La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nula la ordenanza provisional urbanística que regulaba la vivienda vacacional en Granadilla de Abona. El alto tribunal ha tomado esta decisión al considerar que la normativa debió someterse al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ante el órgano competente durante su tramitación, una interpretación desde la que el partido de la oposición sostiene que el fallo judicial no invalida el fondo regulatorio del texto.

De acuerdo con la versión expuesta por la formación liderada por la exalcaldesa Jennifer Miranda, tanto los profesionales externos consultados previamente como los servicios técnicos y jurídicos del propio Ayuntamiento habían estimado en su momento que dicho informe ambiental no resultaba necesario, al tratarse únicamente de ordenar los usos de edificaciones ya levantadas en el municipio. Sin embargo, el propio partido detalla que el tribunal ha dictaminado que la administración local no tiene potestad para decidir por sí misma sobre esa exención, sino que corresponde al órgano ambiental determinarlo, aun cuando los socialistas apuntan que la resolución judicial califica el impacto ambiental de la norma como “de escasa dimensión”.

La regulación ahora anulada fue impulsada con la intención, según sus promotores, de convertir a la localidad en el primer municipio de Canarias —y uno de los primeros a nivel nacional— en acotar esta actividad turística para priorizar el uso residencial. Según explica el PSOE local el texto fijaba límites sobre las tipologías de inmuebles autorizados, ciñendo el alquiler vacacional a viviendas unifamiliares, plantas bajas con acceso directo desde la vía pública o residencias en primera planta dotadas de entrada independiente.

Pese al revés en los tribunales, desde las filas socialistas defienden que la medida ha servido de referente para otras administraciones y califican de «altamente positivo» su balance a lo largo de su periodo de vigencia. A este respecto, Miranda asegura que “durante el año y medio en que ha estado en vigor, las solicitudes de vivienda vacacional se han reducido exponencialmente, incrementando el número de viviendas disponibles en alquiler.”

A raíz de este nuevo escenario jurídico, la actual líder de la oposición ha reclamado al ejecutivo local —integrado por Coalición Canaria, VOX y un edil del Partido Popular— que explique ante el pleno municipal qué medidas adoptará para evitar que el alquiler turístico distorsione el mercado residencial. Asimismo, la portavoz socialista ha instado al gobierno municipal a activar de inmediato el cuerpo de inspectores específicos del sector, argumentando que “ahora el gran reto es detectar y sacar del mercado a todas aquellas viviendas vacacionales que operan en la ilegalidad”.