La Policía Nacional ha desarticulado en Santa Cruz de Tenerife una trama de fraude inmobiliario que venía operando en la isla desde el año 2024, dejando a su paso 28 personas perjudicadas y un daño económico global que asciende a los 114.900 euros. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, el magistrado ha decretado el ingreso en prisión para el principal responsable de estos hechos, culminando así una investigación que ha logrado esclarecer un total de 20 denuncias presentadas en diversas dependencias policiales.

Apariencia de legalidad y desvío internacional de fondos

El entramado delictivo giraba en torno a una agencia inmobiliaria ubicada en la capital tinerfeña, la cual servía al principal acusado como fachada para dotar de aparente legalidad a sus operaciones y ganarse la confianza de sus víctimas. A través de este local físico y de su propia página web, el cabecilla ofertaba diferentes inmuebles y terrenos. Cuando los compradores mostraban interés por alguna propiedad, el falso agente procedía a formalizar un contrato de compraventa, requiriendo a las víctimas una transferencia monetaria en concepto de reserva y contrato de arras.

Sin embargo, una vez que el pago se hacía efectivo, el responsable cortaba de forma abrupta cualquier vía de comunicación con los clientes. Para tratar de ocultar el origen ilícito de los fondos y evitar su rastreo, el investigado desviaba rápidamente el dinero recibido, transfiriéndolo a terceras personas o enviándolo hacia cuentas bancarias radicadas en el extranjero.

Organización de las víctimas y resolución del caso

El impacto de este fraude ha supuesto un grave perjuicio económico para los 28 afectados, llegando varios de ellos a perder una gran parte de sus ahorros personales. Ante la desesperación por la falta de respuestas y el engaño, los propios compradores perjudicados decidieron organizarse creando un foro virtual, un espacio donde se iban sumando las nuevas víctimas que detectaban la estafa para compartir información y mantener el contacto entre ellos.

Fue el incremento significativo de estas denuncias relacionadas con la misma agencia lo que activó las alarmas de las autoridades. Las pesquisas policiales permitieron trazar el recorrido del dinero e identificar a un total de cuatro individuos implicados en la red: el autor principal y propietario de la inmobiliaria, junto a otras tres personas que actuaban como receptoras de los fondos fraudulentos.

Una vez reunidos los indicios necesarios, la Policía Nacional estableció un dispositivo de localización que culminó con la detención de tres de los implicados. La cuarta persona identificada ha quedado en calidad de investigada en el marco de estas actuaciones policiales.