Escribir sobre vivienda es referirse a un derecho constitucional, una necesidad primaria y la búsqueda de cobijo personal o familiar. En Canarias, la construcción de vivienda pública ha sido un repetido fracaso histórico. Se ha prometido mucho, promocionando menos que nada. Eso sí, firmarse convenios, acuerdos entre distintas administraciones, estatal, autonómica, insular y local, ha sido una constante que siempre se ha quedado en eso, en el papel, la foto y después el café correspondiente.

Lo que se dice construir poco, más bien poquito, porque la burocracia matadora que se ha sufrido y padecemos actualmente, imposibilita cualquier acción operativa al respecto. Vergonzoso, incalificable, mostrando la inutilidad de organismos públicos que sólo han servido para pagar sueldos, tanto a empleados públicos y políticos, que después no han respondido con una gestión resolutiva, es decir, no ha aparecido la productividad por ningún sitio.

Se ha legislado en la línea de que hay que “incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible con altos estándares de eficiencia energética, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción o la rehabilitación de edificios” o también “viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”. Se han repetido, machaconamente, los anuncios del reparto por todo el Estado de millones de euros para la construcción, según decían, de miles de viviendas en alquiler asequible. ¿Dónde están? ¿Son transparentes? porque no se visualizan por ningún lugar. Quizás alguna promoción minoritaria, para tapar vergüenzas y justificar políticas fracasadas.

Hay que emprender acciones operantes, con la imprescindible cooperación cierta del Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamientos, que hagan posible el comienzo rápido de la construcción de vivienda, tanto pública como privada, debido a la emergencia habitacional que padecemos, junto a la demanda angustiosa que existe, por parte de miles de ciudadanos y cientos de familias. La colaboración público-privada tiene que pasar de ser una frase demagógica, nunca cumplida en Canarias, para convertirse en una práctica habitual, porque es la única forma de acometer diligentemente la construcción de viviendas en sus variadas categorías y clasificaciones, porque todas son necesarias para las distintas solicitudes existentes.

Ante esta realidad, que no se puede obviar ni esconder, sino afrontar de frente, con valentía y gestión pública eficiente, empezamos a ver síntomas de mejoría, siempre que se cumplan y no se queden, como hasta ahora, en la propaganda institucional. El Gobierno de Canarias ha anunciado que aprobará un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda en este mes de febrero. Esta iniciativa, dicen que permitirá implementar un conjunto ambicioso de recursos para facilitar el acceso a la vivienda en el Archipiélago. La finalidad es poner a disposición más inmuebles en el mercado, facilitando la construcción de vivienda protegida desde el ámbito público y privado.

La Normativa prevista prevé instrumentos que permitirán incrementar la disponibilidad de suelo para viviendas, uno de los principales problemas y por otro lado, un paquete de medidas para aumentar la disponibilidad de edificaciones para incorporarlas en el mercado.

Muy importante es la apuesta por la simplificación y agilización de los procedimientos, declarando el interés general y la urgencia en la construcción de vivienda pública, así como facilitando la cesión de suelo por parte de las administraciones locales a la Comunidad Autónoma.

Además, está previsto la actualización del Módulo Básico Canario, que ha permanecido igual desde hace veintiún años, generando un evidente freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, porque tiene que contemplarse el incremento de los costes de la construcción. Puede ser que entremos en el sendero correcto, lo dirá el tiempo, es posible conseguirlo. Oscar Izquierdo