El PSOE Canarias expresa su desacuerdo con muchas de las modificaciones que el Gobierno de Canarias planea incluir en su nuevo convenio con los cabildos para la prestación de servicios a las personas en situación de dependencia. Los socialistas consideran que estas modificaciones son resultado de la imposición por parte de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y advierten que, lo que es peor, representan un “serio riesgo” para la atención de calidad que deben recibir estos usuarios y sus familiares.

Elena Máñez, vicesecretaria portavoz y diputada socialista, anunció este martes que el PSOE Canarias presentará mociones en todas las corporaciones insulares y municipales de las islas, exigiendo al Ejecutivo regional que reflexione sobre sus intenciones y aborde desde el diálogo la elaboración definitiva de este nuevo convenio, así como otras medidas que promuevan el avance en la política de cuidados en Canarias, “como lo hizo el Pacto de las Flores”, aseguró.

Acompañada por la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, y las consejeras de esta formación en los cabildos de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote —Marián Franquet, Isabel Mena y Ariagona González, respectivamente—, así como por Goretti Pérez, vicesecretaria del PSOE La Palma, y América Soto, secretaria de Acción Social del PSOE de Fuerteventura, Elena Máñez denunció que entre los planes de la consejería de Bienestar Social se encuentra la eliminación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la teleasistencia avanzada de la cartera de servicios de los cabildos. En su lugar, -según ha explicado- el Ejecutivo tiene la intención de implementar una macro licitación en toda Canarias, lo que elimina los principios de proximidad y descentralización.

Además, Máñez detalló que el nuevo convenio propone destinar un 20% de las plazas a Sanidad, ignorando los derechos de las personas en lista de espera y convirtiendo la Sanidad en una “puerta de atrás” para acceder al sistema de dependencia. Otra modificación prevista es que sean los cabildos los encargados de las tareas de valoración de los Programas de Atención Individualizada (PIAs), a pesar de que esta competencia corresponde a la comunidad autónoma.

“Todo ello sin negociación previa, de forma sorpresiva al recibir el borrador de la adenda del convenio para 2025 a tres meses de la finalización de la adenda actual”, lamentaron este martes las representantes socialistas. Se preguntan: “¿Qué va a pasar el 1 de enero de 2025 con el personal, la mayoría mujeres, que en estos momentos trabajan prestando estos servicios? ¿Serán despedidas? Y, ¿qué va a pasar con las personas que en estos momentos reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio especializada en el marco del convenio de dependencia?”

Elena Máñez tiene claro que, “si lo que busca la consejera de Bienestar Social es revertir sus pésimos datos en la prestación del SAD, lo que tiene que hacer es incrementar el precio/plaza como ha sido demandado por los cabildos”. Además, ha rechazado “los anuncios de nuevas plazas para atender a las personas con alta sanitaria que se encuentran en centros hospitalarios de Canarias a costa de quitarle plazas a los cabildos y vulnerar los derechos de las personas que se encuentran en lista de espera”.

Para el PSOE Canarias, “el camino correcto” es el que recoge la estrategia estatal de cuidados, un proceso de desinstitucionalización que abarca el periodo 2024-2030, dirigido a fomentar los cuidados a domicilio para personas mayores, personas con discapacidad que sean dependientes, así como para personas sin hogar y menores migrantes.

En cambio, a criterio de los socialistas, la propuesta que pretende “imponer” el Gobierno de Canarias “no va a mejorar el sistema”, sino que generará una atención diferenciada que va en contra del principio de igualdad en el ejercicio del derecho que establece la Ley de Dependencia y también, en contra del principio de proximidad que establece la Ley de Servicios Sociales de Canarias.

El grupo de socialistas aboga por un planteamiento más alineado con la estrategia estatal, que apuesta por un modelo de cuidados más personalizado, reforzando la asistencia a domicilio, la teleasistencia y los centros de día. En la moción que llevarán a los cabildos, solicitan también una mejora en la financiación que les asigna el Gobierno de Canarias para la cobertura de los servicios de las personas dependientes a su cargo.

Fierro critica la “imposición de normativas sin diálogo ni consenso”

Para Nira Fierro, “el Gobierno de Canarias se dedica a lanzar normativas y a legislar a través de la imposición. Lo hizo con la Ley de Cambio Climático, con la Emergencia Habitacional, con la Ley de Alquiler Vacacional, con el decreto de la Televisión Canaria, con los decretos de la isla de La Palma y desgraciadamente la Dependencia no iba a ser menos. Un Gobierno de Canarias que ni escucha a los ayuntamientos ni a los cabildos. Un Gobierno de Canarias que impone sin alternativa de consenso porque no les interesa el diálogo. No compartimos su modelo social, que están intentando implementar en Canarias y que tiene unas consecuencias irreversibles para la ciudadanía”.

Máñez alerta sobre el modelo de cuidados del Gobierno de Canarias

Desde la perspectiva de Elena Máñez “este Gobierno de Canarias vuelve a aplicar la imposición y la falta de diálogo, y carece de un proyecto que de respuesta a los retos que tiene Canarias en materia de dependencia. Es incapaz de avanzar en ese nuevo modelo de cuidados. Su modelo nos preocupa, ya que abre la puerta a la externalización de servicios, aleja la atención de las personas dependientes, tratando por todas las maneras posibles maquillar sus malas cifras en dependencia a costa de expulsar gente del sistema, acortar plazos y empeorar la calidad de la atención de las personas en situación de dependencia”.

Mena advierte que quitar a los cabildos del convenio crea incertidumbre

Por su parte, Isabel Mena explicó que “en el año 2019 solo se atendían en Canarias a 12 personas a través de la ayuda a domicilio. Hemos sido los cabildos los que hemos sacado adelante un servicio absolutamente necesario y demandado por la sociedad. Hemos conseguido llegar a muchos ciudadanos y ciudadanas, que han podido renunciar a tener que estar en una residencia cuando todavía podían estar en casa. Y hacia eso caminan los servicios sociales, hacia eso camina la atención a la dependencia en toda Europa y también en este país. A que las residencias sean siempre la última alternativa. Pero si a los cabildos se nos quita del convenio a la dependencia los servicios de ayuda domiciliaria especializada, se está generando incertidumbre a quienes ya lo reciben, que además ven incrementada su vulnerabilidad. Además, no nos permiten seguir creciendo en un servicio que cada vez es más demandado por la ciudadanía”.