Por Óscar Izquierdo (*) | Hablar de burocracia no es una redundancia, ni una cuestión técnica o debate menor, es una mala experiencia vital compartida, tanto por ciudadanos como empresarios. Cualquier persona puede relatar su propio sufrimiento administrativo, una tramitación que no llega, una ayuda que se anuncia, pero se retrasa, un trámite digital que promete simplicidad y acaba generando más confusión que el papel de antaño. La pregunta ya no es si la burocracia funciona mal, sino por qué después de tantos años sigue igual o peor.

Durante mucho tiempo, solo el funcionario era el responsable último de esta situación, resultando una explicación cómoda, real, pero incompleta. El problema no está en la barrera que divide, odiosamente, al empleado público del contribuyente, sino mucho más arriba. Si la burocracia no mejora, es porque no interesa a quien tiene el poder de cambiarla, es decir, el político, ya que no le importa, ni puede y menos tiene valentía para trocar un paradigma totalmente fracasado.

Llevamos décadas escuchando promesas de simplificación administrativa. Gobiernos de todos los colores han anunciado planes para reducir trámites y tiempo de resolución. El resultado es paradójico, nunca ha habido tantos requisitos ni tanta inseguridad jurídica como ahora. La legislación al respecto no se sustituye, se acumula. Cada nueva ley se suma a las anteriores, creando un entramado difícil de comprender. Es la propia madeja burocrática que crece sin que nadie encuentre el hilo para tirar y desenrollar lo que está enmarañado.

Un ejemplo cotidiano es el emprendimiento. Abrir una pequeña empresa y no digamos mantenerla, sigue siendo una carrera de obstáculos. Solo los más aguerridos aguantan el envite. Normativas que se superponen a menudo con criterios distintos y distantes. Sin contar las malas relaciones que existen dentro de la propia Función Pública entre departamentos, servicios, consejerías y demás ámbitos internos. Sumando, además, las antipatías personales entre los empleados públicos, que terminan pagando otros, los destinatarios, que se ven envueltos en peleas personales, generalmente por pruritos de prestigio o categoría profesional.  Al final, cada reforma, cuando se quiere callar enfados promete ordenar el sistema, pero ninguna elimina capas previas, al contrario, aumenta el tamaño de la madeja, complicándolo todo más. El político mira de soslayo, la burocracia crece deforme, el ciudadano aguanta enfadado y el empresario sobrevive gracias a su tenacidad.

La digitalización merece un capítulo aparte. En nuestro país se han invertido miles de millones de euros, especialmente a través de los fondos europeos Next Generation, en modernizar la Administración Pública, quedándose sólo en lo material, porque en los procedimientos de participación humana, seguimos con los hábitos del vuelva usted mañana, que ahora se han tornado por regrese dentro de unos meses o años y ya veremos como va su expediente. Podríamos decir que la digitalización retrasa los procesos, pero no es cierto, quien entorpece todo es el funcionario gandul, comodón y empoderado, que hace o no hace según se levante ese día, porque no hay nadie que le exija productividad alguna, es inaudito. Por otro lado, el relato oficial habla de agilidad y eficiencia, que demuestra la visión o vida virtual en que están envueltos los responsables públicos. Es la burbuja del despacho oficial con moqueta y aire acondicionado.

La realidad es que muchos trámites digitales han sustituido el bolígrafo por el certificado electrónico, pero no han eliminado el trámite. Se siguen aportando documentos que la propia administración ya posee, porque donde el procedimiento es lento y opaco, aumenta el poder discrecional de un sistema esclerótico, con anuncios grandilocuentes, requisitos complejos, plazos inciertos y resoluciones tardías. Por eso los problemas se gestionan mal, como consecuencia no se resuelven.

(*) Óscar Izquierdo es presidente ejecutivo de FEPECO y de la Fundación Laboral de la Construcción, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.