El alcalde de Güímar, Gustavo Pérez (CC); el primer teniente de alcalde, Airam Puerta (PSOE) y los concejales Juan Delgado (CC) y Cándido Gómez (PSOE), deberán devolver el importe de sus sueldos cobrados desde mediados de 2021, al confirmar su nulidad el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una nueva sentencia correspondiente al litigio promovido por el Partido Popular (PP).

Así lo ha informado este viernes 14 de julio en rueda de prensa la portavoz de los populares güimareros, Carmen Luisa Castro, que ha anunciado que va a exigir el reintegro “hasta el último céntimo” del dinero indebidamente ganado por los mencionados concejales, a quienes, además, acusa de haberse subido el sueldo un 27% en el primer pleno de este nuevo mandato, la pasada semana, “para endosar al pueblo el pago de su propia ilegalidad”, lo que tacha de “escandalosa falta de ética y engaño a la ciudadanía”, por lo que pide la dimisión de los aludidos.

Luisi Castro estuvo acompañada por el letrado que lleva este procedimiento judicial, Francisco Díaz, socio del prestigio bufete LexA3-Abogados, quien explicó que con la resolución judicial dictada este mes de julio se inadmite a trámite el recurso de los citados ediles contra la sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo dictada el pasado año que declara la nulidad de la retribución y el régimen de dedicación de los mencionados concejales por carecer de cobertura legal (en el caso de Airam Puerta, desde el 24-6-2021, del Gustavo Pérez desde el 1-7-2021, y de los otros dos ediles desde el 12-7-2021).

El abogado sostiene que, si bien aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, “entendemos que no hay viabilidad jurídica para que sea admitido a trámite”, por lo que anunció que solicitará al Ayuntamiento la revisión de oficio, para ejecutar el fallo judicial, requiriendo la devolución de los sueldos nulos, con los correspondientes intereses desde la fecha de cobro. De no incoarse este procedimiento, subrayó Díaz, una vez que la sentencia sea firme, el PP acudirá a la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación por omisión.

La líder del PP en Güímar, ganadora de las elecciones del pasado de mayo con casi un 40% de los votos pero en la oposición por el pacto CC-PP-Unidas Sí Podemos, tacha lo ocurrido de “bochorno político y tomadura de pelo sin palitivos”, no solo por el cobro ilegal de sueldos sino porque para enmendar esta irregularidad “el gobierno tripartito se ha subido el sueldo en 10.000 euros brutos por año 9 concejales, usando para ello una sarta de mentiras, pues la verdadera razón de este saqueo a los bolsillos del pueblo es esta sentencia que les obliga a devolver el dinero”.

“Y todo ello con la grotesca complicidad” de la concejala de Unidas sí Podemos (Izquierda Unida, Si se puede y Podemos), Nayra Caraballero, a quien afea su “incoherencia” por haber criticado tanto en el pasado estas conductas en política y ahora renunciar de forma vergonzante a esos principios, “prestándose a decisiones moralmente inaceptables”.

Con vehemencia, la portavoz del PP güimarero reprocha a los líderes de CC y PSOE y a los otros dos concejales “la caradura y desvergüenza de pretender que el pueblo sea el que pague las consecuencias de esta sentencia del TSJC, en lugar de apretarse el cinturón, como sería lo moral, y apechugar pagando de su bolsillo lo que se embolsaron ilegalmente”. “Esto es una inmoralidad que en democracia no podemos permitir”, apostilla.

Dedicación exclusiva encubierta y procedimiento irregular

Los hechos se remontan a hacer 3 años, cuando el gobierno CC-PSOE aprueba en el consistorio, con abstención del PP, un decreto de sueldos que iba contra la ley al presentar retribuciones por dedicación parcial del 95% para Gustavo Pérez, Airam Puerta y algunos concejales, a pesar de que el máximo legal es un 75%, porque un porcentaje superior la jurisprudencia lo considera una dedicación exclusiva encubierta.

En su momento, el PP advirtió el equipo gobernante la nulidad de los sueldos, mostrándole dos resoluciones judiciales (dictadas en Sevilla y Tarragona) que declararon nulos decretos como los que aquí dictó el alcalde el pasado mandato y, por tanto, en esas sentencias también se anularon las retribuciones fijadas.

La otra infracción legal que cometieron CC y PSOE ocurrió al producirse el relevo del alcalde socialista por el de CC a mediados del pasado mandato. Gustavo Pérez estaba en la obligación de llevar al pleno una nueva propuesta de sueldos, porque al cesar en sus funciones de regidor municipal, los decretos que dictó también dejan de tener vigencia, y por tanto, debieron someterse nuevamente a la aprobación del pleno del Ayuntamiento.

Tras todos estos hechos, Luisi Castro pregunta a CC, PSOE y a Unidas sí Podemos “qué entienden por ética, servicio público, trabajar por el bienestar de la comunidad, y qué tienen que ver esos nobles conceptos con este espurio uso del poder político que están haciendo desde el gobierno municipal”.