseño de un sistema de tributación en origen que evite cargas al consumidor.  En resumen, que active los mecanismos de coordinación necesarios para su implementación.

La cuestión ya no es si actuar, sino cuándo

La Cámara de Comercio confía en la próxima supresión de la medida tras la comprensión y receptividad que ha encontrado en el Gobierno de Canarias y señala que “el 1 de julio de 2026 no abre un debate, lo cierra.

A partir de ese día, el sistema deja de tener justificación. El Gobierno tiene los instrumentos, tiene el respaldo institucional y tiene una fecha clara. La cuestión ya no es si suprimir la franquicia, sino cuándo y en qué condiciones hacerlo porque, además, es de justicia.