El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha manifestado este martes, en el Parlamento de Canarias, que “la crisis migratoria no ha terminado, de ahí que sea crucial mantener vivo el Pacto Canario por la Inmigración”.
Según expuso, durante la comparecencia del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ante el Pleno de la Cámara, para informar sobre la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, “seguimos enfrentando retos que requieren respuestas inmediatas y coordinadas, y seguir trabajando con el mismo espíritu de unidad”.
Casimiro Curbelo apuntó que la aprobación del Real Decreto Ley “es un hito que marcará un antes y un después en la gestión migratoria de Canarias y del conjunto del Estado”.
Indicó que, “desde el primer minuto, el objetivo de Canarias fue modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer una distribución obligatoria y equitativa de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas”.
Por ello reconoció y agradeció “el trabajo incansable del presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, que en muchas ocasiones se ha visto solo, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el señor Torres”.
Igualmente, reconoció “el esfuerzo colectivo de toda la sociedad canaria, porque este Real Decreto Ley es un éxito de todos los canarios; así como el de sus instituciones, grupos parlamentarios, organizaciones sociales y del personal que trabaja en los centros de acogida”.
Afirmó que, “durante mucho tiempo, Canarias ha soportado en soledad una carga desproporcionada, la tutela de 5.875 menores, cifra que triplica la capacidad de acogida de las Islas” y que provocó “una situación insostenible que exigía una respuesta urgente y que, finalmente, se ha materializado en este Real Decreto Ley”.
Destacó que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería “introduce criterios objetivos para la distribución de menores entre las comunidades autónomas y, lo más importante, establece la obligatoriedad, evitando que cada comunidad autónoma pueda decidir según su voluntad si acoge o no a estos niños y niñas”.
Altura de miras
“La solidaridad —subrayó— no puede ser una elección opcional, sino un principio de justicia y corresponsabilidad”. Lamentó que haya regiones que se nieguen a cumplir con su parte y argumentó que el Tribunal Constitucional ha recordado que “el Estado y las comunidades autónomas están recíprocamente sometidos a un deber general de colaboración que no es preciso justificar en preceptos concretos, porque es de esencia al modelo de organización territorial implantado por la Constitución”.
A su juicio, “no basta con la aprobación” del Real Decreto Ley, “ahora es necesario garantizar su convalidación”, para lo que pidió “altura de miras”, y, después, “su correcta aplicación y asegurar una implementación efectiva”.
Sostuvo que “la migración no es un problema de Canarias ni de Ceuta y Melilla, es un reto de Estado y de Europa, y como tal debe ser tratado”, a la vez que reiteró que “no va de ideologías ni de enfrentamientos partidistas, va de humanidad, de derechos y de dignidad”.
En este sentido, demandó “una gestión eficaz de la migración, que no pasa solo por la acogida –dijo–, sino por actuar en origen”. Valoró que el Gobierno de Canarias ya esté trabajando en esta dirección y puso como ejemplo “programas como InterregMAC y Tierra Firme, que han demostrado que invertir en educación, formación y empleo en los países de origen reduce la presión migratoria”.
Por último, hizo un llamamiento a “seguir trabajando con unidad, con altura de miras, porque la migración continuará siendo un reto para Canarias. Ha existido, existe y continuará existiendo”, recalcó.
