La situación de la vivienda en Arona se mantiene como una de las principales problemáticas para la ciudadanía del municipio, caracterizada por la dificultad de acceso, el alza de precios y problemas administrativos que se prolongan desde hace décadas.
Diversos vecinos de las urbanizaciones públicas de San Martín de Porres, Santa Rita y Hermano Pedro (en las zonas de Cabo Blanco y Arona casco) han trasladado sus quejas ante la falta de inversiones para la rehabilitación de sus edificios y la imposibilidad de acceder a la propiedad de los inmuebles en los que residen.
Para conocer esta situación, una delegación del Partido Socialista formada por el portavoz en el Ayuntamiento de Arona, José Julián Mena; la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya; la secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro; así como concejales y parlamentarios, recorrió recientemente estos puntos del municipio.
Durante los encuentros, las familias expresaron su frustración por un procedimiento de regularización que, en algunos casos, supera los 30 años de espera.
Desde la representación política se recordó que en el anterior mandato se culminó el trámite administrativo necesario en las promociones de Hermano Pedro y Mazapé (en Vento) para continuar la gestión ante el Instituto Canario de la Vivienda y facilitar la escrituración, unas expectativas que, según los residentes, continúan sin materializarse en la actualidad.
El freno al plan de rehabilitación integral
El estado del parque de vivienda pública contrasta con las intervenciones previas ejecutadas en el municipio, como la llevada a cabo en la urbanización Virgen del Carmen, en Guargacho. En 2018, la administración local inició los trámites para incorporar este conjunto de 70 viviendas a un Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU). Tras la adjudicación de las obras en abril de 2023, se destinó una inversión de 2,8 millones de euros financiados por el Estado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Arona. Esta intervención integral permitió adecuar fachadas, cubiertas, espacios comunes y elementos de accesibilidad, siendo la primera promoción pública de la historia del municipio sometida a una rehabilitación integral.
Esta actuación inicial formaba parte de una estrategia más amplia planificada durante el pasado mandato, cuyo propósito era extender las labores de rehabilitación a la práctica totalidad de la vivienda pública municipal, incluyendo a las urbanizaciones de San Martín de Porres, Santa Rita, Hermano Pedro y Mazapé. El objetivo final era beneficiar a un total de 375 familias y ofrecer seguridad jurídica a los residentes. Sin embargo, la actual oposición denuncia que esta hoja de ruta diseñada para mejorar barrios enteros ha quedado completamente paralizada tras el cambio de gobierno local.
Suelo público inactivo y disponible para construir viviendas
A la detención de las rehabilitaciones se suma la falta de desarrollo en materia de nuevo suelo residencial. Durante la segunda parada del recorrido, efectuada en Las Rosas, los representantes políticos abordaron la inacción respecto a los terrenos disponibles. En este punto, José Julián Mena recordó que en el anterior mandato se cedió una parcela municipal en la zona de La Estrella al Gobierno de Canarias. Este suelo estaba destinado a incrementar la oferta habitacional mediante la construcción de nuevas viviendas públicas para personas con dificultades de acceso al mercado libre, pero hasta la fecha no ha registrado avances significativos.
De forma paralela a estos proyectos detenidos, se añade un episodio adicional que afecta directamente a la financiación. El Ayuntamiento de Arona quedó excluido en mayo de 2024 del programa Activa Vivienda, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Tenerife dotada con 12,5 millones de euros para promover la construcción y adquisición de inmuebles de alquiler asequible. Según la resolución insular, aunque la corporación local manifestó inicialmente su voluntad de adhesión, posteriormente no presentó la documentación requerida para formalizar la solicitud, derivando en la inadmisión de la petición. Esta omisión privó a Arona de unos fondos de los que sí lograron beneficiarse otros municipios del sur de la isla, como Granadilla de Abona, Güímar, Arico, Santiago del Teide y San Miguel de Abona.
José Julián Mena: “la falta de avances en vivienda no se limita a proyectos paralizados o ayudas perdidas”
Rechazo a nuevas medidas de contención habitacional
La falta de avances en la gestión municipal también se refleja en el pleno del Ayuntamiento de Arona, donde el actual grupo de gobierno ha desestimado varias propuestas presentadas por la oposición para mitigar la crisis habitacional. Entre las iniciativas rechazadas destaca la solicitud para declarar a Arona como zona tensionada, lo que habría permitido intervenir legalmente sobre los precios del alquiler.
De igual manera, el ejecutivo local se ha negado a crear un área municipal específica de vivienda para concentrar recursos, y ha rechazado las mociones destinadas a identificar y poner a disposición nuevas parcelas municipales para edificación pública. También fue desestimada la elaboración de un plan sociocomunitario específico para la urbanización San Martín de Porres, en Cabo Blanco, cuyo objetivo era atender las necesidades sociales y reforzar la convivencia en la zona.
José Julián Mena: “estas decisiones evidencian la ausencia de una estrategia integral para abordar uno de los problemas más importantes que afronta actualmente Arona”
Modificaciones en las infraestructuras de seguridad
Al margen de las cuestiones habitacionales, la visita concluyó en Parque La Reina para abordar las discrepancias en el modelo de gestión de las infraestructuras de seguridad ciudadana. Durante el anterior mandato, se dejó elaborado un anteproyecto en esta ubicación para construir un nuevo edificio destinado a albergar dependencias policiales modernas, situado en un punto estratégico con conexiones rápidas a los distintos núcleos del municipio y con capacidad de crecimiento futuro.
Frente a esta planificación estructural diseñada para uno de los municipios más poblados de Canarias, el actual grupo de gobierno ha modificado el planteamiento. La nueva intención proyecta ubicar las dependencias policiales en un local comercial integrado dentro de un edificio compartido con viviendas y garajes de uso privado. Esta decisión ha sido cuestionada por considerarse insuficiente para atender las necesidades de seguridad derivadas del crecimiento poblacional de Arona.
