Agentes de la Guardia Civil del SEPRONA-Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, han intensificado las actividades de inspección en los comercios minoristas de los municipios de la provincia, como parte de sus acciones regulares desde el inicio de la temporada de recolección de aguacates en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Estas acciones tienen como objetivo prevenir el robo de frutas y verduras en fincas agrícolas y ganaderas, así como su posterior venta ilegal, garantizando la salud pública de los consumidores al verificar que las frutas y verduras no han eludido los controles fitosanitarios necesarios.
Como resultado de las inspecciones llevadas a cabo por los agentes del SEPRONA en los municipios de San Cristóbal de La Laguna, Tacoronte, el Sauzal, La Victoria y La Guancha, se han decomisado cerca de 100 kg de aguacates de origen presuntamente ilegal, ya que los poseedores de la fruta no pudieron presentar la documentación requerida que respalde la procedencia y trazabilidad legal de los productos ofrecidos a los consumidores. Esto conlleva riesgos significativos para la salud, convirtiéndose en una actividad de venta y comercialización ilegal.
De acuerdo con los eventos mencionados, los agentes han emitido actas de denuncia a los propietarios por violar la Ley 6/2019, del 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria, según lo establecido en los artículos 50 y 51, que tipifican como infracciones leves y graves la falta de etiquetado adecuado en la fruta confiscada y la ausencia de documentación que respalde la trazabilidad del producto en venta, lo cual es fundamental para garantizar la salud de los consumidores mediante controles sanitarios.
El artículo 54.1 de dicha ley establece las siguientes sanciones en relación con las infracciones mencionadas anteriormente:
⇒ Las infracciones leves conllevan apercibimientos o multas de hasta 4.000 euros.
⇒ Las infracciones graves pueden ser sancionadas con multas que oscilan entre 4.001 y 150.000 euros.
⇒ Las infracciones muy graves pueden dar lugar a multas que varían entre 150.001 y 3.000.000 de euros.
En los casos en que se incumplan las obligaciones económicas destinadas a financiar el órgano de gestión, la cuantía de las multas establecidas en el párrafo anterior se incrementará hasta alcanzar el 30 por ciento del valor del pago pendiente.
