El 40% de las familias atendidas por el proyecto “base 25” de Cáritas Diocesana de Tenerife son monomarentales.
La institución denuncia que la injusticia vuelve a tener “rostro de mujer” en los casos de pérdida de vivienda y exclusión residencial.
El proyecto “Base 25” de Cáritas Diocesana de Tenerife ha atendido, desde sus inicios a finales de 2016 hasta el pasado 30 de junio, la situación de 274 familias y un total de 832 personas afectadas por situaciones de exclusión residencial. De ellas, 112 casos son de familias monomarentales, lo que supone un 40.8% del total. A estas 112 mujeres atendidas por la institución, además, tenemos que sumarles sus 163 hijos e hijas, 126 de los cuales son menores de edad.
“Pese a que se están dando pasos importantes en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, todavía nos encontramos con situaciones en las que vemos las consecuencias de la desigualdad en las mujeres”, explica Alejandra Hernández, coordinadora del proyecto, que está financiado por el Cabildo de Tenerife.
El objetivo principal de “Base 25” es la atención y acompañamiento a familias que están en riesgo de perder su vivienda habitual. Ésta pérdida de vivienda puede deberse a: ejecuciones hipotecarias, a desahucios por impago de alquiler o a desahucios en precario (cuando no hay titularidad de la vivienda), entre otras. Así, desde el Proyecto se les asesora socio-jurídicamente y desde el empleo, para intentar evitar la pérdida de la vivienda o apoyar la búsqueda de una vivienda alternativa. “No es fácil para una familia enfrentarse a la pérdida de la vivienda. Perder tu casa, el lugar que ocupas, supone enfrentarse a la vulneración de un derecho humano y constitucional que, además, implica la vulneración de otros derechos”, recalca Alejandra Hernández, quien insiste en que “cuando perdemos la casa también perdemos nuestra seguridad, un lugar de pertenencia, la posibilidad de estar con nuestros hijos e hijas, la protección, etc. Por eso, acompañar a familias en este proceso es muy delicado. Si además estamos hablando de personas que se enfrentan solas a esta situación, lo es aún más”.
En esta línea, la coordinadora de “Base 25” subraya que “la situación entendida como riesgo de perder la vivienda habitual no se produce en un día. Es la consecuencia de diferentes factores externos e internos de la unidad familiar. Por eso decimos que en todos los casos se trata de unidades familiares con multicasuística. Es decir, en el caso de las familias monomarentales son mujeres en riesgo de perder su vivienda habitual porque carecen de ingresos económicos suficientes, lo que afecta a otras áreas de su vida. Si bien es verdad que algunas de estas familias han llegado ahí por situaciones sobrevenidas, otras tienen problemáticas estructurales que afectan a su situación habitacional”.
Por eso, para Alejandra Hernández esto implica necesariamente que el problema se aborde “desde una intervención integral”, y “tratamos de hacerlo con familias en las que entendemos que, con un proceso de intervención y apoyos suficientes, pueden modificar su situación y reconducirla hacia una de inclusión residencial”.
“Las familias monomarentales, salvo que tengan una red de apoyo importante, tienen dificultades para conciliar el empleo con el cuidado de sus hijos e hijas. Muchas veces se ven obligadas a asumir contratos parciales y no pueden aumentar el número de horas por tener que cuidar de sus menores. En estos perfiles hemos visto muchos casos de economía sumergida”, denota la coordinadora de Base 25, quien asevera que “se trata de unidades familiares con ingresos generalmente bajos, y aunque algunos tienen salarios estables, son el único ingreso de la familia. Esto a veces obliga a los hijos e hijas a incorporarse al mercado laboral sin haber terminado adecuadamente la formación”.
“Todo esto, en un escenario actual donde está resultando casi una odisea acceder a una vivienda digna y adecuada. El auge del alquiler vacacional está provocando que muchas personas propietarias de viviendas estén sacando a sus familias para alquilar las viviendas en modo vacacional, porque les reporta unos ingresos económicos mucho más elevados. Más aún, con la ausencia de control que se mantiene en este tipo de alquileres”, expone Alejandra Hernández, quien denuncia que “acceder a una vivienda de alquiler está resultando dificilísimo por los requisitos de acceso. Las personas propietarias piden avales, rentas altas, que las inquilinas tengan salarios estables, etc. Y las familias que acompañamos desde Cáritas son familias con rentas mínimas, empleos inestables o trabajos en economía sumergida. Especialmente en el caso de las mujeres, que tradicionalmente viven ocupando puestos de limpiadoras y cuidadoras sin contrato, por lo que ellas se ven especialmente vulnerables en este aspecto”.
De igual forma, desde Cáritas Diocesana de Tenerife denuncian el elevado número de casos de “ocupaciones sobrevenidas” y/o “alquileres fraudulentos”. “Se trata de personas que buscaron un alquiler en el que no se pedían demasiados requisitos, por lo que han podido entrar a pesar de no tener avales o de carecer de contrato de trabajo, y una vez la persona ha estado en la vivienda a partir de alguna irregularidad o de una notificación externa, se ha enterado de que la persona que le alquiló no es el propietario real”, señala Alejandra Hernández.
Estas familias tampoco encuentran respuestas por parte de las Administraciones Públicas. De hecho, muchas de las personas atendidas por “Base 25” tienen serias dificultades para acceder al empadronamiento debido a la mala praxis de algunos ayuntamientos, lo que a su vez les impide acceder al sistema público de ayudas sociales, que es aleatorio y depende de cada municipio, generando “ciudadanos/as de primera y segunda clase”.
Para paliar y resolver esta problemática, cada vez más creciente en el Archipiélago, Cáritas Diocesana de Tenerife demanda “políticas reales de acceso a la vivienda y de regulación del mercado”, tal y como se contempla en la Constitución, en cuyo artículo 47 se deja claro que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Igual de necesaria que es una política real de acceso a la vivienda, lo es una política enmarcada en los cuidados para la vida. “No podemos crecer como sociedad si no estamos dando respuesta a las situaciones más vulnerables. Las vulnerables entre las vulnerables son las unidades familiares que intentan luchar por una vida digna, teniendo menores y con una única persona adulta. Que en la mayoría de los casos es una mujer”, concluye la coordinadora del proyecto “Base 25”.
